Por Analía Doña

El gobernador Rodolfo Suarez dispuso de la emisión de títulos públicos en pesos por el equivalente de 81.500.000 dólares con el fin de reestructurar la deuda que tomó Alfredo Cornejo y cuyos primeros vencimientos se deben afrontar en 2023.

Lo hizo mediante la firma del decreto Nº 2.502 que se publicó este jueves 29 de diciembre en el Boletín Oficial, a pesar del dictamen legal negativo que brindó la Fiscalía de Estado respecto de este procedimiento que no contó con el aval de la Legislatura provincial.

En los argumentos, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, expresa que la dirección de Asuntos Legales de su área y la Asesoría de Gobierno de la Provincia emitieron opiniones favorables y que éstas resultan suficientes para apartarse de la posición del fiscal de Estado, Fernando Simón.

"Vamos a llegar a las últimas instancias que haya que llegar, la judicial si es necesario", había advertido el gobernador Suarez sabiendo que la oposición judicializará la cuestión por considerarla anticonstitucional.

El gobernador había anticipado que iría por la vía del decreto

Rodolfo Suarez justificó su decisión de avanzar sin el aval legislativo y el de la Fiscalía de Estado en su interpretación de la Ley de Administración Financiera.

"Yo tengo que pagar 130 millones de dólares y poner los billetes o tomar una deuda en pesos que es la mitad de eso. Porque si voy al Banco Central para que me venda los dólares y los pago al valor oficial me sale la mitad. Eso es rollear la deuda, tomar la deuda en pesos para pagar la que teníamos en dólares", explicó a Diario UNO.

"La ley dice que en la medida en que se mejoren las condiciones de la deuda, se puede rollear y ese artículo se votó con los dos tercios de los votos", argumentó para seguir firme en su decisión.

Para el Fiscal de Estado el artículo 68 permite refinanciar la deuda pero negociando con el mismo deudor, no como hará Suarez que tomará una deuda nueva para pagar la deuda anterior. "Eso es absurdo", cuestionó el gobernador.

Y advirtió que llegará "hasta las últimas instancias", en relación a que, si se judicializa la cuestión, sea la Suprema Corte de Justicia la que decida si el procedimiento dispuesto por decreto es o no constitucional.

La decisión del Máximo Tribunal tendría que ser tomada en pleno, es decir, con el voto de sus siete miembros y en medio del debate de si la mayoría responde al radicalismo y la minoría al peronismo, cuando debiera tratarse de un poder independiente.

El PJ insiste en que es inconstitucional

Marcelo Costa, asesor del Partido Justicialista provincial, advirtió que "el gobernador sabe que es anticonstitucional".

"La deuda nueva necesita de la aprobación por 2/3 en ambas cámaras de la Legislatura de Mendoza. No hay nada que interpretar", agregó en las redes sociales el actual síndico del Banco Nación.

De hecho, recuerda Costa, el oficialismo intentó modificar la redacción del artículo 68 de la Ley de Administración Financiera en la que ahora se basa el decreto con las leyes de Presupuesto tanto en el 2020 como en el 2021. Según su interpretación, esto fue porque justamente la norma no permite el roll over.

Los argumentos de defensa del roll over por decreto

El gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Hacienda Víctor Fayad expresaron que el decreto tiene por fin la realización de una Operación de Crédito Público con el objeto de reestructurar la deuda pública.

Que es el artículo 68 de la Ley N° 8.706 la que faculta al Poder Ejecutivo "a realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento".

Con esta autorización por decreto, el Ejecutivo "procura acceder al mercado local de capitales mediante una operatoria de emisión de títulos públicos en moneda local con el fin de reestructurar su deuda pública, por los montos que corresponden a los pagos de amortización de la deuda en dólares representada en los Bonos Mendoza 2029 emitidos por Decreto N° 1198/20 (en adelante “el PMM29”) cuyos vencimientos se produzcan durante el ejercicio 2023".

Para el Gobierno, contar con "flexibilidad" en las herramientas para administrar deuda respecto del tipo de acreedor es "básico" y que contar con esa opción es más necesaria en "mercados financieros volátiles, como lo es nuestro mercado local, consecuencia de una economía argentina que se caracteriza por presentar múltiples desequilibrios".

Reza en los considerandos que poder aprovechar momentos en los que el mercado ofrece condiciones atractivas es lo óptimo en materia de administración de pasivos y que eso le permitirá a la Provincia "enfrentar las erogaciones que deban disponerse durante el ejercicio con motivo de los vencimientos de los servicios de amortización de la deuda pública".

Sobre la interpretación del artículo 68, marca el decreto que el "espíritu de la norma de administración financiera es permitir a la Provincia un manejo eficiente de sus finanzas y de unaadministración eficiente de los pasivos públicos en condiciones convenientes para la Provincia".

Y que esta operatoria "permitirá mejorar la solvencia del Estado y brindar mayor flexibilidad al facilitar el cumplimiento de sus obligaciones sin afectar recursos".

Sobre la negativa de la Fisalía de Estado

Al no contar con el aval de la Fiscalía de Estado para avanzar con la operatoria, en los argumentos del decreto el gobernador Suarez justifica que "tanto la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas, como la Asesoría de Gobierno de la Provincia han interpretado el texto del Artículo 68 de la Ley N° 8.706 emitiendo dictámenes favorables".

Y que ante la negativa de la Fiscalía de Estado, Asuntos Legales del ministerio emitió un dictamen legal complementario para darle más fuerza a los fundamentos. Que ese nuevo escrito fue ratificado por la Asesoría de Gobierno y que esas opiniones legales "permiten apartarse de modo fundado de la posición exteriorizada por Fiscalía de Estado".