Mañana a las 10 horas, la Legislatura de Neuquén llevará a cabo una sesión ordinaria, seguida de una sesión especial en la que se debatirá la posible destitución de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz.  

Ruiz compareció recientemente ante la comisión de Asuntos Constitucionales para responder a múltiples acusaciones relacionadas con su gestión. Durante casi ocho horas, abordó temas como la adquisición de una camioneta Toyota SW4, la designación ad honórem de un colaborador, la contratación de servicios de publicidad, la construcción de una piscina y los depósitos realizados a su hermano Pablo Ruiz.  

En su defensa, Ruiz explicó que la compra de la Toyota SW4, valorada en 80 millones de pesos, se concretó a través de una serie de transacciones familiares y con la ayuda de Gustavo Cittadino, un empleado legislativo que aportó un préstamo de 20 millones de pesos. Sin embargo, la fiscalía investiga si la transacción, junto con el ascenso de Cittadino a un cargo con un sueldo de 7 millones de pesos, podría implicar irregularidades.  

Respecto a los depósitos realizados a su hermano Pablo Ruiz, excoordinador de la Casa de las Leyes, la suspendida vicegobernadora aseguró desconocer los movimientos financieros y apeló a su derecho constitucional de no declarar contra un familiar. La unidad antilavado del Banco Provincia de Neuquén había emitido alertas sobre estas transferencias, generando interrogantes entre los legisladores.

Ruiz también justificó la designación ad honórem de Pablo Schapira como encargado de prensa y la contratación de su esposa, María Angélica Cowper, con un salario de 3 millones de pesos para realizar traducciones y proyectos educativos vinculados a Vaca Muerta.  

Otro punto polémico fue la construcción de una piscina en un terreno de Plottier durante su mandato como intendenta. Ruiz declaró que no tenía vínculos con la propiedad, mientras que la fiscalía investiga si el terreno pertenece a un testaferro.  

Asimismo, se cuestionó la contratación directa de la empresa Sauer para la producción de banners por un monto de 47 millones de pesos. Legisladores denunciaron sobreprecios en comparación con los valores publicados por la empresa, pero el abogado defensor Carlos Broitman argumentó que Sauer ofrecía materiales de alta calidad.  

En su presentación, Ruiz se declaró víctima de una campaña política en su contra y anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a ello, los legisladores consideraron insuficientes sus explicaciones y se mantienen firmes en sus cuestionamientos por la falta de transparencia en su gestión.