Primero fue el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien dinamitó las esperanzas de los gendarmes y prefectos de conseguir un aumento. Dijo que era "imposible" pagarles un mínimo de 7000 pesos. Pero ayer el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, fue un paso más allá: dijo que en las Fuerzas Armadas y de Seguridad ganan salarios "razonables y adecuados para la realidad del país".

De esa manera, descalificó la protesta que terminó esta semana entre las fuerzas de seguridad y un sector de la Armada. Y desconoció las críticas a la política salarial que impone el Gobierno a esos sectores.

En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, Puricelli dijo que los sueldos van en concordancia con "la realidad económica" del país. Además, afirmó que en las protestas que cientos de oficiales llevaron a cabo en últimos días se infiltraron personas que "se manifestaron por otros objetivos que no eran salariales".

El ministro dijo no entender las razones de los reclamos. "El decreto 1307

12 beneficia a los retirados que protestaban justamente por una medida que los ha beneficiado más que nunca en los últimos 20 años", subrayó, con un argumento exactamente contrario al que esgrimieron los manifestantes que protestaron activamente durante ocho días.

El jefe de la cartera castrense reconoció que durante las protestas hubo "gente que legítimamente se ha manifestado por cuestiones salariales", pero acusó al personal retirado de haber actuado "con otros objetivos". No especificó cuáles eran.

"Los salarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad son razonables y adecuados a la realidad económica actual de nuestro país, que por cierto es una realidad muy aceptable por el conjunto de la sociedad", fue la frase completa de Puricelli.

El martes 2 del actual, los oficiales de la Prefectura y la Gendarmería se encontraron severos recortes en sus recibos de sueldo. Hubo quienes denunciaron sufrir una disminución de hasta el 70 por ciento. Eso motivó un reclamo desde ambas fuerzas, que obligó al Gobierno a dar marcha atrás al decreto presidencial 1307/12, que había sido firmado por la presidenta Cristina Kirchner. La protesta se extendió hasta el miércoles de esta semana, después de que el Gobierno reforzara las sanciones y amenazara con endurecer su postura. No hubo anuncios de aumento de sueldo y la tensión sigue latente.

El martes pasado, en la Casa Rosada, Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ofrecieron una conferencia en la que negaron la posibilidad de otorgar los aumentos exigidos. Prometieron que se aplicarán cuatro tipos de suplementos para que ningún prefecto o gendarme cobrara menos que el mes anterior.

La queja de los uniformados llegó a su fin luego de que se desplazara del cargo a Raúl Garré, hermano de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y jefe de gabinete en esa cartera. El funcionario habría sido el autor del decreto de la discordia. Además, se intervino el área administrativa del Ministerio de Seguridad por parte de Economía.

Dentro del Gobierno se interpretaba la intervención de Puricelli en el tema, ayer, como una señal de debilidad de Garré, su antecesora y una rival interna..