Por Juan Rubinacci

El gobierno de Axel Kicillof presentó en la Legislatura bonaerense el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, anunciado hace meses. Con el proyecto, busca fomentar las inversiones en Buenos Aires, aunque con diferencias sustanciales respecto del RIGI impulsado por el presidente Javier Milei.

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Con la presencia en la Cámara de Diputados del ministro de Producción, Augusto Costa, representantes de ambas cámaras escucharon los argumentos del oficialismo, que tomó distancia del RIGI nacional y calificó el programa bonaerense como un complemento a la normativa aprobada en el Congreso. Lo fundamenta con una tesis: el texto provincial brindará beneficios admitiendo en el programa solamente a aquellas empresas inversoras que aseguren un impacto en suelo bonaerense.

Augusto Costa y Alejandro Dichiara, en Diputados.

Exige que los beneficiarios del programa generen empleo con mano de obra bonaerense e impulsa la innovación tecnológica, alienta las políticas de género, la sustitución de importaciones y la sustentabilidad ambiental.

Es decir, el régimen provincial funcionará como un complemento del RIGI, aunque con la lógica inversa, brindando los beneficios vigentes por la normativa nacional e incorporando nuevos beneficiarios que demuestren el impacto productivo, económico y social antes de obtener las exenciones.

RIGI vs. RIGI, el juego de las diferencias

La principal diferencia entre ambos proyectos es el piso para ingresar al beneficio. El nacional está previsto para inversiones que superen los 200 millones de dólares en tierra argentina, mientras que el bonaerense arranca desde 5 millones de la moneda estadounidense, lo que abre la puerta a pymes, aunque sin excluir a los proyectos más ambiciosos. El gobierno de Kicillof entiende que se abre un abanico más amplio para propuestas que pueden llegar al interior de la provincia.

Otro contrapunto es lo que el capital inversor le dejará al Estado. El RIGI no tiene exigencias para las multinacionales, que no deberán limitarse a ninguna norma de “compre local” y podrán importar con arancel cero todo lo que necesitan para producir, nuevo o usado, desde insumos y partes hasta bienes de capital y uniformes de trabajo.

El del Ejecutivo bonaerense supone una propuesta de plan de desarrollo de proveedores provinciales, que deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales. Además, plantea que al menos el 50% del monto total esté destinado a la contratación y adquisición de bienes, servicios u obras de empresas radicadas en Buenos Aires.

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Sustitución de importaciones y políticas de género

Otra de las diferencias entre los proyectos nacional y provincial radica en el incentivo bonaerense para las empresas que sustituyan importaciones e implementen políticas de género, con un beneficio impositivo superior al dispuesto al momento de la admisión. En esos casos habrá un incremento del beneficio del 10% si además se le suma la previsión de sostenibilidad ambiental.

En ese sentido, el RIGI nacional permite la importación y exportación libre de los bienes para la construcción, operación y desarrollo del proyecto sin aranceles para las grandes compañías y no menciona en ningún artículo el tema género. En ese punto, las críticas del gobierno provincial se fundan en “la competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles”. “El RIGI pone en riesgo toda la industria local y sus puestos de trabajo al facilitar la importación de bienes que compiten con lo nacional”, argumentan.

Los beneficios en el tiempo

También hay una diferencia grande en la proyección temporal de las inversiones. El programa nacional prevé estabilidad tributaria por 30 años, un tope del 25% en el Impuesto a las Ganancias, la posibilidad de computar a cuenta de este todo lo que se pague por “impuesto al cheque” y créditos fiscales transferibles para el pago del IVA. El provincial no supera los 15 años para las desgravaciones tributarias y un sistema de escalas progresivo conforme a la inversión que va desde los 5 millones de dólares hasta las superiores a los 200 millones de dólares.

Las escalas del programa de Axel Kicillof

Otro de los puntos de diferenciación es el sistema de escalas que el proyecto provincial establece con beneficios para las compañías según la inversión que hagan y el plazo de tiempo. Por caso, los incentivos tributarios como las exenciones parciales del pago de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos difieren entre las inversiones de 5 millones de dólares (30% durante cinco años); más de 50 millones (25% en cuatro años) y más de 200 millones (20% en dos años).

Este es uno de los puntos que la oposición pidió revisar en detalle este martes. El PRO y la UCR solicitaron evaluar el texto, específicamente la propuesta del oficialismo acerca de otorgar “los menores beneficios a los que más dinero invierten”. Lo mismo con lo relacionado con las exenciones vinculadas al tema de género y sostenibilidad ambiental.

Adhesión o no adhesión

Contrariamente al discurso de la oposición bonaerense que exhortaba al gobierno provincial a adherir al RIGI nacional, es la norma promulgada por Milei la que no prevé ningún tipo de adhesión, ya que en la primera página del texto sostiene que la ley tendrá aplicación plena en todo el territorio argentino desde la sanción de la misma, independientemente de la adhesión o no de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Por el contrario, la ley provincial sí invita a la adhesión de los municipios, “a través de la adecuación de los tributos bajo su cargo a las disposiciones del Régimen creado por la presente”.

La primera página del RIGI y el "capítulo adhesiones".

Coincidencias

A pesar de ser proyectos que fomenten las inversiones, queda a la vista que ambos tienen poco que ver en cuanto al espíritu o a lo que cada gobierno pretende que le resulte más beneficioso. No obstante, hay algunos puntos -pocos- que tienen coincidencias, aunque estos se circunscriben a los términos legales, tales como los informes previos de los inversores respecto de la factibilidad técnica y económica del proyecto.

Lo mismo sucede con las evaluaciones de riesgo, los balances comerciales y de flujos de divisas para los primeros años de la fecha de aprobación. Los dos proyectos suponen la descripción de la fuente o modo de financiamiento del monto de la inversión y la proyección de creación de empleo directo e indirecto.