Con la finalización de la feria judicial, los distintos juzgados retomarán desde hoy el trámite de los expedientes en los que se encuentra acusado, aunque fuentes judiciales adelantaron ya que Romero, a través de sus abogados, esquivará más que nunca cualquier roce con la ciudad judicial.

Ordenes

Para ello, trascendió que su abogado principal, Oscar Pedro Guillén, tiene órdenes precisas de incrementar la presentación de “chicanas” legales, entre ellas pedidos de nulidades y recusaciones de jueces y todo otro planteo que sirva para alejar a Romero de estas demandas judiciales.

Al respecto, se supo que Guillén insistirá en lograr la nulidad de las causas y para ello atacará la argumentación de las promociones penales que se presentaron en contra de su cliente, tarea que se complementará con una prolija campaña de desprestigio a partir de su multimedios.

De cara a un año con una agitada agenda electoral, el ex gobernador y candidato para ese puesto por cuarta vez tiene decidido -como desde hace cinco años- a darle la espalda a las demandas de la Justicia penal, y con ello evitar rendir explicaciones de las denuncias de corrupción que arrastra desde el año 2010.

Contradictorio

En un discurso contradictorio, Romero busca el apoyo de los salteños pero se niega a colaborar con el esclarecimiento de numerosas investigaciones por corrupción abiertas por los jueces y fiscales que él mismo designó durante su estadía en el Gobierno de la Provincia, entre los años 1995 al 2007.

Desde que fue denunciado en noviembre de 2010 por apropiarse de 90 hectáreas en La Ciénaga, tierras que siguen bajo su patrimonio personal, Romero se negó a dar explicaciones cómo fue que su gobierno autorizó comprar dicha propiedad por una suma de 1.100.000 pesos, para luego venderla a un “testaferro” y posteriormente adquirirla por la suma de 100 mil pesos a través de la firma Estancia El Carmen S.A., perteneciente a su entorno familiar.

Silencio

Así, año a año, el ex gobernador se alejó cada vez más de las demandas de la Justicia y mantuvo un férreo silencio respecto a cómo fue que esa propiedad terminó en sus manos, pese a que las 90 hectáreas habían ingresado al Estado para ser utilizadas para la construcción de viviendas sociales.

En un inicio de esta causa, y de otras que fueron abiertas por otros negociados con la compra y venta de tierras, Romero y sus co imputados, entre ellos su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente, José Luis Agustoni y su abogado personal, Alberto Raymundo Sosa, siempre buscaron eludir el accionar de la Justicia.