Un texto se puede leer del derecho y del revés. O se puede leer una parte y omitir otra, sobre todo las que tienen un subtexto que hay que descifrar. Alberto Fernández eligió leer las partes de la carta de Cristina Kirchner en las que lo defiende de las supuestas agresiones de empresarios y medios periodísticos. Es su derecho. Pero la política no es tan lineal ni ingenua. El Presidente debería detenerse en los párrafos en los que la vicepresidenta toma distancia de su gobierno, que parece ser el sentido último de su declaración pública. "Funcionarios que no funcionan" o "aciertos y desaciertos" del Gobierno son frases con una enorme dimensión política en la escritura de un (o una) vicepresidente. O debería releer los párrafos en los que ella anticipa que no asistiría al acto de ayer por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Un desaire al jefe del Estado, que se ocupó personalmente de traer desde Quito la estatua del expresidente argentino muerto y de encargar su reparación. La viuda no fue. No es una viuda cualquiera; es una expresidenta, jefa política de la franja más importante de la coalición peronista gobernante y actual vicepresidenta. ¿Nada de eso importa? Es lo que dice el Presidente. Puede decirlo. No comete ningún pecado. En todo caso, está demostrando que es un hombre con una paciencia infinita.

El aspecto más sorpresivo de la carta de Cristina es el que propone un amplio acuerdo para enfrentar la crisis económica. No le gusta la economía bimonetaria, que realmente existe por imposición de la sociedad, como si fuera un problema que se resuelve solo con voluntad política. La propuesta incluye la convocatoria a la participación de los sectores de la vida nacional contra los que ella despotrica en esa misma carta. Esto es: los empresarios, los medios periodísticos y la oposición. Macri, periodistas y empresarios son, en efecto, los despreciables protagonistas (y culpables) de la preocupante situación argentina; solo agrega la pandemia sin culpar a nadie. La oposición debería aceptar si es convocada por el Gobierno; la crisis es demasiado profunda como para no explorar cualquier posibilidad. Debería ir con un espíritu escéptico. ¿Cómo hacer un acuerdo con un sector político que no cree en la participación de los empresarios en el progreso nacional? ¿Cómo hacerlo con gobernantes que hasta descreen de la propiedad privada, resguardada por la Constitución, con funcionarios que alientan la toma de tierras y de campos? Los grandes acuerdos que se dieron en otros países, y que fueron piedras fundamentales de cambios y superación, los protagonizaron personas de extracciones políticas muy distintas, pero seguras y coincidentes de hacia dónde iban.

En Guernica, unas 100 hectáreas fueron ocupadas ilegalmente hace casi dos meses. Hasta funcionarios del Gobierno aceptan que en esa toma, como en muchas otras, actúan mafias que venden terrenos que no les pertenecen. Un minué entre el gobierno de la provincia, el ministro de Seguridad (que es otra parte del asunto) y la Justicia está postergando el desalojo de esos terrenos. Para peor, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo (e insistió) en que los countries son también terrenos ocupados porque algunos no pagan los impuestos como deberían. En todo caso, es un problema impositivo, no de propiedad. En el gobernador influye más el prejuicio ideológico contra cierto sector social que las garantías protegidas por la Constitución.

El caso más iridiscente se está dando en un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos. Luis Etchevehere, la cara más visible de la familia, fue ministro de Agricultura de Mauricio Macri y presidente de la Sociedad Rural. ¿Hay una persecución ideológica o política contra Luis Etchevehere? Es probable. Cristina Kirchner no dijo nada sobre ese caso ni sobre el derecho a la propiedad privada en su interminable carta. El Presidente despachó el asunto con una frase corta y prejuiciosa: "Es cosa de ricos".

La hermana de Luis Etchevehere, Dolores, dice que es tan propietaria de ese campo como sus hermanos. Un escribano testificó que Dolores vendió la parte que le tocó en la herencia de su padre. Ella dice que su firma fue falsificada. Un problema de sucesión y una pelea entre hermanos. Los tribunales están llenos de esa clase de conflictos. El caso de los Etchevehere no es una novedad. La solución está en manos de los jueces, no de las organizaciones sociales, que ocuparon hasta la casa principal, o de los funcionarios nacionales que se metieron en la disputa. El principal impulsor es Juan Grabois, líder de una organización social, llevado de la mano por Dolores Etchevehere. Pero también entró a la propiedad de los Etchevehere la directora nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti. La jefa del Instituto Nacional contra la Discriminación, Victoria Donda, y Daniela Verón, miembro del cuerpo de abogados del Ministerio de Justicia, se involucraron personalmente en el conflicto y hasta asistieron a audiencias judiciales. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, no dijo nunca nada. Dolores Etchevehere está casada con Segundo Güiraldes, que ya en 2005 usurpó violentamente la estancia familiar La Porteña, en San Antonio de Areco, donde Ricardo Güiraldes escribió Don Segundo Sombra. Segundo Güiraldes no tiene ningún derecho hereditario sobre esa estancia, pero la ocupó con un grupo armado argumentando que había entregado un adelanto de dinero para comprarla. Se comprobó luego que nada era cierto. ¿Un método habitual del matrimonio de Dolores Etchevehere y Segundo Güiraldes? Todo indica que sí.

Grabois merece un párrafo aparte no solo porque es cercano al Gobierno (y, sobre todo, a Cristina Kirchner), sino también porque suele pavonearse con una supuesta relación con el papa Francisco. Grabois hace trascender que se reúne con el Papa y después no contesta cuando le preguntan sobre sus reuniones con el Papa. Es un método perfecto para parecer influyente sin decirlo. El domingo pasado, el Papa recibió en audiencia oficial en el Vaticano al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y durante la audiencia pronunció un discurso que fue grabado e inusualmente difundido por el Vaticano. El Pontífice dijo entonces que "la patria se hace con todos" y señaló que es "lamentable cuando una ideología se apropia de un país". La relación del Papa con Grabois es incompatible en ese universo de ideas, porque el jefe del catolicismo repite que siempre es mejor el acuerdo que el conflicto. Grabois es extremadamente ideologizado, verbalmente violento y socialmente sectario. Grabois, que lideró la ocupación de la propiedad de los Etchevehere, le hace más daño al Papa en la Argentina que cualquiera de sus peores adversarios. Y le hace daño a la Iglesia argentina, porque no sabe qué hacer ni qué decir ante una situación inexplicable. Son los obispos los que promueven el diálogo, mientras un supuesto amigo del Papa genera hasta escenas de lucha de clases. Aunque él niega que busca un enfrentamiento entre clases sociales, lo cierto es que el discurso de Grabois y sus actos van en esa dirección. Basta con escuchar lo que dijo anteayer frente al predio de la Sociedad Rural, en Palermo, también en protesta por el campo de los Etchevehere.

Victoria Donda se metió en el conflicto porque supuestamente se había discriminado a una mujer, Dolores Etchevehere. Los abogados del gobierno nacional adujeron que Dolores necesitaba la asistencia de abogados. ¿Necesita realmente Dolores Etchevehere que el Estado se haga cargo de sus demandas por una millonaria sucesión? ¿O estamos ante el principio del desconocimiento del derecho de propiedad? La sola sospecha de que la propiedad estaría en discusión movilizó a centenares de productores rurales que acudieron a Entre Ríos para respaldar a Luis Etchevehere. La policía debió separar a los productores rurales de los que ocupaban el campo privado. Los productores autoconvocados, que no integran ninguna de las organizaciones de la Mesa de Enlace de los ruralistas, amenazaron con comenzar un programa creciente de huelgas en el campo, que terminaría con un paro general y total de actividades. Un desastre más. El Gobierno, tan lleno de escribidores de cartas y de gente propensa a hablar de lo humano y lo divino, calla. En un país sumergido en una crisis económica y social demasiado profunda, atizar el enfrentamiento entre sectores sociales es el peor de los remedios.

Por: Joaquín Morales Solá