Por Fernando Brovelli.

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos abrió una herida sensible y materializó el descontento social ante las políticas de seguridad. La respuesta del gobierno nacional, al igual que ocurrió en Rosariotras la escalada de los hechos de violencia, fue la creación de Comandos Unificados, fuerzas que no desplegó Sabina Fréderic en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el 2019 hasta el 2021.

En diálogo con Ámbito, Fréderic puntualizó sobre el asesinato del chofer de La Matanza: “No hubo una gestión adecuada previa. Hubo un acuerdo que tenía unos años que implicaba colocar cámaras de seguridad al que las empresas de transporte no cumplieron; pero la provincia de Buenos Aires no se encargó tampoco de supervisar o, en todo caso, de denunciar el incumplimiento de ese compromiso”.

El incumplimiento de la instalación de las cámaras de seguridad será uno de los ejes de la reunión del gobernador Axel Kicillof con empresarios del sector de transporte. En ese sentido, la ex ministra nacional señaló que “hay que tratar de cumplir los compromisos y comprometerse a lo posible, porque lo imposible termina así: si no era posible prometer 8.000 cámaras, prometer lo que sí era posible”.

“Me parece que es un buen ejemplo para entender cómo se hace para intentar evitar un homicidio o un hecho de violencia o cómo se hace para que el conflicto no escale, más cuando uno acuerda con un sector, consensua cuál es el instrumento para prevenir y luego no los cumple, por más que sea la empresa en este caso”, añadió la actual presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria.

Del crimen de Daniel Barrientos, por el cual ya hay cuatro detenidos, dejó otra imagen que expresa el descontento social: un grupo de choferes que se manifestaban en reclamo por mayores medidas de seguridad decidieron agredir grupalmente a los dos ministros que se acercaron a su protesta para abrir puertas de diálogo. El sentimiento punitivo trascendió los reclamos de mayor acción policial o utilización de nuevos armamentos, referenciados en promesas de campaña de sectores políticos o en acciones concretas que celebran funcionarios en sus redes sociales, y llevó a trabajadores asalariados a buscar justicia a los golpes.

“Todo contribuye a no terminar de reconocer el problema de fondo, que hay un malestar en la gente”, consideró la ex ministra, y agregó que “se repudia la violencia al ministro, sin dudas, pero la verdad es que mataron a una persona y eso se podría haber evitado si el Estado hubiera cumplido. Hacia adelante hay que comprometerse a hacer lo que se puede hacer y hacer más. La gente está reclamando mayor presencia policial en algunos barrios”.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, junto al Presidente, Alberto Fernández. Imagen: Télam

Así como se lanzó un operativo de incautación masiva en cárceles federales tras los disparos que atentaron contra el supermercado de la familia Roccuzzo, en Rosario, la respuesta ante el crimen del chofer de La Matanza fue avanzar con controles en colectivos del conurbano: efectivos de la UTOI, una fuerza formada especialmente para acciones de alto riesgo, comenzaron a detener líneas de transporte de pasajeros para obligar a los varones a descender de los vehículos, cachearlos y revisarles las pertenencias.

A la espera de conocer los efectos que tiene la intervención de fuerzas federales en la prevención de delitos en Rosario y el Conurbano bonaerense, Sabina Fréderic sostuvo que “es muy importante acordar una mesa de coordinación de administración de las fuerzas de seguridad entre Nación, Provincia y los municipios. No se puede trabajar echándose todo el tiempo la culpa”.

Periodista (P.): Esta autonomía provincial y distrital de las fuerzas de seguridad, que incluso implica que un funcionario pueda determinar procedimientos y el armamento que utilizan las policías, ¿cómo se hace para articular estas visiones para que la prevención termine por articularse?

Sabina Fréderic (S.F.): Tenemos un país federal y el único organismo que existe para la coordinación institucionalizada es el Consejo de Seguridad Interior, que se creó por una ley de 1991 antes de que se autonomizara la Ciudad de Buenos Aires. Pero este organismo no tiene en su reglamentación facultad para imponer o ejercer autoridad sobre el resto de las jurisdicciones. Solamente la tuvimos en el momento en que se produjo la emergencia sanitaria. Con el primer decreto de emergencia que creó el ASPO, las fuerzas de seguridad federales tuvo facultades de subordinación del resto de las fuerzas de las provincias. Pero acabada la emergencia esto se acabó, entonces tenés una limitación por falta de normativa que se adecúen a la realidad del Gran Buenos Aires.

Lo mismo pasa en Rosario, en donde hay un fenómeno similar aunque las tasas de homicidio son muchísimas más altas que en la provincia, donde también también hay una policía provincial y un gobierno provincial que todo el tiempo está tironeando de los recursos de Nación que también son limitados, porque hay menos fuerzas federales por habitantes que policías provinciales por habitantes.

Entonces ahí tenés un problema: el Consejo de Seguridad es insuficiente. No te da las herramientas para poder definir institucionalmente la articulación entre los tres estamentos de Estado en un gobierno federal. Hoy, que el tema de seguridad es cada vez más preocupante, dependés de la buena voluntad de las partes. Hay algunas partes que tienen buena voluntad y otras que están estancadas en una posición y se vuelve muy complicado ejercer una coordinación, entre estamentos que tienen niveles de responsabilidad diferentes.

La creación de Comandos Unificados en Rosario y el Conurbano

P.: Llama la atención los Comandos Unificados en el Conurbano y en Rosario, porque a veces suena como un slogan que “se le va a hacer la guerra al narco”.

S.F.: En sí mismo eso no dice nada. El Comando Unificado es un invento de Bullrich que se creó cuando se ocupó el predio de Mascardi, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. Es muy complicado porque estás generando la subordinación del resto de las fuerzas a una sola, con la conducción política que tiene que hacer la ministra y el resto de la cadena de mandos. A mí me parece difícil de practicar esto, porque además cada jefe tiene contacto directo con el secretario. Yo creo que en sí mismo, la creación de un comando no dice nada.

P.: Entonces, ¿por qué creés se vuelve a recurrir a este recurso cuando irrumpen casos como estos en la agenda pública? Entendiendo además que el oficialismo está en las antípodas de Patricia Bullrich.

S.F.: Incluso te digo más: cuando fue el desalojo el 4 de octubre del año pasado de la comunidad Lafken Winkul en Villa Mascardi, el ministro de Seguridad de la Nación crea un Comando Unificado -como lo hizo Bullrich para ese mismo conflicto- que termina con cuatro mujeres con niños que todavía cuentan con prisión domiciliaria. Si bien todavía no están condenadas, ya están penadas. Uno de los objetivos de la mesa de diálogo que creó el Presidente es que se disuelva ese Comando Unificado que sigue constituido. ¿La eficacia del operativo tuvo que ver con el Comando? Yo te diría que no. Porque vos podés crear un operativo con fuerzas que realicen distintas tareas complementarias en una mesa de trabajo con el ministro de Seguridad y el resultado hubiese sido el mismo.

Entonces hay una necesidad de mostrar que se está haciendo algo diferente, aunque eso no marque una diferencia. De todas maneras, hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación está reorganizando la administración de las fuerzas de seguridad federales. No es que va a haber más, pero sí es importante que se readministre el despliegue. Eso es lo que se está coordinando con las provincias y el municipio: dónde hay que ponerlos, a dónde hay que moverlos, cada cuánto. Ese es el punto y eso es importante.

P.: Ya se anunció el despliegue de efectivos dentro de colectivos que circulan en el conurbano y también en los suburbios de Rosario. Este incremento del despliegue de efectivos de seguridad, ¿colaboran en la pacificación o afectan a esas personas que viven en esos barrios y se toman esos colectivos donde hoy hay gendarmes?

S.F.: Entiendo que los gendarmes paran los colectivos e ingresan a ellos. Eso es algo que los gendarmes hacen en la zona de frontera todo el tiempo; no es algo nuevo. Es una medida importante, pero todos los que trabajamos en Seguridad sabemos que el delito se corre, así que no hay que perder de vista otros lugares donde pueden haber robos o hechos de violencia. Es importante proteger a los pasajeros y colectiveros, porque están desguarnecidos, sin descuidar el resto.

Es difícil, pero es muy importante que se complementen las fuerzas y que no quede todo depositado en las fuerzas federales, porque por otro lado la jurisdicción de Buenos Aires tiene la policía de la provincia y tiene la facultad de realizar afectaciones sumarias cuando se detiene a alguien y tiene responsabilidades en todos los delitos ordinarios. Es importante, me parece que está bien y está bueno mostrarlo para que la gente vea que hay una reacción.

Pero hace rato que los choferes de colectivo denuncian ataques, no es de ahora. Lo importante acá es evitar que escale el conflicto; pero lo que queda claro es que estos hechos no son tan azarosos porque vienen ocurriendo y porque las condiciones mínimas de seguridad no se garantizaron.

Foto: TN.

Las propuestas de seguridad en el año electoral

P.: En este año electoral vamos a escuchar muchas propuestas políticas para seguridad y me sorprende la pregnancia que tiene en la Argentina ideas como las del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Por qué pensás que llegan más estas campañas punitivas a trabajos de otro tipo en materia de seguridad?

S.F.: Me parece que es porque apunta a lo afectivo: la gente tiene miedo, siente que nadie hace nada y nadie la cuida. Entonces la idea de castigo es más satisfactoria que vos le expliques que el descenso de la tasa de delitos lleva un tiempo. La gente no quiere escuchar eso: quiere salir de la casa y estar tranquila.

En nuestro país han tenido más continuidad las políticas de encarcelamiento creciente, que es un rasgo de las políticas que piensan la pena como meta preventiva. Nosotros venimos haciendo esto desde el 2002. Tenemos un dato importante: la tasa de homicidios en Argentina baja desde hace más de diez años y está en un nivel bajísimo.

Nosotros tenemos políticas que piensan fuerzas de seguridad más profesionales y que no hagan un uso excesivo de la fuerza; pensamos en cárceles que traten de adecuarse a lo que la ley manda que es que haya una política de tratamiento penitenciario que permita que cuando la gente salga tenga alguna oportunidad. Esos son los matices pero, en grandes líneas, las tasas de encarcelamiento suben. En el gobierno de Macri subió marcadamente, pero sigue siendo esa la tendencia.

El Estado hace muchas cosas; quizás no son suficientes y tiene que abordar algunas áreas específicas. Hay gestiones buenas, como la de Moreno, que apuntan a cuando empiezan los conflictos ya sean tomas de tierra, conflictos entre vecinos o una feria ilegal, para evitar que hayan otros delitos.

Creo también que el ejemplo de Bukele va a terminar cayendo porque ya hay información de que hay mucho de humo y de detenciones injustificadas. Se está diciendo que no es cierto que la tasa de homicidio haya bajado tanto.

P.: Hay cierto resquemor del campo nacional y popular de hablar de seguridad. ¿Cuál podría ser una línea para empezar a pensar políticas en materia de seguridad con perspectiva progresista?

S.F.: Me parece que el kirchnerismo hizo políticas en ese sentido. Creó el Ministerio de Seguridad de la Nación poniendo a una ministra impecable, como Nilda Garré. Después creo que el propio kirchnerismo obturó un debate serio y un posicionamiento profesional sobre la inseguridad por este personaje que tenemos hace tiempo en el campo. Entonces es muy difícil dar el debate porque me parece que está demostrado que no se está entendiendo la gravedad de los problemas que atraviesan los sectores que no pueden vivir en un country o barrio privado.

Es el mismo espacio el que obturó el debate por sostener a quien no es progresista, porque no se piensa en un uso de la fuerza del Estado proporcional y medido, con métodos de resolución de conflictos alternativos donde las fuerzas de seguridad no estén como inicio de la resolución. Me parece que no es un problema del Frente de Todos, sino de tener la idea de que esta posición, que se parece bastante a la de Bullrich, da alguna ventaja. Mientras tanto nos olvidamos de revertir el desastre que hizo Bullrich en materia de seguridad: los delitos crecieron, la letalidad de las fuerzas de seguridad creció, no cambió la situación de inseguridad e hizo un uso de los recursos públicos absolutamente negligentes gastando fortunas en dólares de equipamientos que no sirven para nada.