La ausencia de radares primarios y de un protocolo que estipule la ley de derribo es uno de los condicionantes para su aplicación.
La Emergencia en Seguridad Pública establecida por el Gobierno Nacional a través del DNU generó repercusiones en el ámbito local por las implicancias que pueden tener sobre todo por el crecimiento del narcotráfico en la frontera. Desde ya, el Gobierno provincial condicionó su aplicación.
Desde sectores de la aeronavegación descartaron la aplicación de posibles derribos de naves delnarcotráfico por la falta de radares primarios. La posibilidad de derribar naves identificadas con el transporte de droga es un de los puntos más importantes del DNU.
Desde áreas vinculadas a la aeronavegación manifestaron que aún no se han recibido indicaciones formales sobre la posibilidad de aplicar la llamada "ley de derribo" con lo cual hay incertidumbre respecto a cómo será su funcionamiento efectivo.En este sentido, explicaron que sería necesario, primero un protocolo impulsado desde el Ministerio de Defensa que marque claramente las pautas sobre cómo se implementará.
En el caso de Salta, aún no están dadas las condiciones tecnológicas dado que no cuenta con radares primarios para detectar con mayor celeridad la presencia de aviones. De hecho, no son muchos los lugares del país que cuenten con este tipo de radares, la excepción son: Buenos Aires, Formosa, Misiones y Chubut. Los últimos anuncios de Cristina Kirchner, habían anticipado la instalación de un radar de alcance medio en Tartagal, pero aún no es un hecho.Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Pamela Calleti manifestó en declaraciones a la prensa que aún no cuentan con una notificación sobre el decreto de Macri
. Al mismo tiempo, descartó que la Provincia haya pedido la implementación de la ley pero si la radarización completa de la frontera norte, el refuerzo de Gendarmería Nacional y la creación de una Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico.
Por su parte, el exdiputado nacional, José Vilariño declaró a El Tribuno que "el Gobierno busca hacer marketing con un tema que es una demanda de la sociedad y que todos los candidatos tenían en sus campañas".
En este sentido, cuestionó su puesta en marcha ya que "determinar la ley de derribo con un decreto y sin protocolo en lugar de soluciones va a generar más problemas". Al mismo tiempo cuestionó la declaración de la emergencia por considerar que es una modalidad del Gobierno de Macri de "esquivar el Congreso". Sostuvo que es "muy pronto" para poder tomar una decisión de este tipo "sin fundamentos, ni estudio previo de los índices de violencia y ni conocer el nivel de delito".
En relación a la creación del Operativo Frontera en reemplazo permanente del Escudo Norte, Vilariño sostuvo que si bien no conoce los detalles, "ojalá se continúe con la política de radarización que inició Néstor Kirchner en el país y ya está dando sus frutos".
El Operativo Escudo Norte fue implementado en 2011 con el objetivo de "incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste. El mismo había sido prorrogado hace una semana por el Gobierno Nacional, hasta diciembre de este año. Medida que asoma paralela con el nuevo DNU donde se establece su reemplazo permanente y la dotación de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la zona norte que incluye la radarización para el "eficiente control" en la frontera.
Esta medida debería estar acompañada con mayor presencia en algunos puntos "calientes" de la frontera. Por ejemplo, con mayor control y equiparación de logística en Mosconi, con una base aérea permanente.
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