Por Exequiel Flesler.

Rogelio Frigerio decidió intervenir el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que estaba en manos de los gremios estatales. El gobernador habló de “pagos irregulares a prestadores” y anticipó: “Lo que se encontró es solo la punta del iceberg”.

Iosper es un monstruo de 300.000 personas afiliadas, lo que la convierte en la principal obra social de la provincia. La movida de Frigerio asume el riesgo de romper la paz con los gremios estatales, aunque el frente de rechazo a la medida luce, por ahora, dividido entre respuestas más combativas y gestos de acompañamiento. 

Los motivos de Rogelio Frigerio para la intervención

El anuncio lo hizo este miércoles el mismo Frigerio desde la Casa Gris, flanqueado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, por el interventor del Iosper, Mariano Gallegos, y por la subinterventora, Marina Alegre. La intervención está prevista por al menos seis meses.

El gobernador fundamentó su decisión en buscar la estabilización económica y funcional de la obra social, que viene golpeada por la crisis del sistema de salud en general y por cuestiones de gestión en particular. Además, en las últimas semanas había escalado un conflicto con la Federación Médica de la provincia.

Aunque se esperan los resultados de una auditoría inicial que será acompañada por otra a realizarse durante el tiempo que transcurra la intervención, en la Casa Gris estiman un déficit mensual de 2.000 millones de pesos, con un acumulado de 20.000 millones de pesos más las prestaciones pendientes “que representaría aproximadamente un 141% del ingreso promedio mensual”, según menciona el decreto de intervención.

En este punto, en Economía se encargaron de subrayar que ese déficit se cubre con dinero de tesorería, “es decir, con los impuestos que pagan todos los entrerrianos". "Es dinero que perdemos todos los meses producto de una mala gobernanza del organismo”, machacó Frigerio durante el anuncio.

Los considerandos mismos hablan de la “existencia de graves irregularidades en su funcionamiento” y se “señalan distintas contrataciones realizadas aun a pesar de la oposición fundada realizada por la Comisión”. Además, mencionan “un sinnúmero de erogaciones que no han sido puestas en conocimiento de la Comisión”.

Docentes y CTA, en contra

Frigerio recompuso la relación del Ejecutivo con los distintos sindicatos y mantiene una relación que, con momentos de tensión, sobre todo durante las paritarias docentes o cuando se tomaron decisiones referidas el sistema previsional, es claramente de relativa armonía. Al comienzo de la gestión, los representantes de los trabajares de la educación contaban que el gobernador hablaba mano a mano con ellos. En épocas de vacas flacas, usó la política para acercarse a un sector que es particularmente importante en la provincia y, principalmente, en Paraná donde la incidencia de los estatales es decisiva.

Si la intervención de la obra social quiebra esa armonía, se sabrá pronto. Por el momento, los gremios no tienen una posición homogénea al respecto. El rechazo llegó del sector docente y la filial de la CTA. En ATE, por ahora, cunde el silencio.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resaltó que “los mecanismos de control están previstos desde siempre. Si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”. En este contexto, el sindicato docente se declaró en “estado de alerta permanente”.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Entre Ríos consideró que la medida es “intempestiva y unilateral” por lo que expresaron su “rechazo a la intervención” porque “constituye un atropello a los estatales entrerrianos que eligieron sus autoridades para conducir la obra social”.

Por último, se espera una definición de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Aunque ellos perdieron la silla en directorio que corresponde a los activos en manos de UPCN. Por lo que pueden ojear lo que pasa desde afuera y esperar el fin de la intervención con la esperanza de ligar mejores cartas para ganar un lugar en la mesa de decisiones.

UPCN, al auxilio de la intervención

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en tanto, pidió “abrir el diálogo” para “trabajar de manera conjunta”. Así, de concretarse ese llamado, promete al gobernador: “Allí estaremos”. Fue en un comunicado en donde hablan de “buscar soluciones de fondo”.

“Valoramos y honramos a nuestra obra social, que es la de la mayoría de los entrerrianos, por lo tanto es nuestra intención seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, en pos de mejorarla y optimizarla”, indicó el sindicato conducido por José Ángel Allende, un histórico dirigente peronista que llegó a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados después de ser legislador en varios mandatos. De muy buena relación con Frigerio, incluso el gobernador visitó en más de una oportunidad la sede del sindicato y ya llevan más fotos juntos que las que Allende consiguió con el peronista Gustavo Bordet.

El dialogo, o la rosca, para entablar estas relaciones y que las mismas continúen en el tiempo las comanda y ejecuta Troncoso. El hombre a cargo de Gobierno y Trabajo tiene origen peronista y pasado como asesor letrado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), comandada por Gerardo Martínez.

Este equipo venía trabajando desde hace meses para llegar a esta intervención sin dejar cabos sueltos. Ni legales o jurídicos pero tampoco desde lo relacional con los sindicatos, que en definitiva llevan el pulso de los trabajadores del Estado, que son, en consecuencia, los beneficiarios finales del IOSPER.

“Tomamos la palabra del gobernador al indicar que se trabajará de manera conjunta y en equipo con los representantes de los trabajadores y, en respuesta, le aseguramos que allí estaremos” marcó UPCN y comprendió que “para poder realizar ese acompañamiento, sería conveniente que se conforme una comisión específica con la participación de los gremios”.

Rogelio Frigerio junto a José ángel Allende, en UPCN.

Los nombres de la intervención

Mariano Gallegos es un abogado especialista en derecho penal y en derecho de las asociaciones sindicales. Es representante legal de la Obra Social del Ministerio de Economía de la República Argentina y fue vicepresidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) entre 2009 y 2014. Además, fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social entre 2015 y 2019 y auditor legal de la Dirección General Impositiva (DGI) entre 1994 y 1997 y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 1997 y 2000.

En tanto, Marina Alegre es una médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, con especialidad en pediatría y en terapia intensiva pediátrica, neonatología y cuidados críticos y tiene posgrado en administración y gestión hospitalaria. Fue Presidenta del Comité de Bioética del Hospital Materno infantil San Roque, Paraná, Entre Ríos, periodo 2018-2021. Además, fue presidenta del Comité Central de Bioética e Investigación del Ministerio de Salud provincial durante el período 2021-2023. En tanto, hasta la fecha fue directora General de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud de Entre Ríos. El dato político es que se referencia en UPCN y que su nombre estuvo (¿está?) en danza para integrar el área de Salud en un próximo recambio de Gabinete.