El informe de cuatro gremios profesionales de los hospitales San Bernardo (Asprosber), Materno Infantil (Aspromin), Señor del Milagro (Asprhom) y Oñativia (Asprohoña) puso en evidencia la situación en la que se encuentran los principales nosocomios salteños.

El crítico documento que dieron a conocer esta semana llega en un momento difícil para esa cartera provincial: el Hospital Público Materno Infantil está inmerso en una causa judicial por la muerte de un niño de Isonza por supuesta mala praxis (la Justicia dirá qué sucedió), y en otra, porque hubo cuatro médicos que intentaron acordar una explicación de esa muerte para hacer frente a cualquier reclamo de responsabilidad.

Esta semana hubo coincidencias en la mayoría de los reclamos al Gobierno (aunque la dirigencia no fue recibida por el ministro Enrique Heredia); falta de personal, déficit en la formación y la capacitación de los profesionales, escasez de equipamiento e insumos fueron los ejes de los petitorios. En este sentido, todos hicieron hincapié en la “falta de compromiso en los niveles de decisión” para solucionar la crisis.

A esta situación se agregó una polémica solicitada aparecida en los medios, en la cual un grupo de trabajadores del hospital Público Materno Infantil salió a defender la política de la actual administración del nosocomio, encabezada por el doctor Martín de la Arena.

De inmediato salieron al cruce las asociaciones profesionales, quienes se despegaron de esas afirmaciones, ya que, según dicen, no avalaron los conceptos vertidos en esa publicación, aunque entre los firmantes se menciona a todos los sectores que integran la planta de ese centro asistencial.

La crisis en los hospitales salteños no es nueva, y, paradójicamente, más que acercar una solución, los problemas se agudizan. Y esta vez se agregan las posturas enfrentadas entre los profesionales sobre la percepción de la realidad. Algunos respaldan las actuales administraciones, otros piden el fin de las sociedades del Estado y la tercerización de los servicios. A esto se suma la carencia de personal tanto en los hospitales como en las salitas, las que en muchos casos, en la práctica, no existen o son derivadoras de pacientes, superando la capacidad de las guardias de los nosocomios.

El responsable de garantizar el servicio es el Estado y, a la luz de lo que afirman los gremios profesionales, hasta ahora sigue ausente. “El sector político mira para otro lado, buscando que las responsabilidades recaigan en los gremios”, dicen en el informe las asociaciones que los representan.

La gente (los pacientes), la verdadera destinataria del servicio, se ve inmersa en una situación de la cual no es responsable y, convertida en víctima, intenta hacer valer sus derechos a través de denuncias, llegando incluso hasta las agresiones hacia el personal.

Este es el panorama de la salud en la provincia. Y, tal como afirman los sectores involucrados, se trata de una crisis estructural que debe ser abordada desde distintos frentes.

Según las asociaciones profesionales, la inacción de las autoridades del área las llevó a plantear la problemática en otras instancias. Así, en los próximos días la crisis llegará de manera directa al gobernador y también a la mesa de los legisladores, quienes, a través de sus comisiones de Salud y de Presupuesto, deberán tomar conocimiento de los problemas y acelerar los tiempos para garantizar un servicio esencial que, hasta ahora, está envuelto en la incertidumbre.