Juan Manuel Urtubey habla sobre la desnutrición en Salta. Culpa a El Tribuno. Desmiente a sus propios funcionarios y recibe una oleada de críticas en las redes sociales.

La Justicia envía a Salta muestras para que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del procurador Pablo López Viñals corrobore el barrido electrónico sobre las pruebas recogidas en el departamento del fiscal Alberto Nisman. El hecho intenta ser capitalizado políticamente, pero choca de frente con los cuestionamientos nunca dilucidados - que dejó el aparente suicidio del comisario Néstor Píccolo, quien investigaba el doble crimen de las turistas francesas.

Fue una semana para el olvido. "No pegamos una..." admitió el operador a un grupo de periodistas. La charla se fue haciendo más abierta a medida que los participantes se iban despidiendo. "No pudimos aprovechar ni siquiera lo de Nisman con las muestras que enviaron para que el CIF investigue". Pocos entendieron la frase, pero la repregunta quedó en el mano a mano. ¿Qué quiso decir?

"Es simple. Podríamos haber aprovechado para demostrar que en Salta las pericias judiciales son sinónimo de garantía y eficiencia, pero es imposible. Fue el procurador Pablo López Viñals quien admitió que esos equipos los compró el gobierno nacional. Un millón y medio de dólares que el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández le dio al gobierno de Urtubey con ese objetivo. ¿Qué independencia podemos mostrar entre la Justicia y el poder político con esos antecedentes en un caso con tantas dudas y sospechas, y que afecta al poder central, como es la muerte de Nisman? Ninguna", admitió.

Olvidó, o no sabía, que el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, opinó hace poco que "toda la subordinación de la Justicia que quieren hacer a nivel nacional ya la consiguieron Urtubey y los suyos en Salta".

Se espera que las pruebas lleguen a esta ciudad mañana lunes para ser sometidas a un barrido electrónico a través del microscopio de última generación que posee el CIF.

Se sabe que la pericia que se realizará en Salta consiste en someter las muestras al equipo para detectar residuos de disparo y se explicó sin mayores detalles que la tecnología local se diferencia de la utilizada por forenses en la Asesoría Pericial de La Plata, por hacer la tarea de "manera automática".

¿Cuál es la intención, entonces, al traer muestras del caso Nisman para que sean analizadas en Salta?

"Ganar tiempo y descomprimir la presión política y social sobre el gobierno nacional", respondió el hombre, sin pelos en la lengua.

¿Y Urtubey? "Nada. No puede hacer ni decir nada. Está atado de pies y manos y la próxima semana debe anunciar quién será su compañero de fórmula en la provincia. Sabe que habrá una explosión y que dejará muchos heridos, pero intentará evitar una masacre".

A esa altura de la charla, el terreno de las conjeturas se abre hacia zonas desconocidas. Urtubey ya no tiene tiempo y espacio para moverse en busca de acuerdos políticos. Su sociedad con el intendente Miguel Isa en la fórmula, tal cual como ahora muchos empiezan a admitir, no lo termina de convencer, pero sabe que es el mal menor.

El gobernador atraviesa por una crisis de orfandad a nivel nacional y en la provincia busca más votos. No sabe de dónde sacarlos.

Entre tanto, las campañas de promoción turística en Buenos Aires quedan opacadas por el escándalo obsceno de Mazzone y las dudas sobre la muerte de Píccolo, casos ambos que dieron pie a una fuerte cartelería adversa y humillante en la ciudad de Buenos Aires.

A eso se sumó el impacto nacional de la crisis nutricional, agravada por las declaraciones inapropiadas de Urtubey y sus funcionarios, que desnudan la fragilidad de la retórica sobre "políticas públicas de inclusión".

La vulnerabilidad social de Salta es noticia y deja en evidencia cuentas pendientes de siete años de gestión en los cuales los ingresos de la provincia se multiplicaron de 2.987 millones (presupuesto 2008) a 23.000 millones de pesos (presupuesto 2015).