Por: Julián Imazio.

Alfredo Cornejo presentó el nuevo sistema de reparto de fondos a los intendentes y dejó a varios enojados. Se vienen reuniones entre Ulpiano Suarez y los equipos del ministro Víctor Fayad, mientras el peronismo y Esteban Allasino -el más damnificado- arma contragolpes que impactarán en la Justicia. Semana clave por la declaración de Osvaldo Oyhenart en la causa Las Heras. Alrededor de Luis Petri ya fogonean la coalición "sucesora" de Juntos por el Cambio.

El intendente de Capital se reunió con el gobernador el lunes y salió de allí sabiendo lo que ya era obvio: que el paquete fiscal no incluiría el resarcimiento a su comuna por el Fondo Compensador; un caudal de dinero que debe otorgársele por ley y que, por quedar desactualizado durante trece años, ya acumuló según sus abogados $7.500 millones de deuda. Fue el primero de los desencantados por el proyecto oficialista, pero finalmente no sería el único.

Para contenerlo, el Ejecutivo le propuso un encuentro en que se empiece a buscarle fin al asunto, sobre todo luego de que Suarez anunciara que no iba a dudar en llegar hasta la Suprema Corte de ser necesario. Toda una rareza para uno de los caciques propios, que tendría que enfrentarse en la Justicia contra el mismísimo gobernador al que viene respaldando desde hace años. Antes del viernes, confirmaron habrá un cara a cara entre los equipos de Fayad y la secretaria de Hacienda de Ciudad, Patricia Sánchez.

Hay dos ejes: por un lado deben definir cómo le pagarán lo que ya está en deuda: Ulpiano sostiene que debe contarse desde enero de 2011 (la última vez que le mejoraron esa suma) hasta el día en que se cierre el nuevo acuerdo. Y mientras no haya un avance formal, en su equipo le han sugerido que el monto siga corriendo; es decir, incrementándose. El otro aspecto es definir cómo le abonarán el dinero de ahora en más -que es precisamente el cambio que esperaban en el nuevo proyecto-. El jefe comunal ya le anticipó al Gobierno que pedirá el 2,5% de toda la masa coparticipable más lo que igual le corresponde por los otros ítems. Hay oficialistas a las que les parece demasiado.

Ulpiano Suarez suma dos pedidos inesperados a su reclamo: terrenos.

Le hagan caso o no, lo que asoma es una modificación recién a partir de 2025, porque el presupuesto de este año ya está definido y bastante ajustado. En calle 9 de Julio aceptaron eso, pero aprovecharan el acercamiento para sumar otras peticiones: que se cedan 33 hectáreas en la zona del ex Aeroparque y otros terrenos cerca de donde era el autódromo; donde tienen pensada la construcción de un parque solar.

Luján ya piensa en pedir la inconstitucionalidad

El intendente de Luján tiene todo listo para ir a la Justicia. Sabedor desde hace meses de que el nuevo mecanismo lo tendría a él como el mayor damnificado, tal como se terminó de confirmar esta semana. Con el nuevo esquema de repartos, se estima que recibirá entre 1.600 y 1.800 millones de pesos menos de lo que le corresponde actualmente; aunque en la comuna admiten que también percibirán $700 millones más que el año pasado -por los otros ítems-.

El miércoles, el intendente de Luján le escribió a Fayad para tener una reunión. Es lo que había declarado unas horas antes frente a los medios: que quería una audiencia con el ministro para escuchar sus argumentos y dar los propios. Por ahora, ese encuentro no fue agendado. Lo que sí, el titular de Hacienda ya definió que irá este jueves a explicar el proyecto en la Legislatura. Iba a ser a las 10, pero para no superponerlo con las comisiones que tratarán uno de los proyectos mineros, quedará para el mediodía.

El sucesor de Sebastián Bragagnolo tiene un plan: si se aprueba el proyecto, irá directo a solicitar la inconstitucionalidad de la medida ante la Suprema Corte, con dos argumentos técnicos basados en los artículos 5 y 8 de la Ley de Coparticipación. Simplificado, lo que va a manifestar es que, para cambiar el coeficiente que busca modificar Cornejo, se tiene que actuar sobre toda la coparticipación primaria. Y para hacer eso (ahí invoca el artículo 8), reclamará que debe convocarse una comisión bicameral específica que trate el tema. Es decir, no quedaría al arbitrio sólo de los organismos legislativos actuales y del recinto, donde el oficialismo tiene mayoría. Lo que pretende el oficialismo es justamente cambiar el artículo 5 por la redacción de un texto nuevo: el artículo 22 del proyecto presentado días atrás.

El planteo de Allasino tiene algunos aspectos en contra: el primero es que la ley no dice expresamente eso, aunque no se descarta que la suya pueda ser una interpretación válida. Lo segundo son los antecedentes de sus reclamos, que no han tenido grandes efectos: ya presentó ante el máximo tribunal una medida de no innovar en torno a los fondos de las comunas y eso no trajo ningún resultado. Tampoco lo tuvo su pedido al mismo organismo por el resarcimiento administrativo de $20 mil millones, reclamados tras los juicios territoriales ganados a Las Heras.

Esteban Allasino planea su segunda presentación ante la Suprema Corte.

En el único municipio demarchista del Gran Mendoza dicen que el Gobierno se rehúsa a dialogar. Entre el martes y el miércoles emitirán un comunicado oficial acompañado por gráficos para explicar mejor su postura. Ahí mostrarán cuánto perderían si la ley se aprueba, al mismo tiempo que otros municipios recibirían más dinero del que les corresponde en la actualidad.

Cuotas hipotecarias de 40 pesos al mes

En 2006, bajo la gestión de Néstor Kirchner, se creó la Ley de Financiamiento Educativo, que hace que todos los meses la Provincia retransfiera miles de millones de pesos a las comunas. Desde hace más de un año hay rencillas por los pedidos de la administración local para que los intendentes rindan cuentas de qué hacen específicamente con ese dinero. Con el nuevo proyecto, el PJ puso el grito en el cielo por un asunto que tiene que ver con eso:

“Coparticipación Financiamiento Educativo: Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de los municipios, el Poder Ejecutivo promoverá la retención de las transferencias de los fondos asignados con destino a las comunas". Palabras más, palabras menos, el punto es ese: el Gobierno quiere ejecutar una retención de los montos si es que los intendentes no rinden las cuentas correctamente o si no presentan los informes correspondientes (entre otros posibles incumplimientos). Está todo en el artículo 52 de lo que presentó Fayad.

No están de acuerdo y, según ellos, el oficialismo quiere "direccionarles" en dónde invertir los montos. La ley, sin embargo, no habla de especificidades. En principio sólo dice que deben ir a "mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando aquellas que benefician a la primera infancia en situación de vulnerabilidad, la disminución de la brecha socioeducativa, el apoyo a la educación obligatoria y la inserción en el mundo del trabajo".

Lo tratarán en un zoom al que están invitados todos los secretarios de hacienda de las comunas peronistas. Está planeado para principios de esta semana y en él discutirán los aspectos del proyecto. En torno al coeficiente de equilibrio, sugerirán incluir otras variables y no sólo la demográfica. "Salvo San Rafael, a los otros departamentos que beneficia no les da tanto dinero más que ahora, así que eso no será un obstáculo entre nosotros", dijo un legislador.

El peronismo espera a Víctor Fayad el jueves en la Legislatura.

Cambia Mendoza se defiende y dice que no es un proyecto sólo para ajustar, sino que también puede beneficiar en muchos aspectos a la ciudadanía, como en una nueva propuesta para los préstamos hipotecarios. En ese sentido también está la idea de vender los activo: es decir, que los créditos tomados con anterioridad sean comprados por privados, que serán quienes los cobren. "Sólo son atractivos los posteriores al 2017. Antes de eso, o sea antes de los UVA, había algunos que se actualizaron muy mal. Hay gente que todavía está pagando 40 o 50 pesos por mes de un crédito de 1984. Eso es incomprable", graficó un oficialista.

Por último, creen que uno de los grandes ahorros puede estar en la venta o cierre de Acequia TV, el canal de televisión estatal. Puertas adentro del Gobierno afirman que para hacerlo funcionar se necesitan unos 500 millones de pesos anuales en gastos operativos. A este diario le remarcaron que el plan "A" sigue siendo venderlo, pero no sólo por las fuentes de trabajo y por el dinero que ingresaría, sino también para cuidar el activo intangible de tener una señal como esa en la provincia. Por ahora no hablan de posibles compradores.

La alianza que asoma en Mendoza

Hay mendocinos armando una nueva coalición alrededor de la figura de Luis Petri. Se planea para los desafíos electorales de 2025 y 2027, pero prometen que las primeras novedades, ya con mercado de pases incluido, se darán a fin de año. Quieren que incluya al PRO, a La Libertad Avanza y a una parte -no todo- del radicalismo. Una afrenta a la hegemonía del cornejismo en la UCR local.

"Es algo a nivel nacional, pero que claramente en Mendoza tendrá un correlato fuerte, o al menos eso planeamos. Nuestros vínculos con el PD y con Lourdes Arrieta de los libertarios son muy buenos. No lo dijeron, pero también lo tienen con algunos sectores del PRO local (que a propósito, tiene sus elecciones a la vuelta de la esquina con tres competidores garantizados: Hebe Casado, Sol Salinas y -a esta altura casi nadie lo duda- Gabriel Pradines por el demarchismo).

"Entendemos esto como la posible sucesión de Juntos por el Cambio; como la evolución que tiene que tener a partir de ahora ese espacio. Es claro que el frente ya no es lo que era y que desapareció su antigua representación. Hoy está referenciado casi únicamente en la Liga de Gobernadores", dijo uno de los mariscales de ese armado.

Luis Petri y Mercedes Llano, en un encuentro durante la semana pasada.

Petri les ha marcado a los propios que Milei les está solicitando una nueva coalición. Un frente grande con todo lo que les falta ahora: más peso en las provincias y mayorías en las dos cámaras. En ese sentido, y mientras se van dando algunas conversaciones para la nueva fuerza, dicen ver un radicalismo "más permeable" en Mendoza: "Muy referenciado en el gobernador, pero con un discurso absolutamente pro Milei. Lo vemos en los actos de la UCR en los departamentos".

El ministro está conforme con el desempeño de los nombres que ha puesto. Como detalló UNO esta semana, es el mendocino que más funcionarios tiene a nivel nacional y en el petrismo lo leen como una demostración: "Decían que no tenía experiencia en el Ejecutivo y hoy la demuestra tanto en Defensa como en los organismos donde trabajan los suyos", marcan. Petri ha reprendido un poco esa visión: dice que no les debería sorprender, porque es parte del equipo que tenía pensado si le tocaba gobernar la provincia. Ya tiene arrimados algunos perfiles para futuros nombramientos.

"No hay nada de eso de su parte; está 100 x 100 abocado a gestionar Defensa, que es una tarea complejísima", contestan en su entorno. "La gestión no es lo más importante, sino lo único importante", remarcan. Es esa gestión la que lo tendrá viajando a Noruega para terminar de pagar los aviones P-3 Orión que solicitó en enero y a Dinamarca para comprar los F-16 (aunque Milei se bajó de este último viaje). También pedirá anexarse a la OTAN como socio global. "Menem nos hizo aliados extraOtan, pero este petitorio que llevamos es un paso más que eso", le confesó esta semana a uno de sus contactos en Mendoza.

Además, en su equipo de Buenos Aires contaron que la semana que viene entra al Congreso el proyecto que anunció en Rosario para combatir el narcotráfico y que habrá más tareas en el Comité de Crisis que integra con Bullrich.

Declaraciones clave: Oyhenart y el "Moco" Pérez

El lunes será clave en la causa Las Heras porque declara Osvaldo Oyhenart, según cree la Justicia, una de las piezas clave en la presunta red de corrupción montada en los últimos años. Aunque no está claro si responderá preguntas, será una prueba interesante para la nueva querella, la que representa a la municipalidad y se sumó este año al proceso.

Este lunes declara Osvaldo Oyhenart. Su abogado presentó un certificado médico para aplazar la audiencia anterior.

Estos ya estuvieron presentes el martes, en la declaración que, tal como anticipara este medio el pasado domingo, solicitó hacer otro de los imputados: Adrián "Moco" Pérez. Éste sólo dio su versión de los hechos y no quiso contestar absolutamente nada de lo que se le consultó. Pero lo que dijo encendió las sospechas de algunas de las partes, quienes dicen que les resultó "extraña" su versión y que, para ellos, claramente buscó exculpar a Janina Ortiz y Daniel Orozco.

"Lo que expuso fue cuanto menos raro", contaron a UNO. Primero por las contradicciones que tuvo: como que dijera al principio que Oyhenart le sugirió inculparse, pero después le decía que se fugara. Y después, él hecho de que él mismo pidió 'dejar bien aclarado que Janina y el intendente no tuvieron nada que ver'. Nos pareció extraño. Propio de una estrategia judicial como la que estábamos esperando", relataron.

El "Moco" habló bastante. Además de inculpar a Oyhenart y decir que su ex abogado (Saúl Porco) le había jugado en contra porque había sido puesto por el entonces funcionario, contó las maniobras que supuestamente se hacían para cobrar en el banco Supervielle de calle Rivadavia, frente a la plaza Godoy Cruz.

Según la narración, a la que tuvo acceso UNO, iban con el contador Daniel Herrera, que a veces lo pasaba a buscar en una camioneta blanca, "pero un día también en un Audi TT", y retiraban dinero. ¿Cómo? Pasando a una oficina interna y llevándose mochilas cargadas de fajos de billetes que luego el "Moco" le daba a Herrera. ¿Cuánto se quedaba Pérez? 25 mil pesos por cada "extracción; (siempre siguiendo la versión contada), lo que sería bastante poco si se tiene en cuenta que supuestamente era el presidente de la cooperativa.

Contó también que un día le enseñaron a firmar. Toda una mañana practicando hasta que por fin automatizó, más o menos, una firma. La que más se conoció fue una que simplemente dice "PÉREZ" escrito a pulso vibrante y en letras de un par de centímetros de altura -propio de la condición de casi analfabeto que él mismo ha expresado-, pero también tienen constancia de otra que es parecida a una "A", mayúscula y que es la que usó más tiempo, según contaron.

El camino de Janina

El lunes pasado la fiscalía a cargo pidió revisar que los expedientes estuvieran correctamente guardados y precintados. Son los elementos probatorios principales para la Justicia, junto con los celulares que fueron secuestrados y que -en algunos contados casos- todavía se están peritando.

Janina se defiende y por ahora no está imputada.

Todo lo demás es considerado prueba de menor jerarquía. Incluso lo obtenido el jueves 28 de marzo, cuando el fiscal Juan Ticheli llegó de sorpresa al edificio municipal. Fue para establecer cómo trabajaba la cadena de funcionarios desde que se solicitaba un pago hasta que se emitía la orden en tiempos de Orozco. El propio fiscal no conocía la municipalidad, pero el asunto es que, con el cambio de gobierno en el medio, muchas oficinas y quienes las ocupaban cambiaron de lugar en esa "cadena de mandos". En principio, el allanamiento no sirvió.

Ahora los movimientos fuertes que se esperan son dos: además de la declaración de Oyhenart -el 15 a las 15- también hay expectativas sobre lo que pueda generar el fallo de la Suprema Corte contra Janina Ortiz. Hay fuentes que aseguran que a partir de ahora, como le rechazaron su último pedido, ya se la puede imputar y que es inminente. En su entorno señalan lo contrario.

Lo que explican es que la abogada de Ortiz, María Elena Quintero, hizo reserva de apelar el fallo de la Corte por vía de un recurso extraordinario federal, y que eso implica que tiene diez días hábiles para interponer un planteo contra la decisión del máximo tribunal mendocino. Esta decisión quedaría firme sólo si Quintero desiste de hacer la presentación, lo cual se da por descontado que no pasará.

El 22 de abril termina ese plazo y podrá conocerse cómo sigue la historia.