La necesidad tiene cara de hereje, y en plena crisis económica, Alberto Fernández decidió priorizar ya no solamente la oxigenación de las arcas del Banco Central sino también la propia supervivencia política de su gobierno. Como se está viendo en estos días, tomó decisiones que lo corren al centro del arco político y que comunican explícitamente un ansia de moderación.

Pero el riesgo de esa política, como está quedando cada vez en mayor evidencia, es la profundización de la fisura entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo duro. Las diferencias, en otros momentos apenas insinuadas, ya se plantean sin tapujos y hacen pensar en la posibilidad cierta de una ruptura en la coalición.

Los ánimos ya venían caldeados por las divergencias sobre cómo había que afrontar la crisis cambiaria, cuando estalló el escándalo sobre el tema Venezuela, con la renuncia de la embajadora Alicia Castro -que declinó su representación ante Rusia- y el posterior debate interno del oficialismo sobre si la postura de la diplomacia argentina en la ONU era o no una claudicación.

Como siempre, el tema central no era en sí la reacción de la embajadora y su insubordinación ante el canciller Felipe Solá, sino la duda que queda flotando en el ambiente político sobre si Alicia Castro está actuando de motu proprio o si está siguiendo indicaciones expresas de Cristina Kirchner.

Por lo pronto, la postura de Alberto Fernández sobre el tema Venezuela implica un drástico giro respecto de su inicial alineamiento con el grupo de Puebla –conformado por los ex mandatarios del "eje bolivariano"- y un pragmático reacomodamiento a las necesidades actuales.

Ex embajadora ante Hugo Chávez, Alicia Castro desató una crisis interna en la coalición de Gobierno por la postura sobre Venezuela.

No por casualidad, este cambio coincide con un momento en el que el Presidente pide la formalización de un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional –cuya misión, que integra el venezolano Luis Cubbedu, ya está en el país-. Y, además, esto ocurre mientras Alberto se embarcó en una campaña de apoyos por parte de mandatarios europeos, como ocurrió esta semana en la conversación telefónica con el primer ministro holandés, Mark Rutte, a quien expresamente pidió que incidiera en favor de Argentina en el debate interno del FMI.

Por otra parte, el Presidente sigue dedicándose a cultivar la amistad con Kristalina Georgieva, quien ya prestó un servicio a la causa argentina con sus declaraciones públicas en favor de la postura argentina durante la negociación con los acreedores de la deuda. El mismo día que la misión del FMI llegó al país, la búlgara dio una entrevista a CNN en la cual dijo una frase que sonó como música para los oídos de Alberto: "No venimos a Argentina con la idea de ver cómo podemos ajustar aun más el gasto en estos tiempos.

Pero desde el kirchnerismo no hay señales de aprobación a esta política albertista. De hecho, las reacciones públicas hacen aparecer estas medidas como inconsultas hacia la otra parte de la coalición. Y, cada vez más, se hace notar que la visión kirchnerista es que la política de moderación llevará a un doble fracaso económico y político.

De las primeras señales a la crítica abierta

Lo cierto es que la crisis generada en la interna oficialista fue una reedición –más grave ahora, por la mayor fragilidad en el plano económico- del duro debate interno generado en julio, cuando Cristina se las ingenió para comunicar indirectamente su desagrado por la convocatoria de Alberto a los empresarios del G6 en los actos del día de la independencia.

En aquel momento, la vicepresidente se limitó a elogiar, retuitear y recomendar la lectura del economista Alfredo Zaiat, que advertía sobre el error estratégico de acercarse a empresas con las cuales no habría una posibilidad real de acuerdo, porque siempre se opondrán a cualquier plan de reformas que implique una drástica redistribución de la riqueza.

Ese editorial fue calificado por Cristina Kirchner como "el mejor análisis que he leído en mucho tiempo" y recomendó su lectura -¿al propio Alberto?- "para entender y no equivocarse".

En aquel momento, el enojo de la ex mandataria trajo como consecuencia una dura carta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la que Hebe de Bonafini señalaba que se consideran "agraviadas y heridas" por el contenido de ese acto y califica a los dirigentes empresariales invitados a Olivos como "los que explotan a nuestros trabajadores y los que saquearon al país".

Alberto dio explicaciones y dijo que "en la mesa de este Presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestro científicos; todos y todas, porque esa es mi responsabilidad".

Quedó una señal que todos los actores políticos supieron interpretar: no se trataba de una anécdota menor, porque en la Argentina de hoy nadie cree que Hebe de Bonafini pueda publicar una carta abierta dirigida al presidente sin tener antes un aval de la propia Cristina.

Aquella saga continuó con la crítica de otro referente moral del kirchnerismo, Víctor Hugo Morales, que dio la primera alarma por el tema Venezuela. Víctor Hugo se había mostrado indignado por la adhesión de Argentina en la ONU al documento presentado por Michelle Bachelet sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela.

"Ver a un Gobierno que uno imaginó de centroizquierda, peleador desde la América Latina que se soñó distinta, de rodillas ya no solo ante Estados Unidos sino ante Trump da mucha vergüenza, dolor. Dan ganas de tirar todo a la marchanta", dijo críticamente.

También en ese caso el Presidente contestó, explicando que su postura hacia Venezuela no es la misma que la de la gestión macrista, porque él nunca desconoció la legitimidad de Nicolás Maduro ni reconoció nunca a Juan Guaidó como presidente. El diálogo sirvió para bajar el tono de la confrontación pero, naturalmente, la nueva fisura interna ya estaba creada.

Pronóstico de crisis y pedidos de radicalización

Ya a esa altura se hacían evidentes las diferencias de forma y de fondo. La frustrada expropiación de Vicentin había sido una divisoria de aguas, y el kirchnerismo nunca dejó de criticar la forma en que el Presidente había decidido dar marcha atrás al comprobar que la iniciativa generaba el rechazo de las clases medias rurales.

Con el agravamiento de la crisis cambiaria, el tema Vicentin volvería a rondar, porque el kirchnerismo había imaginado esa medida como una forma de ganar influencia en un segmento donde nunca pudo tener fichas propias: el de la comercialización de granos, principal actividad generadora de divisas del país.

Las protestas por la expropiación de Vicentin, primer emergente de la fisura entre el kirchnerismo y el sector moderado del Gobierno.

Y ahora, con el anuncio del ministro Martín Guzmán sobre la baja temporaria de retenciones como forma de incentivar a las cerealeras a la liquidación de dólares, el tema volvió a ganar intensidad.

Lo cierto es que en los días posteriores al anuncio de las medidas económicas hubo críticas más duras desde el propio kirchnerismo que desde los economistas ortodoxos de la City.

Por caso, Horacio Verbitsky, uno de los referentes del sector, dijo crudamente: "Muchos festejan, yo estoy preocupado por las medidas son de emergencia. El Gobierno está en una situación muy difícil, espero que la salida no sea catastrófica".

Antes de eso, el ex secretario de comercio Guillermo Moreno había advertido que el Gobierno "va derecho al fracaso" y que había agudizado la crisis que heredó de Mauricio Macri.

Y a esas críticas se sumó la de otro influyente del universo K, Roberto Navarro, quien en un editorial particularmente duro pidió un urgente cambio de rumbo de la gestión y la renovación del gabinete.

"La mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder, sienten que esa guerra no es suya", plantó Navarro, uno de los convencidos de que la solución para el Gobierno no pasa por acentuar la actitud dialoguista con las empresas sino, más bien, de ir a la postura contraria, exacerbar la confrontación.

Tras criticar por tardías las medidas económicas, pronosticó que la situación cambiaria se agravará.

Y dejó una frase bien ilustrativa sobre el tono del debate interno: "El gobierno no se resigna que no habrá paz, que tiene que pelear y para pelear tiene que cambiar funcionarios y alianzas, si este gobierno cambia le va a ir bien, si no va a perder las próximas elecciones, tiene que decidir qué quiere ser, un menemismo que pacte la distribución regresiva de la renta, pero tenga paz o una lucha total para lograr una distribución del ingreso más justo, una de las dos cosas. Esto del medio es todo pérdida, tenemos lo peor de ambos modelos, injusticia y guerra, se armó un equipo para la paz y estamos en guerra".

En medio del dialoguismo, el síndrome de Venezuela

Pero cada día Alberto da señales de ir en el sentido contrario. En "modo dialoguista" decidió la convocatoria al diálogo con el sector empresarial. Es algo que no solamente incluye las reuniones tripartitas con los líderes sindicales, sino que además el Presidente está ocupando su agenda en reuniones con ejecutivos de grandes empresas, para pedirles apoyo en el momento de fragilidad financiera y tratar de evitar una crisis que termine en devaluación y ola inflacionaria.

Por otra parte, desde el kirchnerismo se vienen dando señales de alarma por la eventualidad de que, en el afán de mostrar prolijidad en las cuentas fiscales, el Gobierno deje sin efecto el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se achique drásticamente la asistencia. De hecho, el proyecto del ministro Daniel Arroyo supone que de los actuales nueve millones de beneficiarios se pase a tres millones de asalariados en los nuevos programas estatales.

Fue en ese marco que estalló el tema Venezuela. Y las desavenencias internas ya no se disimulan. Martín Secco, del Frente Grande, dijo que con la decisión del canciller Solá "dejamos la puerta abierta para que Estados Unidos invada Venezuela". En tanto, Eduardo Sigal, del Instituto Patria, dijo que la postura correcta habría sido la abstención en el voto en la ONU. Y el líder piquetero Luis D’Elía se quejó de que el Gobierno no denunciara con la misma dureza violaciones a los derechos humanos en otros países de la región.

También reapareció Hebe de Bonafini: "Les pido perdón a maduro y al pueblo venezolano, estamos avergonzados de nuestro canciller".

Y el encuestador y consultor político Artemio López calificó la medida como un error estratégico, dado que la mayoría de los votantes del Frente de Todos tiene una mala opinión sobre la política exterior americana mientras en sentido contrario se expresan los votantes macristas.

Como para reafirmar esa opinión, cuando se conoció el voto argentino, un comunicado del PRO, firmado por Patricia Bullrich, felicitó a Alberto Fernández por haber "rectificado su posición y reconocido las violaciones a los derechos humanos en Venezuela (como lo venimos sosteniendo desde hace más de una década), acompañando a nuestros socios del Grupo Lima y las democracias del mundo".

La mención al grupo de Lima es la última estocada que la interna oficialista precisaba. Para el kirchnerismo, ese bloque regional es sinónimo de alineamiento con Estados Unidos. Y parece ya olvidada la adhesión de Alberto al grupo de Puebla al inicio de su mandato, cuando insinuaba que el gobierno estadounidense volvía al apoyo a los golpes de Estado, por la situación de Bolivia.

En definitiva, demasiada acumulación de críticas y divergencias para un gobierno de coalición en el cual las partes tienen cada vez más problemas para mantener la cohesión. En estas jornadas agitadas y con un debate interno con volumen creciente, llama la atención la ausencia de una voz: la de Cristina Kirchner. Pero se sabe que la ex presidente tiene formas de hacer saber su postura sin necesidad de exponerse.