La ordenanza que obliga a bares y restaurantes a ofrecer sin cargo a sus clientes un jarra de agua apta para el consumo cumplirá este año cuatro años. Sin embargo, aún hay un 40 por ciento de establecimientos gastronómicos que se resisten a incluir el agua de la canilla en su menú de bebidas. Los integrantes de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pidieron a la Intendencia que incrementen los operativos de fiscalización y sanciones para los infractores. Las multas previstas llegan a $ 889,37 y hasta 90 días de clausura. Desde la Secretaría de Control del municipio anunciaron un operativo para mediados de este mes.

El pedido de mayor fiscalización fue uno de los temas que los integrantes de la cátedra le plantearon esta semana a la intendenta Mónica Fein. Además, reclamaron la instalación de más bebederos en espacios públicos, avenidas y escuelas de la ciudad (ver aparte).

La ciudad tiene unos 1.500 bares y restaurantes habilitados y, según estima el director de la Cátedra del Agua, Aníbal Faccendini, “si bien cada vez son más los que respetan la ordenanza, aún hay un 40 por ciento de los locales que se hacen los distraídos”.

Por ejemplo, no incluyen la oferta en la carta, aceptan entregar un vaso de agua sólo a pedido del cliente, estiran el tiempo que tardan en llevar a la mesa la bebida o, como sucedió hace unas semanas en un coqueto local de Presidente Roca y Wheelwright, “intentan cobrarla en el ticket como si fuera agua mineral”, advirtió Faccendini.

Al sitio de Facebook de la Cátedra del Agua llegan con frecuencia muchas de estas anécdotas.

¿Qué dice la ordenanza?

La ordenanza 9.465 se aprobó en noviembre de 2015 y obliga a establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes habilitados en los cuales se sirven o expenden comidas, a poner a disposición de los clientes “un mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua potable del servicio de red apta para el consumo, por persona”.

Con más de tres años vigentes, los integrantes de la Cátedra del Agua pidieron a Fein que intensifique los controles para que la norma se respete, “y evitar las picardías de los incumplidores”.

El Código de Faltas del municipio pena con multas de $154,52 a $889,37 y clausuras de hasta 90 días “a quienes no cumplan con la obligación de ofrecer a los comensales en su cartilla del menú de aguas y gaseosas” un vaso de agua sin costo.

En la calle

Durante el verano pasado, los agentes de la Dirección de Inspección del municipio realizaron una campaña informativa sobre los alcances de la ordenanza 9.465 en todos los comercios gastronómicos.

Fuentes de la Secretaría de Control indicaron que a mediados de este mes se pondrá en marcha un operativo para fiscalizar el cumplimiento de la norma y sancionar los incumplimientos. “El año pasado se trabajó fundamentalmente poniendo al tanto a los comercios de la normativa”, explicaron. Ahora nadie podrá “no darse por enterado”, concluyeron.

Faccendini consideró “una lástima que los bares o restaurantes se expongan a multas por incumplir con un derecho humano como es el acceso al agua potable”.

Para el director de la cátedra, contrariar la ordenanza sin dudas no tiene justificativo desde la economía

“Restaurantes que fueron pioneros en esto, como el comedor Balcarce, nos dicen que sucede al contrario, que la gente suele convertir lo que se ahorra en bebida en otro alimento, piden una entrada o un postre. Así que en esos casos les significa más ingresos”.

Además, por más que permiten que sus clientes almuercen o cenen con agua potable, no significa que la gente deje de consumir otras bebidas. “No es que se evapora el dinero, en algunos casos se potenció”, apuntó. De lo que se trata es de “respetar un derecho de todos y hacer una ciudad más amable”, concluyó.