Si el delasotismo no modifica sus planes, los cordobeses tendrán a partir del miércoles una nueva ley de ambiente. Sin embargo, aún no se conoce el texto definitivo del proyecto que el oficialismo llevará al recinto.

Mientras tanto, el Frente Cívico y la UCR presentaron sus propuestas. Según declararon representantes de ambos bloques, esperan que Unión por Córdoba las tome para incluirlas en su proyecto final.

Ambos sectores proponen la audiencia pública y la consulta popular como las dos formas de participación ciudadana y avanzan en establecer en qué casos y de qué manera se implementaría cada una. También precisan cómo sería el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Unicameral en febrero último, si bien mencionaba la incorporación de “audiencia pública y mecanismos de consulta”, no determinaba cómo se harían ni en qué casos. Tampoco especificaba el proceso de la EIA.

Tanto Sergio Busso, presidente del bloque de Unión por Córdoba, como Dante Heredia, legislador a cargo del proyecto, manifestaron que trabajan en modificaciones al texto original en base a los aportes hechos por numerosas instituciones y especialistas y también por los bloques opositores.

Si bien la nueva norma legislará sobre una decena de instrumentos de política ambiental (ordenamiento territorial, seguros ambientales, acceso a la información, entre otros), la participación ciudadana y la EIA son clave.

En ambos casos, hay contradicción entre la legislación provincial y la nacional, lo que
contribuyó, entre otros problemas, al conflicto social y judicial por la instalación de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas.

Esto es lo que propone la oposición para esos dos instrumentos:

Frente Cívico. Para la Evaluación de Impacto Ambiental, pide que sea obligatoria y previa a la autorización de emprendimientos con mayor riesgo de afectar el ambiente, aunque no detalla cuáles serían éstos. Para los casos de menor impacto, la exigencia sería sólo un aviso de proyecto. El criterio es similar al que la Provincia establece en el decreto 2131/00 que reglamenta en la actualidad los estudios de impacto ambiental.

El juecismo propone dejar sentado en la nueva ley el procedimiento técnico-administrativo de la EIA, que constaría de cinco pasos: presentación del aviso de proyecto por parte del promotor, realización y presentación del estudio de impacto ambiental, campaña de difusión e información, proceso de participación ciudadana y, finalmente, otorgamiento o no de la licencia socioambiental por parte de la autoridad de aplicación.

UCR. Propone exigir un estudio de impacto ambiental pero diferencia dos momentos según el grado de incidencia que tenga la actividad: como requisito previo a la “ejecución o desarrollo” de un proyecto, o previo a “su certificado de uso conforme, habilitación o autorización”. Con ello, se plantea una situación similar a la actual legislación provincial de permisos por etapas.

El radicalismo pide, además, que el proceso de EIA se deje establecido paso a paso en la nueva ley y que no quede supeditado a la posterior reglamentación. Asimismo, considera que hay que avanzar en la 
clasificación de actividades con “presunción de impacto ambiental relevante” y las de “presunción de impacto ambiental mediano”, y que esas categorías deben quedar precisadas en la ley.

Participación ciudadana

Frente Cívico. Las dos formas de participación que propone son la audiencia pública y la consulta popular, según los casos. Considera que la participación debe ser obligatoria en todos los emprendimientos a los que se le exija evaluación de impacto ambiental. La consulta popular quedaría reservada para los proyectos de “alta complejidad ambiental que generen conflicto social”, según precisaron, y sería no vinculante.

UCR. Al igual que el juecismo, considera que la audiencia pública debe ser parte integrante de la evaluación de impacto ambiental, pero agrega que debe ser instrumentada por un consejo provincial de ambiente. Este órgano estaría formado por los distintos niveles de gobierno provincial, representantes de instituciones y de los distintos sectores productivos.

Asimismo, prevé dos formas de consulta popular. Una que sea potestad de la Legislatura, “que podrá considerar someter a Consulta Popular un Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo en el que se planifique el emplazamiento de una obra pública o emprendimiento”. En esos casos, el voto afirmativo del pueblo lo convertiría en ley. La otra forma es un referéndum que podría ser convocado por la Legislatura o por el Gobierno provincial para los emprendimientos de mayor riesgo de impacto ambiental. Al momento de convocarla, tanto el Legislativo como el Ejecutivo determinarían si es o no vinculante

La salud

El Frente Cívico introduce en su propuesta un apartado específico sobre la salud ambiental, que incluye un procedimiento de evaluación de impacto en salud para las actividades en las que sea obligatoria la evaluación de impacto ambiental.

Además, propone un Plan Quinquenal de Salud y Ambiente de la Provincia, que se elaboraría con la participación de instituciones académicas y científicas. El objetivo sería identificar y medir factores de riesgo, elaborar mapas de riesgo ambiental y proponer medidas para minimizar los impactos, entre otras.

Puntos de vista

Eduardo Yuni. Presidente del bloque UCR. “Creemos que hay que establecer reglas de juego claras para los inversores y crear un consejo ambiental provincial para evitar conflictos como el de Monsanto”.

Santiago Clavijo. Legislador del Frente Cívico. “Necesitamos que la participación de los cordobeses en el tema ambiental sea efectiva y anterior a la toma de decisiones, y que no se quede en el discurso”.

Sergio Busso. Presidente de Unión por Córdoba. “Queremos llegar a un proyecto consensuado con la oposición. Hemos escuchado a más de 30 instituciones y creemos que ya es hora de sancionar la ley”.