“Si quieren que nos involucremos tienen que cambiar la ley”. La frase fue pronunciada por un miembro de la Corte Suprema de Justicia a mediados de octubre y, según las fuentes, estaba destinada al ministro de Justicia Julio Alak, quien clamaba por la intervención del máximo tribunal para destrabar las designaciones de magistrados del fuero civil y comercial, en el que radica la causa iniciada por el Grupo Clarín por la presunta inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Horas después se hizo público el proyecto de ley en el Senado para relanzar el per saltum, el recurso utilizado por el menemismo en los ‘90 para avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas y retomado por el kirchnerismo para solucionar causas de “extrema gravedad institucional”.

Tras hacerse ley el miércoles en Diputados, el debut del per saltum podría ser, justamente, en la causa por la Ley de Medios, aunque desde el Gobierno son cautelosos al respecto y reconocen que el recurso puede servir como as de espadas en caso de que el camino hacia el “7D” se complique. Las espinas que pueden surgirle al Gobierno en el camino previas al día en que vence la cautelar presentada por Clarín proviene de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que el oficialismo fue desmembrando en las últimas semanas. La Sala I es la misma a la cual renunció por presiones el juez Diego Farrell y de la que el Gobierno quiere separar a Francisco de las Carreras por sus presuntos vínculos con el Grupo Clarín.

De recibir un revés en la Sala I o incluso si se produjera un inesperado fallo negativo del juez subrogante a cargo de la causa, Horacio Alfonso, el Gobierno podría instar a la Corte a intervenir a partir del aprobado per saltum. En ese escenario muchos opositores confían que el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti haga gala de su independencia y se abstenga de intervenir por no considerar el caso de “extrema gravedad”. Pensar en que la Corte interceda para extender el plazo de “desinversión” más allá del 7 de diciembre resulta improbable teniendo en cuenta que fue el propio tribunal el que en mayo pasado fijó esa fecha.

En octubre, tras mantener encuentros con los jueces que representan al Consejo de la Magistratura, miembros de la Corte habrían confesado que desde esa entidad les piden reuniones y después, cuando se concretan, “se quedan callados la boca”. Esa postura, coinciden fuentes judiciales, alimenta la posibilidad de que el tribunal se abstenga de opinar sobre la puja por la Ley de Medios.