Por Facundo La Rosa

Mendoza debe afrontar en 2023 vencimientos por más de 120 millones de dólares del pago de capital del Bono PMM29 (emitido en 2020 para renegociar la deuda que tomó Alfredo Cornejo en 2016). El objetivo del Gobierno de Rodolfo Suarez es cancelarlo con la toma de un nuevo crédito en pesos, con el cual adquirir moneda estadounidense al precio oficial y de ese modo hacer frente a las obligaciones en mejores condiciones. Sin embargo, el oficialismo no tiene el camino allanado.

Es que para llevar adelante esa transacción, el Ejecutivo optó por una estrategia que seguramente continuará en las vías judiciales: el Gobernador firmará un decreto (está casi listo y lo publicaría en el cortísimo plazo) que dispondrá la emisión de títulos públicos en pesos con un plazo de vencimiento mínimo de un año y medio a tasa Badlar y ajustables por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia).

De este modo, el Gobierno pasaría por alto la autorización legislativa que exige en su artículo 41 la Constitución Provincial para nuevo endeudamiento. Sin embargo, la gestión radical entiende que la operatoria se enmarca en lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera de Mendoza (N° 8.706), que faculta al Ejecutivo a reestructurar sus pasivos mediante su “refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia”.

“Ese artículo fue votado con los dos tercios de la Legislatura (NdR: la norma fue sancionada en 2014 con el acompañamiento del PJ y la UCR; sólo el FIT y el PD se opusieron) y nos autoriza a mejorar la deuda. Es sensatez, sentido común absoluto, y es legal ”, argumentó Suarez en diálogo con Medios Andinos.

La legalidad del movimiento fue cuestionada por el fiscal de Estado, Fernando Simón, en el dictamen que emitió a mediados de noviembre. El funcionario interpreta que la Ley 8.076 habilita la reestructuración (en mejores condiciones) de la deuda pública, pero no la toma de nuevo crédito para pagar servicios de deuda. Básicamente, señala que el artículo en cuestión no da licencia para el roll over permanente.

Sin embargo, el titular del órgano extrapoder manifiesta coincidencias con la “conveniencia” de que el Ejecutivo “cuente con mayor flexibilidad a efectos de administrar sus pasivos, aprovechando los momentos más adecuados así como las oportunidades del mercado”. Aunque aclara: “ello resulta una decisión que recae en el Legislador”.

El Gobernador se aferra a esa definición de Simón y difiere en el razonamiento respecto a si se trata -o no- de una reestructuración. “La deuda de la Provincia es una. Si nosotros podemos tomar deuda en pesos para comprar dólares en el mercado oficial, no es lo mismo que pagarla a cotización de contado con liqui o dólar bolsa. Eso es reestructurar y mejorar deuda”, señaló en la entrevista con este medio.

Así las cosas, Suarez está decidió a avanzar con el decreto y, si existen cuestionamientos legales, “lo vamos a defender en todas las instancias porque nos asiste la razón y la ley”. “Es muy conveniente para Mendoza y lo haremos para que haya más obras, más inversión, mejores salarios para los empleados públicos y más fondos para las escuelas”, sentenció.