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Fernando González

Si el kirchnerismo fuera una novela sería un laberinto kafkiano. Pero no es una novela. Es una parte estructural de la decadencia argentina. Ni siquiera dejaron descansar a los argentinos en la víspera del año nuevo. La carta de Alberto Fernández, anunciando que va a pedir el juicio político del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es la punta de un iceberg que muestra el deterioro de su gestión y el de su gobierno. Con el impacto de la corrupción como combustible del derrumbe.

Para entender la carga de la dupla del fracaso que conforman Alberto y Cristina, hay que remontarse a la historia de Rosatti como funcionario kirchnerista. El jurista santafesino había sido Procurador del Tesoro primero, y luego ministro de Justicia durante los días románticos de Néstor Kirchner. Lo habían nombrado en 2004 para reemplazar a Gustavo Beliz, que se había ido del gobierno con escándalo y dejando al descubierto la relación entre el presidente patagónico y el espía Jaime Stiuso.

El problema es que Rosatti no era el ministro obediente y sumiso que Néstor hubiera querido. Apenas llegado al ministerio de Justicia, empezó a objetar una serie de contratos para construir diez cárceles en todo el país. El proyecto planteaba hacerlas en tres años, empezando por un presidio en Salta (para 592 reclusos), otro en Clorinda, Santa Fe (para 350 reclusos) y otro en Mercedes, provincia de Buenos Aires (para 1580 reclusos). El encargado de la gestión financiera era un funcionario tucumano, “fanático de los tamales”, según lo describían gobernadores e intendentes, y rápido con los números: se llamaba José López.

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El tucumano pasaría a la historia una década después como campeón argentino de revoleo de bolsos con millones de dólares (nueve millones). Fue preso luego de ser encontrado practicando su deporte preferido en un convento del conurbano bonaerense. Además de los fajos de billetes, José López llevaba también una ametralladora. Quizás, por la inseguridad del Gran Buenos Aires.

“Lo de las cárceles no cerraba por ningún lado”, fue la metáfora que elegiría Rosatti en 2016 como recuerdo del escándalo, cuando lo designaron para integrar la Corte Suprema de Justicia. En aquellos días de 2005, se negó en dos oportunidades a firmar los decretos para construir las cárceles que López le había llevado. Al segundo rechazo, el kirchnerismo le ofreció dejar el ministerio de Justicia para convertirse en candidato a diputado nacional por Santa Fe. Supo entonces que lo estaban echando.

Prefirió anticiparse y renunciar. En ese momento, Rosatti ya tenía una relación pésima con el Jefe de Gabinete kirchnerista, el cada vez más influyente Alberto Fernández. Se reunió diez minutos con el presidente en la Casa Rosada y dejó el Gobierno sin chistar. Kirchner lo reemplazó con un albertista, el entonces secretario de Seguridad, Alberto Iribarne. “A este me lo mandó Cristina y me complicó las cosas”, se quejó Néstor de Rosatti en esas horas. La novela kafkiana seguiría durante dieciocho años.

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La reflexión de Kirchner era certera. Cristina y Rosatti se habían conocido en la Convención Constituyente de Santa Fe, la que alumbró el Pacto de Olivos y la reelección de Carlos Menem en 1994. Fue ella quien le sugirió a Néstor su nombre para ocupar el ministerio de Justicia. Era un peronista con buena imagen que había ganado la intendencia de la capital provincial, pero la objeción a las cárceles que obsesionaban a José López lo alejaron del kirchnerismo. El jurista dejó la política y volvió a las leyes.

El vínculo entre Cristina y Rosatti se rompió definitivamente en 2016, cuando Mauricio Macri lo designó para integrar la Corte Suprema de Justicia junto a Carlos Rosenkrantz. Para el ex presidente era un representante del peronismo en el Tribunal, pero para la Vicepresidenta ya había pasado a ser un enemigo. Los años siguientes solo agigantarían la brecha entre ambos.

Las causas por corrupción contra Cristina Kirchner y, sobre todo, la condena por fraude al Estado a seis años de prisión en el caso Vialidad, enardecieron a la Vicepresidenta, quien agregó a Rosatti como protagonista de la ficción del lawfare. Con cada estocada, presionó a Alberto Fernández y a los gobernadores peronistas para que la acompañaran en la cruzada judicial.

Apenas llegado al ministerio de Justicia, Rosatti empezó a objetar una serie de contratos para construir diez cárceles en todo el país

Cristina sabe que tiene dos factores a favor en ese juego. El espíritu pusilánime de Alberto, al que castigó en público la semana pasada definiéndolo como el líder de la agrupación “Amague y recule”. Y el temor reverencial, en algunos casos a niveles incomprensibles, de los gobernadores y dirigentes del peronismo. Ninguno de ellos se anima a ofrecerle resistencia.

El Presidente debió gastar las últimas horas del año escribiendo una carta en la que amenaza con iniciarle un juicio político a Rosatti. ¿El argumento? Las supuestas conversaciones por chat entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, y el vocero del titular de la Corte, Silvio Robles, intercambiando información sobre decisiones judiciales. Para el Gobierno, esos contactos explican el fallo del Tribunal que benefició a la Ciudad en la restitución del 2,95% del porcentaje de coparticipación que Alberto le había quitado para transferírselo a la Provincia.

El decreto que no firmó Manzur

Fernández sabe que no cuenta con los dos tercios de las cámaras del Congreso, pero cree que con el lanzamiento mediático del pedido de juicio político contra Rosatti mantendrá contenta a Cristina. El resto del peronismo aparece mucho más cauto. Los únicos gobernadores que salieron a pedir la cabeza de Rosatti fueron Axel Kicillof y Gerardo Zamora. Tiene lógica. Ni el bonaerense ni el santiagueño podrían crecer políticamente sino fuera con la bendición de la Vicepresidenta. Es eso o la nada.

El kirchnerismo intenta que la debacle de Alberto no lo sumerja en el año electoral. Aunque se trata de dirigentes sin relevancia, las salidas de Victoria Donda del Inadi y del ultra Félix Crous de la Oficina Anticorrupción muestra el estado de desasosiego que crece en el Frente de Todos. “El último que apague la luz”, es la frase que se ha puesto de moda en los pasillos de la Casa Rosada.

Cristina necesita desesperadamente reducir el poder de fuego de Rosatti al frente de la Corte Suprema. No solo será el Tribunal que puede confirmarle la condena por la causa Vialidad. También es el que podría reabrirle el caso Hotesur, en el que también están investigados sus hijos. Es toda una parábola. El jurista que fue ministro de Néstor Kirchner, ahora es la pesadilla de Cristina.

Por eso, la Vicepresidenta necesita que Alberto y el resto de peronismo la acompañe en la batalla que antes llamaba “lawfare” y ahora denomina directamente “mafia”. Solo la alianza estratégica con Sergio Massa logra que nadie se queje ante el silencio del ministro de Economía frente a la Corte. Fue él quien unificó criterios con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y con el Jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos, para que el Presidente ofreciera bonos para pagar el fallo favorable a la Ciudad en vez de entrar en el terreno resbaloso del desacato.

Manzur no abandona la fantasía de su postulación presidencial

El fallo de la Corte Suprema a favor de Horacio Rodríguez Larreta, y en contra del Gobierno y de Kicillof, encierra otro enigma que puede ser una señal de supervivencia en el peronismo. En el decreto que revoca la condena judicial y recusa a todos los jueces del máximo tribunal, hay un nombre de un funcionario que no está acompañado por la firma: es el del Jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur. Los ministros restantes sí firmaron.

Manzur tiene una excusa excelente. La noche anterior a la firma de la respuesta del Gobierno al fallo negativo de la Corte Suprema, el Jefe de Gabinete viajó a Israel, uno de los países con los que ha enhebrado un vínculo amistoso desde cuando era ministro de Salud de Cristina. El otro país es Estados Unidos.

Aunque, como la mayoría del peronismo, reconoce a Massa como el que tiene más chances de convertirse en candidato a presidente, Manzur no abandona la fantasía de su postulación presidencial a la que ha bautizado sin sonrojarse “Juan 23″.

El 14 de mayo serán las elecciones en Tucumán y Manzur concurrirá como candidato a vicegobernador junto a su socio provincial, el actual gobernador Osvaldo Jaldo. El Jefe de Gabinete, que dejará el gobierno de Alberto Fernández en febrero, les ha dicho a sus colaboradores que competirá en las PASO como candidato presidencial si el resultado tucumano le sirve de trampolín. El peronismo es un laboratorio de la audacia.

Mientras su gobierno se desintegra aceleradamente, Alberto Fernández se permitió viajar hasta Brasilia para acompañar la asunción de Lula Da Silva como presidente y decirle a sus colaboradores que él todavía no se resigna. Que quiere tener su oportunidad de seguir otros cuatro años más en la Casa Rosada. El silencio suele ser la respuesta más piadosa que recibe.

Lula se quejó amargamente del gesto antidemocrático de su antecesor. Jair Bolsonaro no le entregó los atributos de mando. Prefirió tomarse un avión a EEUU para mostrarse comiendo pollo frito en un KFC de la ciudad de Orlando. Hace siete años, Cristina Kirchner hizo lo mismo con Mauricio Macri. Le negó el derecho a la transición del poder. La intolerancia mantiene esa energía que le permite seguir dando batallas, y ganándolas.