El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron denunciados penalmente por haber presuntamente privatizado la campaña de vacunación en la Ciudad. La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, que debe esperar a que el fiscal Carlos Stornelli impulse la instrucción. 

La presentación fue hecha este martes por la mañana por la abogada Natalia Salvo, que sostiene que se habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa asignación de vacunas le da privilegios a esas instituciones y sus socios, sostiene en la presentación. "Lo que se supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deciden que las vacunas sean ´solo para socios´", afirma Salvo en su denuncia.

“Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, explica Salvo en la denuncia.

Se está privatizando el acceso a la vacunación y, de esa forma, se está estafando a la ciudadanía y al Gobierno nacional”, sostuvo Salvo en La Mañana de AM750, lo que explica por qué también presentó la denuncia ante la justicia federal.

La denuncia de Salvo se unificó en el juzgado de Lijo, con otra que presentó el abogado Yamil Castro Bianchi, también, contra Rodríguez Larreta y Quirós por la imposibilidad de obtener turnos de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Según el denunciante, el Gobierno de la Ciudad habría decidido distribuir la mayoría de las dosis entre comités partidarios, amigos y familiares del poder. Castro Bianchi cita como ejemplo el vacunatorio que funcionaría en la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, que correspondería a un comité de la Unión Cívica Radical (UCR).

La causa sobre la vacunación VIP del PRO avanzará si lo impulsa la fiscalía. El fiscal que este año está de turno con Lijo es Stornelli. El tema es que fiscal y denunciantes son viejos conocidos. Salvo denunció  a Stornelli en Dolores por haber extorsionado junto con Marcelo Sebastián D'Alessio al productor agropecuario Pedro Etchebest, lo que dio origen en 2019 a la megainvestigación sobre espionaje ilegal que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla. Stornelli terminó procesado por el juez Ramos Padilla, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata. Salvo le dijo a Página/12 que estaba evaluando recusar al fiscal.

En Comodoro Py había confianza en que la causa iba a empezar a moverse, sin embargo es posible que lo haga con el ritmo que Stornelli quiera imprimirle. Salvo, en su presentación, pidió al juez que tome una serie de medidas, que van desde requerirle información al Gobierno de Rodríguez Larreta cuántos lotes de vacunas recibió por parte del Gobierno Nacional, a qué entes los envío y si tiene lotes que aún no fueron asignados a alguna institución.

Las presentaciones de Salvo y de Castro se conocen después de la revelación de que hubo irregularidades en el acceso de las vacunas contra el Covid-19, lo que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud de la Nación. El lunes, se sortearon más de media docena de denuncias por el vacunagate, que terminaron unificadas en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Ese mismo día, el fiscal a cargo, Eduardo Taiano, impulsó la investigación e imputó a González García y a Lisandro Bonelli. También pidió allanamientos en el Ministerio de Salud y en el Hospital Alejandro Posadas. La jueza ordenó los allanamientos en la cartera que dirige Carla Vizzotti, pero no en el policlínico. Durante buena parte del martes, la jueza tomó declaraciones testimoniales a autoridades del Posadas, tarea con la que continuará el miércoles, mientras en el juzgado analizan la documentación secuestrada en el Ministerio.