El promocionado crecimiento económico en la década kirchnerista dice muy poco acerca de distintos aspectos que forman parte de las condiciones de vida de los ciudadanos argentinos. En los últimos diez años se ha instalado en el país una realidad concreta: andar por las rutas nacionales o provinciales es símbolo de peligro mortal. Y esta situación tiene causas bien identificables: desinversión y desvío de fondos públicos.

Ayer diez personas perdieron la vida –entre ellas 7 maestras rurales– y una tuvo que ser hospitalizada tras chocar una camioneta y una combi en la ruta nacional 95, a 360 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santa Fe, en la localidad de Tostado (Ver Trama Urbana, pág 20).

La situación causó estupor, y el gremio docente santafecino señaló que ya había alertado sobre las deficientes condiciones en la que los maestros rurales se transportan en dicha provincia. Sin embargo, el problema es trasladable a cada rincón del país.

“En estos últimos 10 años, los usuarios viales no tenemos nada que festejar. Prácticamente no se ha hecho ningún cambio estructural para modernizar nuestra Red Vial, ya sea concesionada o no, que conserva una estructura básica idéntica a la década del 30”, señaló a Hoy el ingeniero Ricardo Lasca, presidente de la Comisión Nacional de Usuarios Viales (CONADUV).

“Además, ya estamos cansados de denunciar la malversación de fondos que hace el Gobierno nacional desviando el dinero que se recauda con el Impuesto a los Combustibles, que supera los 25 mil millones de pesos anuales, y que si fuera asignado como corresponde, a infraestructura, contaríamos con una red vial en perfecto estado de transitabilidad en toda la República Argentina”, señaló Lasca.

Según relató el especialista, los fondos de dicho impuesto “son malversados y desviados, sin control alguno, a fines que nada tienen que ver con el origen para lo cual fueron creados”.

“El Gobierno Nacional, en estos últimos diez años, ha demostrado una indiferencia total sobre este tema tan importante para el desarrollo del país, para mejorar las economías regionales, para lograr un efectiva baja en los costos de transporte y fundamentalmente para reducir el elevado índice de accidentes y siniestros viales, entre otras ventajas y beneficios para toda la comunidad en su conjunto”, agregó.

En cambio, el Gobierno sí se ha encargado de darle amplias ventajas a empresarios amigos con concesiones de rutas que jamás se realizaron o que se completaron a medias (ver aparte), siendo el entorno K el único sector que se benefició con la política vial durante los últimos diez años.

El INDEC de Randazzo

El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo (foto), tiene a su cargo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en la cual creó un organismo para monitorear los accidentes de tránsito. Al igual que el Indec, los números son cuestionables. En 2011, este ente registró 5.040 muertes por accidentes, mientras que la ONG Luchemos por la Vida relevó 7.517 víctimas fatales.

Autopista Buenos Aires-La Plata, en estado calamitoso

En la Provincia hay varios ejemplos de autovías en pésimo estado. Entre ellas, la ruta nacional 5, la provincial 47, y la Autopista La Plata-Buenos Aires, se encuentran al tope del ranking de quejas de los usuarios viales.

El caso de la Autopista es significativo, dado que la empresa Coviares jamás realizó obras de suma importancia como las bajadas de Villa Elisa y la de 520, junto con el tercer carril. “Cuando se hizo este traspaso escandaloso de la Nación a la Provincia, lo primero que se hizo es autorizar un incremento de hasta 150% en las tarifas de peaje, y a pesar de eso las obras no comenzaron, no se mejoró como corresponde el estado de la autopista que se encuentra en condiciones lamentables. Porque encima la obra está recontra amortizada con el peaje que venimos pagando hace 20 años, y la empresa jamás realizó las obras”, explicó Lasca.

“Acá hay que destacar que el Gobierno nacional no se hizo cargo de la autopista, se la pasó alegremente a la Provincia. La autopista es de jurisdicción nacional, no provincial”, sentenció Lasca.

El Gobierno se dedicó a mantener el negocio de los “amigos del poder”

Desde que el kirchnerismo llegó al poder, se dedicó a mantenerle o a ampliarle los negocios a varios contratistas que ya en los ’90 lucraban con las concesiones de autopistas. Entre ellos, el grupo Roggio y el empresario Perales Aguilar. Luego el kirchnerismo sumó a Eduardo Eurnekian, que desde 2003 controla 1.239 kilómetros correspondientes al corredor vial nacional 4, integrado principalmente por la ruta 8; y a Cristóbal López, que participa de la concesión de las rutas 2 y 11.

“En estos últimos diez años, sólo se han privilegiado y favorecido los negocios e intereses de los concesionarios viales, del Club de peaje y de las empresas amigas del poder, por sobre la defensa del bienestar general”, señaló a Hoy Ricardo Lasca, de la CONADUV.

En ese sentido, señaló que “se siguieron beneficiando a los concesionarios viales de los corredores nacionales con aumentos inapropiados, abusivos e ilegales, y encima haciéndose cargo el Estado Nacional de las pocas obras nuevas, conservación y mantenimiento, y hasta el corte de pasto de las respectivas rutas”.