Destacó que la Corte Suprema haya apartado al magistrado federal de Quilmes, Luis Armella, del seguimiento del fallo que ordena depurar el curso hídrico ante su presunto vínculo con empresas beneficiadas por contrataciones directas, mientras interpretó que el mensaje del máximo tribunal fue que tomará "medidas contra todos aquellos que no cumplan con la sentencia".

"Averiguamos quién tenía las facultades de control porque hay adjudicaciones muy evidentes e insinuantes y, en la audiencia pública última, el secretario de Ambiente señaló que no había ejercido un control con una respuesta un poco evasiva sobre ese tema", criticó Despouy.

El presidente de la AGN agregó: "Nosotros acreditamos que ACUMAR (la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) tenía facultades, tanto por la ley como por los convenios, de ejercer ese control".

Se refirió así al ente presidido por Mussi e integrado también por funcionarios bonaerenses y porteños, que está encargado de aplicar el programa integral de saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Despouy, al volver a fustigar a la cúpula de la ACUMAR, sostuvo: "O sabía que se producía esto o tendría que saber que había un manejo tan desordenado, tan liberal de las adjudicaciones".

"También, (por la investigación de la AGN) supimos que AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), que es la que principalmente realizó las contrataciones, tenía también la obligación de controlar", enfatizó.

Por último, interpretó que la Corte Suprema, con el fallo con el que apartó a Armella, "quiso decir que todos tienen que descontaminar y, cuando surja algún obstáculo, lo va a remover".

"Al mismo tiempo, está diciendo a los tres Estados y a los otros actores, como las empresas de la región: 'Señores, esto es un llamado de alerta: si estamos dispuestos a apartar a nuestro juez, también vamos a tomar medidas contra todos aquellos que no cumplan con la sentencia'", completó.