Ovejero aduce que la "ley electoral provincial no prevé" el voto de las personas que no tienen una condena firme, ni ninguna otra que esté privada de la libertad, como lo hace la ley nacional. Por este motivo, y por cuestiones de "logística" -según palabras de Ovejero-  se decide que ninguna persona privada de la libertad, ni siquiera las que  no tienen hasta el momento una sentencia firme,  pueda emitir su voto, con ello cumplir con su derecho constitucional.

Cabe recordar que la presunción de inocencia constituye la máxima garantía constitucional del imputado, con la cual permite a toda persona conservar el estado de "no autor del delito" en tanto no se expida una resolución judicial firme. Por tanto, toda persona es inocente, y así debe ser tratada. Es decir que mientras dure el proceso toda persona conserva efectivamente sus derechos civiles, entre ellos el de votar.

Por otro lado, esta medida tampoco respeta aquello de que nadie puede ser privado de hacer lo que la Constitución o la ley no prohíban o, por lo menos, lo que no habiliten expresa y taxativamente a prohibir.

Sin embargo, Teresa Ovejero contradijo esos principios constitucionales y argumentó: "En el caso de las personas privadas de libertad tendría que haber una normativa. No hay una legislación al respecto, hasta que no haya no pueden votar en elecciones provinciales".

Al respecto, Martín Martínez, subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios reconoce que "se está vulnerando un derecho". Al tiempo que agregó: "Estas cuestiones están regidas por el Tribunal Electoral de Salta,     nosotros estamos en contacto con ellos para ver cómo se van a realizar las elecciones del próximo mes".

No obstante, al ser consultada sobre esta posibilidad, Teresa Ovejero aseguró que ninguna de las personas privadas de la libertad podrá votar en las próximas elecciones.

Al ser interrogado sobre esto, el diputado provincial, Lucas Godoy, no comprendió el porqué del impedimento. Del mismo modo, Godoy avanzó sobre la consulta y añadió: "Quizá desde el Tribunal Electoral se tenga algún otro motivo que desconozca, pero yo creería que las personas que se encuentran dentro de un proceso judicial mantendrían este derecho". 

Por su parte, el delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Nicolás Hirtz, confirmó que éste es un claro acto de discriminación. 

Y aseguró: "El Estado debería garantizar el derecho al voto a las personas privadas de la libertad que no tienen una sentencia firme". 

"Tenemos conocimiento que en otras elecciones provinciales ya se les ha privado la posibilidad de emitir su voto. Por eso, vamos a seguir este tema para intentar revertir esta situación", concluyó Hirtz.