Durante la audiencia, celebrada el 1 de octubre de 1999 en Washington, Francisco Pérez enfatizó que los pueblos originarios que él representa no se oponen al desarrollo, lo que si cuestionan es la falta de consulta hacia las comunidades afectadas por esos proyectos, sobre todo teniendo en cuenta que esos proyectos como el puente Internacional que une Argentina con Paraguay son ejecutados en tierras que las comunidades reclaman como propias.

“No existimos para el gobierno de Salta” en clara alusión al ex gobernador Juan Carlos Romero, Afirmaba Francisco Pérez, recordando que las comunidades originarias agrupadas en la organización Lhaka Honhat, tiene pendientes desde hace años su pedido de reconocimiento del derecho territorial sobre la superficie que ocupan desde hace siglos. Pérez fue contundente al manifestar el temor a la perdida de sus recursos naturales, los que están siendo saqueados con anuencia del estado provincial “Las comunidades serán forzadas a abandonar sus tierras ancestrales”. Afirmo Francisco Pérez, dirigente salteño Wichí y coordinador de la Asociación de comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.

El Estado Nacional debió reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la construcción del puente internacional sobre el Río Pilcomayo, Misión La Paz (Argentina), Pozo Hondo (Paraguay) así como otros caminos y edificios, modifican sensiblemente la forma de vida de las comunidades indígenas, y que habría sido oportuna la celebración de consultas así como de un informe sobre el impacto medioambiental.

Ya en el año 2006 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja realizada por la Asociación Lhaka Honhat.

Francisco Pérez Coordinador de la Asociación Lhaka Honhat, afirmaba en ese año “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepto nuestro pedido de derecho ancestral de la tierra en donde vivimos, ahora el caso si el gobierno provincial no acepta las recomendaciones será resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entendemos tiene vastos antecedentes sobre estos litigios que culminaron con fallos favorables para los aborígenes”. Aclara el dirigente originario.

Las recomendaciones de la (CIDH)

"el Estado ha tenido múltiples oportunidades de resolver el asunto de fondo, es decir, la tutela efectiva del derecho a la propiedad de los miembros de la Asociación Lhaka Honhat".

"los hechos denunciados por los peticionarios sobre la falta de implementación de una política de demarcación y titulación de tierras por parte de la Provincia de Salta, a través de una forma legal respetuosa de la forma de vida de las comunidades".

"la demora indebida en el pronunciamiento de una sentencia final" constituirían una violación a los derechos políticos y de propiedad, así como a las garantías judiciales protegidas por el sistema interamericano”.

La visión de Amnistía Internacional sobre el conflicto

Renzo Pomi integrante de Amnistía Internacional, y representante en Nueva York, Estados Unidos de la organización internacional afirmaba a la Agencia de Noticias Copenoa sobre la problemática del incumplimiento de los estados sobre la entrega de tierras a comunidades indígenas y la responsabilidad de los estados de cumplir con los tratados internacionales que firmaron que: “El estado debería resolver los litigios sobre pedidos de tierras ancestrales”.

El periodista Marco Díaz Muñoz en su libro “Orden, Represión y Muerte” demuestra en una investigación sobre la problemática de tierras entre el Estado provincial y comunidades indígenas que viven al margen del Rió Pilcomayo el incumplimiento del gobierno de la provincia de Salta sobre la entrega de títulos comunitarios a estos pueblos ancestrales. Díaz Muñoz analiza la situación de la Comunidad Lhaka Honhat, en el capitulo II “Los Indígenas y sus tierras comunitarias: Una deuda eterna.

Reseña de un reclamo justo

“En 1996, cuando se aprueba la ley provincial que autoriza al poder Ejecutivo a crear reservas de tierras fiscales destinadas a las poblaciones indígenas, comienza la tediosa escalada burocrática que debía conducir a tal fin”. Dice Díaz Muñoz

“Más de dos décadas tuvieron que pasar desde entonces para que se establecieran los mecanismos y procedimientos para la adjudicación de tierras a pobladores indígenas y criollos. En 1987, finalmente, la Legislatura de Salta aprueba la ley de regularización Jurídica de Asentamientos Poblacionales del lote Fiscal Nº 55”.

Agrega Díaz Muñoz: “Recién hacia 1990 el poder Ejecutivo de la Provincia de Salta aprueba el decreto 1467, que reglamentó la ley anterior Nº 6469. Al año siguiente el gobierno de Salta aprueba el Decreto Nº 2609, comprometiéndose a “ adjudicar una superficie sin subdivisiones y mediante Titulo Único de Propiedad a las comunidades aborígenes (...) en las dimensiones suficientes para el desarrollo de sus modos tradicionales de vida (...)”.

“A pesar de que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 reconoce explícitamente los derechos de las comunidades indígenas a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, el sucesivo incumplimiento motiva a la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, representando con Personería Jurídica a 35 comunidades indígenas de los lotes fiscales Nº 55 a 14, a denunciar ese mismo año al gobierno de la provincia de Salta ante la 12º Sesión del Grupo de Trabajo sobre Población Indígena de la ONU en Ginebra, por incumplimiento de sus compromisos en cuanto a la entrega de tierras a las comunidades indígenas de dichos lotes fiscales”.

Posición de Romero ante el conflicto

“Hacia diciembre de 1995, Juan Carlos Romero llega al poder en la provincia a de Salta y debe actuar frente a la problemática aborigen. Para entonces comenzaba la construcción del puente internacional sobre el Rió Pilcomayo que unirá Argentina con Paraguay”.

“La Lhaka Honhat ya había indicado un recurso de Amparo contra el Gobierno de Romero, a fin de que se ordene la inmediata suspensión de las obras del puente, así como toda obra o acto de alteración de la reserva Misión La Paz y los lotes fiscales 55 y 14. Romero acuerda formar una comisión denominada unidad coordinadora a los fines de la regularización jurídica de los asentamientos poblacionales de los lotes fiscales en cuestión. A su ves la Corte de Justicia de Salta resuelve rechazar la Acción de Amparo promovida por la asociación indígena”.

La ocupación pacífica del puente en construcción

“El grosero incumplimientote de lo pactado” expresa Díaz Muñoz en su libro “Orden, Represión y Muerte” agregando:”y la continua falta de respeto hacia las comunidades indígenas se renuevan con la flamante gobernación. Así es que ante la previsible falta de implementación del acta suscripta por el Gobernador en el mes de abril, además del avance inescrupuloso de las obras en Misión La Paz, las comunidades indígenas deciden ocupar el puente en construcción. La toma se concreta hacia julio de 1996”.

Y el gobierno les siguió mintiendo

“A mediados de septiembre de 1996 el Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, Dr. Miguel Ángel Torino, viajo al puente en Misión La Paz, y conjuntamente con los representantes de las comunidades indígenas, suscribió un Acta con la que se comprometió “a dictar en un plazo de 30 días el Decreto pertinente ( ...)”

“Dos meses después se reúnen representantes de Lhaka Honhat con el Ministro de Gobierno y Justicia, quien nuevamente se compromete a dictar el decreto pertinente para la adjudicación de tierras en las próximas dos semanas lo que no cumplió el gobierno de Romero hasta la fecha”. Parte extraída del Libro “Orden, Represión y Muerte” del Periodista Marco Díaz Muñoz, el que recomendamos pues con datos y documentos consultados deja en claro la morosidad y la determinación del gobierno de Romero de no entregar las tierras a la comunidades indígenas que habitan los lotes fiscales 55 y 14 en la provincia de Salta.