Por: Beatriz Chisleanschi, de Revista PPV, especial para AIM.

Como contracara de ese mismo espejo, los estados se relegitimaron. Aquellos países cuyo sistema de salud está totalmente privatizado, como es el caso de Chile o Estados Unidos, encontraron mayores dificultades para la atención de quienes se infectaron con el Coronavirus, que quienes tenían estructuras estatales y de carácter público para afrontarla.

Nuestro país es el único en el mundo en el que conviven tres sistemas de salud, dos basados en criterios estrictamente solidarios: el público y el de obras sociales dependientes de las organizaciones sindicales y el privado que se sustentan a partir de un criterio prepago. En los primeros dos se trata de la prevención y atención a pacientes y, en el segundo, a clientes.

Tres sistemas muy aferrados a viejas estructuras sobre los que, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encendió la alarma y planteó, primero en diciembre del 2020 y luego el pasado 14 de junio, cuando participó junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de la inauguración de un nuevo edificio del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, la necesidad de una reforma del sistema de salud. La misma está basada en el plan que elaboró el Instituto Patria y que, con el nombre “Ejes centrales para programa de salud 2020-2024” fue presentado en la campaña 2019.

Hagamos un poco de historia

En el año 1978, en una conferencia mundial que se desarrolló en Kazajstán, los representantes de 134 naciones firmaban la Declaración de Alma Ata (por Almaty capital de la entonces República Socialista Soviética de Kazajstán), en la que oficialmente se declaraba por primera vez que la salud es un derecho humano básico y que, en este sentido, teje lazos inseparables con la lucha por una sociedad más justa y solidaria. Esta afirmación fue considerada un hito, pues dejaba de considerarse a la salud como una variable que depende de decisiones individuales y privadas, sino que le daba el carácter de una construcción que requiere de una responsabilidad colectiva, como todo derecho humano.

Con esa Declaración estas 134 naciones se fijaban un objetivo no menor, Salud para Todos en el año 2.000, el cual estuvo muy lejos de ser cumplido y que obligó a plantearse nuevas metas y horizontes. A la par, y mientras el neoliberalismo se expandía por el mundo, con la llegada del nuevo siglo no fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) – el organismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial – quien sugería normas en la materia, justas y científicas para todo el mundo, sino el Banco Mundial (BM) que comenzó a auditar, controlar, regular, intervenir, financiar y definir cómo debía ser el sistema de salud en el planeta. Con la intromisión del BM la inversión en salud, en tanto derecho humano esencial, pasó a tener valor de mercado. La salud se convirtió entonces en otra variable de acumulación de capital y de importantes ingresos para toda una industria desarrollada en torno de ella.

En el caso de Argentina, los años ´90 y comienzos del 2.000, años de instalación del neoliberalismo, resultaron marcatorios. Mientras el Estado quedaba rehén del poder económico, los sistemas de salud de base solidarias, se veían seriamente amenazados. La lucha organizada que se dio en esos años permitió que no se fuera más allá con el proyecto que se conoció como flexibilización de las obras sociales y del sistema de salud todo. Fue la época donde el BM definió una prestación básica conocida como Plan Médico Obligatorio (PMO); el descuento sobre el salario de los trabajadores destinado a la salud ya no era sólo por la aplicación de un porcentaje, sino que se le puso límite a los salarios más altos; se permitió la libre elección de la obra social más allá de la actividad que se ejerciese, claros intentos de aniquilar toda construcción organizada, y se pretendió, aunque quedó solo en intento, desregularizar totalmente a la salud. El propósito era que el trabajador pudiese elegir libremente entre su obra social, con fuerte sustento identitario, o un sistema pre-pago, que no es otra cosa que un negocio. Si bien muchas obras sociales realizaron acuerdos con los sistemas pre-pagos, la desregulación total nunca logró concretarse en términos legales. No obstante, desde ese momento a la fecha se produjo un importante flujo hacia la medicina privada de afiliados de obras sociales pequeñas con las que las empresas establecieron acuerdos comerciales. Incluso, la mayoría de las obras sociales firman contratos con clínicas privadas para la atención de sus afiliados.

Por esos años, los sistemas pre-pagos nacían como hongos por todos lados. Luego, como sucede siempre en este sistema, el pez más grande se come al chico y varias de éstos desaparecieron, sin embargo las prepagas concentran una importante porcentaje de la población y, si bien, sufrieron pérdida de asociados durante los cuatro años de pandemia macrista, siguen adelante, y ejercen una presión para seguir aumentando sus cuotas, aún cuando la economía, producto de las dos pandemias, la del gobierno depredador de Mauricio Macri y la del Covid-19, muestra signos de debilitamiento. El mismo debilitamiento que evidenciaron estos sistemas privados al apoyarse en el Estado y la salud pública para poder atender a sus clientes contagiadxs de Covid por falta de camas UTI o de respiradores artificiales.

Fue en este sentido que la titular del Senado señaló en La Plata que “las prepagas no saben dónde colocar tanta gente. Dicen los que saben que tal vez venga otras pandemias y lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad:”

La salud como derecho inalienable

En línea con el planteo de CFK, el médico pediatra, docente universitario y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta afirmó en entrevista al periodista Gustavo Sarmiento para Tiempo Argentino que la principal falla del sistema de salud actual es la fragmentación “Tiene que ver con que los subsistemas de obras sociales y privados atienden el segundo y tercer nivel de la atención, relacionado a patologías más complejas, y la atención primaria y la promoción y prevención de la salud hoy está casi delegada en el sistema público”.

Es justamente el análisis de esta fragmentación la que lleva a que en el Plan surgido desde el Instituto Patria se destaque la “responsabilidad indelegable” del Estado y propone la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (Snisa) que esté regido por el ministerio de Salud nacional, pero con la Superintendencia de Servicios de Salud como organismo operativo, entre otras propuestas.

“Quienes creemos que la salud es un derecho inalienable al que todos deben acceder equitativamente a la misma calidad sostenemos que es necesario reformular el sistema. Después puede haber quien crea que es un negocio que lo va a regular el mercado, pero si la discusión es quién se va a quedar con los recursos, en el análisis va a surgir claramente que quien más aporta al sistema sanitario es el Estado nacional, no el sector privado.” -sostiene Trotta en la entrevista antes mencionada.

La pandemia nos puso frente a un espejo que nos mostró su peor cara, pero siempre la decisión política da la posibilidad de embellecerla y seguir demostrando, aún contra los detractores y amantes del mal, que también la Salud es el Otro.