“No puede ser: en el siglo 19 la salida de la política era la muerte, en el 20 el exilio y en el 21 la cárcel”. Aunque en la versión taquigráfica no figura, en el Congreso le adjudican esta protesta al senador Juan Carlos Romero, esgrimida durante la sesión del 16 de agosto de 2012 que debatió la estatización de la ex Ciccone.

La frase trasluce un dejo de preocupación. Es que mientras la oposición apunta ahora con todo a Amado Boudou por su procesamiento en la causa que investiga la compra venta de la imprenta de billetes, sobre las espaldas del ex gobernador de Salta pesan al menos ocho causas penales. Siete de ellas, paralizadas por su negativa a prestar declaración indagatoria, en complicidad con la Justicia provincial donde mantiene una gran influencia; y una octava, que parece encaminada a juicio.

Todas las causas cuentan con un hilo conductor: casos de corrupción por presuntas operaciones inmobiliarias fraudulentas a través del Estado provincial a favor del entramado de empresas del clan Romero. De hecho, uno de los que aparece con mayores imputaciones en los expedientes es su hijo, Juan Esteban, quien presta su nombre para la conducción de firmas de la familia.

LetraP accedió al detalle de los ocho expedientes que tramitan en la justicia salteña. De ellos surgen sobreprecios pagados por el Estado provincial y otras maniobras durante la gestión Romero, entre 1995 y 2007, que van desde privados que adquieren terrenos a precios bajos y se los transfiere a la provincia con márgenes de ganancias inexplicables, o la venta de tierras fiscales a precios muy por debajo de lo que costaron al ser adquiridos.

Cada una de las causas se irán desmenuzando en una serie de notas que se irán publicando en LetraP. Pero de todos los expedientes, es imposible no empezar con el expediente conocido como “La Ciénaga”, el más emblemático de todos, ya que desnuda una operativa que luego se repetiría en el resto de las operaciones.

La Ciénaga

Esta causa acumula siete cuerpos de instrucción penal, avances en pericias contables y testimoniales. En Salta aseguran que sólo resta la indagatoria a Romero para que le caiga el procesamiento y el caso se encamine a juicio. Pero el ex gobernador viene eludiendo esto, gracias a sus contactos en el mundillo judicial, por lo que el expediente se mantiene en stand by.

En la causa La Ciénaga hay 13 imputados. Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.

Uno de los nombres clave que se filtra en esta lista, además de Romero padre e hijo, es el de Brizuela, cabeza de la escribanía que certificó el pase de escrituras y las compraventas que se resgistran en esta causa, que además de haber sido escribano del Gobierno provincial fue ministro de Gobierno y Justicia y jefe de Gabinete durante la gestión Romero. Un hombre de extrema confianza del senador.

Lo que se investiga es la venta irregular de 90 hectáreas de la finca La Ciénaga, que la provincia adquirió el 5 de junio de 1998 a través del decreto 1297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial. En el artículo 5 de ese decreto se establece que esas tierras serían destinadas al Programa de Familia Propietaria. La operación fue avalada por el ex escribano de Gobierno, Brizuela, y se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

En 2004, con la cotización del dólar a $ 2,91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. Lo curioso es que la gestión Romero decidió ese año transferir el predio mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004 a José Luis Agustoni, por un valor de 460.000 pesos. Es decir, una séptima parte de su valor de mercado. La escribana que avaló esa transferencia fue Laura Inés Wayar, por entonces escribana de la Gobernación y cercana a Brizuela.

Más curioso aún es que apenas cuatro meses después de esa operatio, Agustoni volvió a vender La Ciénaga. Fue el 4 de junio y la compradora fue María Cecilia Pérez de la Fuente. ¿Cuánto pagó? 100 mil pesos. En la operación volvió a participar la escribana Wayar, aunque en esta oportunidad como particular.

Pasaron cinco años sin que se registren movimientos en La Ciénaga, hasta el 19 de noviembre de 2009, cuando las 90 hectáreas sorpresivamente fueron transferidas a Estancia El Carmen S.A, una de las empresas más importantes de la familia Romero. La dirige su hijo Juan Esteban y su domicilio es el mismo que Horizontes S.A., la editora de El Tribuno. Pagó apenas 100 mil pesos por las tierras y el escribano que avaló la escritura fue, otra vez, Brizuela.

No es menor la atención que Romero centró sobre La Ciénaga. Ese predio está muy cercano a las 800 hectáreas que posee Gilberto Oviedo, ex ministro de Producción de Romero, y a quien fuentes salteñas señalan como testaferro del ex gobernador.

Como el plan original era instituir ahí vivienda social, eso afectaría el negocio inmobiliario que tenían planeado sobre las 800 hectáreas: un mega barrio privado. “No querían que se haga un asentamiento tan cerca, porque afectaría el valor de sus otros terrenos”, explicó a LetraP una fuente de la investigación.

A partir de esta denuncia, la ex agente Fiscal penal 2, María Inés Loyola, promovió acción penal, por lo que se abrió una causa en el ex juzgado de instrucción formal 4, a cargo del ex juez formal, Germán Antonio Pastrana. En su acusación, detalló que “las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos (…) terminaron en poder de la empresa “Estancia El Carmen”, cuyo presidente era el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero”. Y tras un serio análisis contable, aseguró que Romero simuló “una cadena de adquirentes”, lo que permitiría “establecer que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo”.