Por Laura Vales

Mientras se espera que la justicia llame a indagatoria a los integrantes de las organizaciones sociales luego de los 27 allanamientos del lunes, el gobierno nacional volvió a cargar contra los piqueteros y los acusó de haber montado “un sistema de esclavitud moderna”. Así lo sostuvo el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al hablar en el Senado. Durante la jornada, las abogadas de los acusados tuvieron acceso al expediente. La causa judicial puede convertirse en un antecedente importante, porque el fiscal describe como delitos prácticas como tomar asistencia en las manifestaciones y cobrar una cuota sindical, métodos con los que no todas organizaciones sociales acuerdan y que son muy sensibles para la opinión pública. De hecho, algunos referentes de los movimientos hablaron sobre lo que se pone en debate.

El expediente, cuya investigación tiene a cargo el fiscal Gerardo Pollicita, avanzó en un contexto político que es claro: el gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de la de Capital Humano, Sandra Pettovello, buscan desarmar a las organizaciones sociales. No se trata sólo de una causa judicial, sino de una serie de golpes: la decisión de no enviarles alimentos a los comedores de los movimientos, así como la de ir podando el Programa Potenciar, se mantiene firme desde hace cinco meses y afecta a la organización y los espacios comunitarios de los barrios. El Protocolo antiprotestas es otro disuasivo fuerte, que viene haciendo uso de la violencia.

Pero la causa judicial agrega una novedad, porque en varios sentidos equipara a la organización social con organización mafiosa. Por ejemplo, los acusados no son sólo algunos responsables de comedores --los chats filtrados a los medios no dejan dudas de que hubo integrantes de organizaciones con actitudes abusivas--, sino que imputa también a dirigentes con roles intermedios --como Jeremías Canteros, que integra la conducción nacional del Polo Obrero--. Es decir, no es una causa sobre la arbitrariedad de un vecino en un barrio, sino que se extiende a los dirigentes. Veamos qué les imputan y cuáles fueron las primeras respuestas.

* Dar de baja planes: “Se movilizaban personas a las marchas bajo coacción y extorsión”, poder que las organizaciones tenían “como certificadoras” del Potenciar Trabajo, se lee en el expediente. Sobre el tema habló Emilio Pérsico, exsecretario de Desarrollo Social, que aclaró que la baja de un plan es una atribución que sólo tiene el Estado. Durante el gobierno anterior hubo campañas de difusión pública aclarando este punto a los beneficiarios, agregó.

La abogada Rayo Alanis, del Polo Obrero, argumentó en otro sentido: señaló que las organizaciones sociales controlaban la contraprestación en sus cooperativas, por que tenían el rol de unidades ejecutoras del Programa Potenciar. Y en este sentido, podían tomar asistencia para certificar los pagos del Nexo, un complemento de ingresos. Sin embargo, dejaron de estar habilitadas para hacer esta certificación por el gobierno de Milei. (La investigación fue abierta en esta gestión, a raíz de la primera marcha opositora al gobierno de La Libertad Avanza, el 20 de diciembre)

*Tomar asistencia en las movilizaciones: Se tomaba “asistencia a las movilizaciones” y se hacían “listas de espera”, es otro de los ejes de la acusación, que en este caso no fue negado por los movimientos. Si bien la toma de asistencia no es un criterio que compartan todas las organizaciones, en las que están investigadas dijeron que sí toman asistencia y que se trata de un criterio para organizarse: “a nadie le gusta ir a una marcha si hace frío o está lloviendo. En los mismos barrios los compañeros que se organizan pautan acuerdos de convivencia como ir a las movilizaciones, participar en las asambleas”, indicó un allegado a los imputados del FOL. “Pensar que en esto hay una coacción es una mirada, un punto de vista”.

Cantero, del Polo, dio una entrevista a Prensa Obrera en la que señaló que su organización en todos los barrios de CABA tiene listas de espera para acceder a cupos de alimentos. “El que quitó los alimentos a los comedores fue el gobierno. Con el aumento de la pobreza, los comedores tienen más demanda, la comida no alcanza y vamos haciendo listas de espera para reclamarle al gobierno alimentos”, sostuvo. “La última vez que le presentamos una lista de espera al gobierno de la Ciudad, la lista superaba las 10 mil personas”.

*Cobrar un porcentaje del plan social: la fiscalía sostiene que los acusados “exigían, además de la asistencia a las marchas y movilizaciones, el pago de ‘cápitas’ mensuales equivalentes al 2% de la ayuda social percibida en cada caso; lo que se abonaba en efectivo siempre, los primeros días del mes” . Es otra práctica no uniforme pero que existe y no es ocultada. La mayoría de los movimientos la usan a la manera de una cuota sindical.

*Vender alimentos del Estado: “los imputados vendían por el barrio los alimentos que recibían del Gobierno, exigiendo a las víctimas que colaborasen en la comercialización”, dice otro tramo de la acusación.

*Malversar fondos del Estado: la imputación es una inferencia del uso coactivo de recursos de origen público .

Los dichos de Posse al exponer ante el Senado (ver aparte) no fueron la única repercusión del gobierno por los allanamientos. El vocero presidencial Manuel Adorni, pidió "que la investigación sea lo más rápida posible y que los que hayan jugado con la comida de la gente paguen y sean rápidamente condenados”.

Los referentes acusados pertenecen en su mayoría al Polo Obrero, y en segundo término al FOL y Barrios de Pie.

La causa judicial fue abierta a partir de denuncias que el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich reunió a través de la Línea 134, un servicio telefónico donde denunciar amenazas para concurrir a las marchas. Bullrich pidió ser querellante en la cauda, por haber realizado la denuncia y con el argumento de que su ministerio tiene entre sus funciones "la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático”. Pero el juez Casanello lo rechazó, tras señalar que la funcionaria no puede considerarse ni como persona particularmente ofendida por los hechos que se investigan ni su ministerio tiene la atribución de hacerlo, "pues de lo contrario todos los representantes estatales tendrían título suficiente para querellar en las causas que allí se mencionan, lo que resulta inadmisible por absurdo a poco que se piense en las consecuencias que ello acarrearía para la marcha de las causas”.

En los medios afines al gobierno el caso fue amplificado en una ensalada que toma hechos efectivamente repudiables -como negarle a una persona un bolsón de alimentos porque no fue a una marcha- como prueba de que las organizaciones sociales se dedican a hacer plata con los pobres, o que instalan la idea de que tomar asistencia en una marcha -una práctica que puede ser cuestionable- es un delito. Los llamados a indagatoria todavía no tienen fecha. 

Sobre los denunciantes, se sabe que el ministerio de Seguridad hizo una presentación en la justicia con 900 llamados, de los que el fiscal federal se quedó con 45, en base a los que hizo el pedido de indagatoria de los 27 imputados. El juez Sebastián Casanello rechazó ese pedido porque las denuncias habían sido anónimas. Luego, de los 45 denunciantes, siete se presentaron a ratificar sus dichos, con reserva de identidad.