El decreto con el cual el ex gobernador, Juan Carlos Romero, benefició con la entrega gratuita de 1.523 hectáreas al padre del periodista Rubén Octavio Arenas, perteneciente a su diario, cuenta en un anexo que la cesión de tierras del estado provincial incluyó a otros supuestos familiares del cronista.

El decreto 2085, del 26 de abril de 1997, a través del cual Romero transfirió las tierras pertenecientes al estado provincial, posee un anexo en el cual no sólo figura Joaquín Arenas, padre del secretario de redacción de El Tribuno, sino también otros nueve beneficiados, todos con el mismo apellido, asegura Nuevo Diario de Salta en un artículo publicado hoy.

Lo que más llama la atención es que el “regalo” de Romero a esta familia ronda cerca de 25 mil hectáreas, sin que en ningún extracto del decreto figure de manera expresa que se trata de un reclamo por posesión veinteañal, como el periodista adujo en un artículo de descargo.

Este último detalle tampoco aparece en la escritura redactada nada menos que por el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, considerado una pieza clave en las sistemáticas maniobras inmobiliarias de las que se valió Romero para despojar al estado provincial de numerosas tierras, muchas del cuales pertenecen ahora a firmas o empresas de las que los Romero son propietarios.

Por este hecho, cabe recordar que Romero, Brizuela, Gilberto Oviedo y otros ex funcionarios e incluso su hijo, Juan Esteban y su hermano, Marcelo Romero, son investigados en ocho causas penales por los delitos de peculado, fraude, negociaciones incompatibles con la función pública y hasta por conformar una “asociación ilícita”.

Las tierras en cuestión están ubicadas en el paraje El Cebil, en la localidad de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá. Las sospechas que surgieron por esta cesión gratuita a un periodista, alertaron en torno a las maniobras imputadas al ex gobernador, consigna Nuevo Diario de Salta.

En una de las causas penales se investiga la hipótesis de que Romero, considerado “el hombre de atrás”, planificó negociados con tierras de la provincia, ya sean cedidas o compradas a precios sobrevaluados, con lo cual logró acceder a beneficios económicos personales.

Para ello, según la hipótesis criminal, Romero se habría valido de personas allegadas o de su entorno, quienes oficiaban de “testaferros” en este tipo de operaciones inmobiliarias, entre los cuales no sólo aparecen ex funcionarios sino también su abogado Raymundo Sosa, imputado en una de las causas penales.

Otra de las dudas que Arenas dejó en evidencia, gira en torno a la afirmación que hicieron respecto al tiempo en que iniciaron los trámites, los que, según dijeron, comenzaron en 1992, cuando el gobernador de la provincia era Roberto Ulloa.

Por cuatro años, el pedido de los Arenas no fue tenido en cuenta. ¿Por qué? ¿Acaso no cumplían los requisitos, si -como aseguran- les correspondía? ¿Qué otra razón tenía Ulloa para negarse a entregar gratuitamente semejante cantidad de hectáreas a una sola familia?