Los delitos afectan al agua, la tierra, el suelo y subsuelo, y suelen ser empresas o fábricas las responsables, aunque también hay denuncias contra el Estado. 

Los datos fueron aportados por el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini, en el marco de un acuerdo de trabajo unificado que realizó junto a la Procuraduría General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En tanto, el procurador Jorge Alberto Barraguirre explicó que “se busca trabajar en simultáneo porque la Fiscalía se ocupa de los asuntos penales, y nosotros de los estrictamente civiles y ambientales, y en muchos casos se complementan".

Depósitos clandestinos de combustible y microbasurales (como el de Pellegrini y San Martín) son algunos de los casos que preocupan a la Justicia. 

“Hay causas contra el Estado, con imputaciones por afectar la vida sana de los ciudadanos. Se está trabajando en Santa Fe, pero hay varias comunas del Gran Rosario en las que se trabaja en un plan de remediación de basurales. En Maciel y Ricardone se está trabajando con los basurales a cielo abierto, ya que la idea es terminar con esas prácticas por la alta contaminación que producen”, puntualizó Baclini.

Recordó además que hay acciones de remediación, sobre todo en San Lorenzo en la refinería OIL y una agroquímica: “Son causas viejas que tuvieron un derrotero en la Justicia Federal de hace tiempo, y en algunas fábricas terminaron cerrando”. 

En tanto, el fiscal general de la provincia destacó que “en muchos casos el daño es remediable, y apuntamos a que más allá de la sanción punitiva, se repare el daño causado al suelo y en caso de que sea, a los vecinos”.

Finalmente Baclini se refirió a las denuncias por uso de glifosato: “Estamos haciendo los análisis y viendo el daño concreto que generar, ver si se determina el daño para continuar la investigación”.

Delito poco conocido

El delito ambiental en la provincia es novedoso, sin embargo, en Rosario hay 35 causas iniciadas y algunas ya finalizadas.

La investigación en estos casos es encabezada por el fiscal Matías Ocariz, quien cuenta con empleados especialmente capacitados en el área. "Creamos un protocolo de actuación, nos encargamos de las pericias con un presupuesto acotado, otras pericias se encarga el Ministerio de Medioambiente. Hemos hecho acuerdos con laboratorios y con PDI, que nos asignó dos grupos de personas, uno en la región norte y otro aquí en el sur”, contó Baclini.

En el pasado,  estas denuncias se realizaban, pero al no existir una oficina especializada en la temática, las causas se dividían entre varios fiscales y en algunos casos terminaban por diluirse. 

La escala penal por el daño no es alta -de hasta cuatro años de pena- pero Baclini indicó que “si se produce alguna afectación física concreta en alguna persona o se produce la muerte las penas se elevan por esta causa, pero es progresivo. Tiene una figura específica  entendiendo que el daño al medioambiente puede potencialmente afectar a personas”.