El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, deslizó el reclamo de una nueva ley de Parques Nacionales que contemple las posturas federales, para reemplazar el decreto de creación, producto de la última dictadura. Así, sostuvo, se respetarán los derechos originarios de las provincias sobre sus recursos naturales, sin conflictos como el planteado por la administración nacional en contra de la creación del Parque Provincial Río Iguazú.

Rovira destacó la admisión que hizo la Corte Suprema –donde se dirime el conflicto- de la ley sancionada por la Cámara de Diputados en la que se deja constancia de que la decisión de la Provincia no afectará los intereses de Parques. Sin embargo, ratificó que la norma defiende el dominio natural de Misiones sobre el recurso natural y “es la primera en colisionar con la Nación en defensa de lo que está especificado en la Constitución de 1994”.

“Se trata de reivindicar la posición de Misiones ante la flaqueza de un Estado nacional que ha quedado vetusto en este tipo de manejos. Hay razones naturales e históricas a favor de Misiones”, indicó.

Por eso, advirtió la necesidad de una nueva ley de Parques Nacionales que devuelva el manejo de los recursos a las provincias, ya que, en el caso del río Iguazú, “se trata de territorio de Misiones”.

“Con la belleza misionera, se financia el 90 por ciento de los otros parques. El hecho turístico se genera en Misiones, pero derrama en los otros destinos. Hay que ser administradores”, insistió.

Por otra parte, Rovira se mostró dispuesto estudiar nuevos reclamos de expropiación de tierras de la firma Alto Paraná en Puerto Libertad y dijo que se irá a fondo para enfrentar cualquier hecho de injusticia. Se refirió así a un pedido –todavía no oficializado- de expropiación de unas 500 hectáreas en el municipio de Puerto Libertad, que hará el intendente Luis Ferreira.

Rovira recordó que se trata de una problemática parecida a la de Puerto Piray, donde ya se decidió expropiar otras 600 hectáreas, aunque advirtió que hay “que no hay que caer en la irresponsabilidad” de no respetar la propiedad privada sin justificativos.

En la sesión de anoche, el diputado radical Hugo Escalada realizó un pedido de informes para que se determine si la firma chilena tiene prácticas reñidas con el cuidado del medioambiente, ya que no consiguió la certificación FSC, sello internacional que garantiza el manejo forestal sostenido, a través del cumplimiento de un estándar de conservación del medioambiente y el respeto a las comunidades.

En el proceso de auditoría impulsado por Rain Forest Alliance, múltiples organizaciones de productores independientes de Puerto Piray, dieron a conocer una serie de problemas que aún no se han solucionado, como los impactos en la salud, problemas ambientales derivados del excesivo uso de agroquímicos que afectan la tierra. “Diez años sin certificar no admite ningún tipo de defensa”, aseguró el legislador radical.

Finalmente, Rovira destacó el aumento de la Asignación Universal por Hijo, pero afirmó que esa medida no alcanza en si misma si no “hay un plan de estímulos para la creación de empleos”.