Fue en la exposición minera que se realizó en San Juan, la semana pasada, cuando el gobernador Gustavo Sáenz pidió públicamente cambios en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que discute el Congreso en el marco del proyecto de ley bases. El mismo planteo hizo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Ambos pertenecen al grupo de seis mandatarios que conforman la Mesa del Cobre y que se expresó a favor del RIGI, en términos generales.

Finalmente, fueron escuchados por el Gobierno nacional, particularmente por el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que dispuso cambios en el dictamen que obtuvo la ley bases en el Senado.

Entre las modificaciones, se reformuló el artículo 163 del régimen, que vulneraban algunos aspectos de las autonomías provinciales. También, agregó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales.

Se limitó, además, el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Para el caso, deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen. Otra de las modificaciones fue la incorporación de incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas y servicios locales.

También se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser girados al exterior luego de transcurridos tres años.

En San Juan, Sáenz había declarado en medios locales que el RIGI "es fundamental" y que se debía trabajar en su aprobación "rápidamente porque nada es para siempre". Reiteró el pedido de "algún tipo de modificaciones que garanticen las autonomías provinciales, entendemos que aquellos que quieran hacer grandes inversiones deben tener grandes posibilidades de hacerlas y motivaciones para hacerlas como las tienen en otros países así que esperemos que en el Senado se apruebe rápido", aseguró.