LA VOZ DEL CHACO publicó en sus ediciones del 10 de diciembre de 2014 y de 12 de febrero de 2015, sobre la faltante de un total de $5.497.009.223,84 millones en Tesorería General de la Provincia, entre 2013 y 2014, y desde entonces el gobernador interino no se había pronunciado al respecto, hasta ayer, cuando fue consultado sobre el tema por una radio local. No sólo reconoció el «robo hormiga», sino que además le cargó responsabilidad por la cuestión al contador general de la provincia Milciades Duré, quien había intentado desmentir a este medio aduciendo que el facsímil publicado «no responde a un documento que haya sido elaborado por personal de Contaduría de la provincia».

«No conozco cuál es el monto», expresó el gobernador a cargo Juan Carlos Bacileff Ivanoff reconociendo de esta forma que hubo transferencias «indebidas» en la Tesorería General de la provincia.

Inmediatamente agregó: «Es un ente autárquico, ellos se manejan independientemente. Su presupuesto, su actividad, no la manejo yo», aclaró e informó que conoció sobre la cuestión en 2014. «Me enteré el año pasado que existía ese problema y lo único que hice fue llamar a los responsables y pedirle que actúen, que se hagan sumarios».

Chiyo apuntó que tras su pedido «se hicieron sumarios internos, se detectó que era un robo hormiga pero no depende del gobernador porque tienen autarquía, dependen del contador general de la provincia», señaló refiriéndose a Duré.

El robo

Tal lo publicado por este matutino el caso fue conocido en septiembre del año pasado. En esa fecha se inició una investigación interna y se corroboró el faltante de casi $6 mil millones a través de movimientos del sistema Interbanking; y este medio accedió a la documentación que indica que el dinero fue remitido a cuentas de personas físicas ajenas al Estado.

Sin embargo, el contador general de la provincia cuestionó el facsímil publicado en estas páginas. Según Duré, «la copia del facsímil publicado (el lunes 9) en la página 20 del medio gráfico no responde a un documento que haya sido elaborado por personal de Contaduría de la provincia». Sin embargo, el facsímil que acompaña esta nota demuestra todo lo contrario, y además coincide con la firma y sello del documento por medio del cual solicitó derecho a réplica.

Las documentaciones a las que accedió este medio indican que tras la auditoría, el contador general del Chaco, Milciades Duré, comunicó (el 23 de enero pasado) al ministro Federico Muñoz Femenía, sobre el resultado de la auditoría el pasado 23 de enero. Estas documentaciones advierten del faltante $2.109.575.205,58 en 2013 y $3.387.434.018,26 a septiembre de 2014, e indican que en ese área se habrían realizado «pagos sin sustento legal»; sin autorizaciones pertinentes, no se ejecuta presupuesto hasta que no se produzca el perfeccionamiento de la erogación respectiva; no se cumplen las normas relativas al régimen de contrataciones; posibilidad de que se efectúe duplicación de erogaciones, posibilidad de que se eludan los sistemas de control vigentes, y posibilidad de que se efectúen pagos ilegítimos.

En la auditoría se solicitó al tesorero general que informe quiénes son los responsables de la gestión de la modalidad de pagos Interbanking. Dos personas eran las autorizadas en la Tesorería General, y otros dos operadores (sólo para consulta) en el Nuevo Banco del Chaco. La entidad también respondió que tres eran las personas (administradores generales) encargadas de la consulta y transferencia, quienes poseen autorización y clave para realizar por sí transferencias bajo la modalidad Interbanking.

Bajo esa modalidad se constató «gran cantidad» de transacciones realizadas durante el período auditado, en total, la sumatoria de ellas fueron $5.497.009.223,84, a septiembre de 2014, cuando se descubrió que en ese área del Estado provincial se estaba realizando el «robo hormiga». De esas transacciones se verificó la documentación de respaldo, verificación de la legitimidad de la operación, verificación de las condiciones de los receptores de la transacción.

Surge de la investigación interna «el riesgo que implica para la seguridad del Sistema Integrado Financiero del Estado que se permita un circuito paralelo de extracción de fondos por mecanismos que no corresponden». Esto llevó a la denuncia penal presentada ayer por Lealtad Popular ante la Justicia chaqueña.