La presentación pone a la Corte ante la necesidad de resolver sin vulnerar el derecho de defensa del destituido funcionario. Cabe recordar que el Jury está conformado por 7 diputados, 7 senadores y los 7 miembros de la Suprema Corte, por lo tanto el Máximo Tribunal no puede intervenir en la revisión de la destitución.

Eso debería hacerlo un tribunal de conjueces. Tradicionalmente se recurre a conformar un tribunal con jueces de otras instancias pero, según trascendidos, De Rosas habría pedido que los conjueces no sean magistrados del Poder Judicial, sino abogados del foro local, por lo que debería darse intervención al Colegio de Abogados. El 28 de abril pasado el Jury definió la suerte del hasta entonces fiscal de Estado. Ese día sus miembros votaron y por 16 a 2 se impuso la decisión de destituir a De Rosas.

Ese día los miembros de la Suprema Corte estaban presentes. Los conjueces que remplazaron a los supremos ausentes, votaron por desplazar al entonces fiscal de su cargo. Sobre de Rosas pesaba una dura acusación: haber beneficiado al grupo Vila-Manzano en una historia que tiene dos capítulos confluyentes: por un lado, en el cobro de una deuda que Dalvian tenía con los fenecidos bancos provinciales que ascendía a 6,1 millones de dólares. La familia Vila pretendía compensar esta deuda con lo que el Estado debía pagarles por la expropiación de tierras en el pedemonte para la creación de la reserva Divisadero Largo.

Cuando salió el juicio de expropiación, Vila y Dalvian consiguieron un precio muy superior al de los otros 4 vecinos que también fueron expropiados: entre 13 y 17 pesos el metro cuadrado (según se trate de tierras planas o accidentadas) contra los 2,76 por metro que obtuvieron los otros. De esta forma Dalvian y Vila consiguieron un monto más elevado a cobrar del Estado para compensar con la deuda que Dalvian tenía con los ex bancos. Desde el inicio del proceso oral De Rosas había anunciado que recurriría la decisión, por entender que el caso por el que se lo estaba juzgando políticamente ya había sido evaluado por el Senado cuando votaron su nombramiento.

Ese anuncio fue cumplido el 23 de mayo, con un detalle adicional: pedir un tribunal de conjueces que no sean magistrados. La cuestión a resolver por la Suprema Corte es si el pedido de De Rosas es atendible o no. No se conocen los argumentos que esgrime el ex fiscal pero el rumor es que el funcionario destituido considera que todos los jueces del Poder Judicial no podrían ir en contra de una resolución que tomaran los miembros de la Suprema Corte.

Antecedentes Hay dos antecedentes cercanos acerca del pedido de De Rosas. Durante el gobierno de Julio Cobos, hubo un fuerte conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial por la indexación salarial que pretendían los magistrados. A esto se sumó la ley de desenganche de los empleados judiciales, medida impulsada por Cobos para evitar que la indexación se extendiera también a los trabajadores.

Ese conflicto arrancó a principios de 2004 y afectaba a todo el Poder Judicial, incluidos a los miembros de la Suprema Corte, quienes verían mejorados sensiblemente sus ingresos. Para resolver el reclamo de los magistrados, primero se nombró un conjuez, Luis Cuervo, y luego (para la apelación) se conformó un tribunal con abogados matriculados de la provincia: Emilio Vázquez Viera, Gustavo Campoy y Eduardo Pithod.

Para el reclamo de los trabajadores fueron Miguel Mathus Escorihuela, Hugo Mattiello y Carlos Chacón. En este caso no parece haber un interés personal de todo el Poder Judicial en hundir a De Rosas, por lo que no haría falta recurrir a profesionales que no sean jueces: "Nos pasa cada vez que hay conflictos con las elecciones. La Junta Electoral de la Provincia está conformada por la Suprema Corte y cada vez que hay un reclamo, se conforma un tribunal con camaristas y muchas veces sentencian distinto que la Corte", dice un experimentado abogado con varias batallas políticas a cuestas.

Causas pendientes

De Rosas aún tiene 2 causas pendientes en la Justicia de las que no hay novedades. Los expedientes aún están en poder del Jury de Enjuiciamiento (a pesar de que hace más de un mes que el caso fue cerrado) y deberían volver a manos de la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, quien los tramitaba originalmente.

Una de ellas fue ordenada por la propia Suprema Corte, cuando el máximo tribunal resolvió sobre la expropiación de la parcela de un vecino de Dalvian y Daniel Vila. Esa causa fue el principio del fin para De Rosas. La otra viene de una denuncia de un abogado, Alberto Ortubia, y es por un terreno de 800 metros cuadrados en Dalvian que figura a nombre de la esposa de De Rosas, Viviana Noemí Quiroga, quien supuestamente no tendría ingresos para afrontar la operación.