A lo largo del curso de agua están radicadas miles de empresas. Entre ellas hay algunas que producen un alto nivel deshechos contaminantes, las petroquímicas, las curtiembres, entre otras. Es uno de los circuitos industriales más importantes del país. Quizás por esto resulta tan difícil lograr su reconversión.

En julio del 2008, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia conocida como “fallo Mendoza”. Responsabilizó al gobierno nacional, al porteño y al bonaerense, por la situación ambiental a la que están sometidas las casi dos millones de personas que se calcula que sufren algún tipo de impacto a lo largo de todo el curso de agua. A partir de esa resolución judicial se creó el Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo). El objetivo del organismo es articular políticas con todos los gobiernos involucrados, incluidos los municipios bonaerenses, para sanear la cuenca.

¿Cuánto se ha logrado avanzar en estos 13 años? ¿Qué es lo que faltó para ir más rápido? Estas fueron algunas de las preguntas que respondieron los especialistas consultados por Diario Z sobre el tema.  

Un poco de historia

Antonio Elio Brailovsky es economista especializado en medio ambiente y profesor universitario. Dirigió el Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo. Fue convencional constituyente de la Ciudad y el impulsor de los artículos 26 a 30 de la Carta Magna porteña, que se ocupan de los derechos ambientales.  

“No se han logrado grandes cambios de fondo”, sentenció al empezar. “El Riachuelo es la principal área industrial del país. Y todas las administraciones están influidas por las empresas que contaminan. Se habla mucho de la pobreza de los pobladores, de las cloacas, y está muy bien. Se han hecho algunas cosas en ese sentido. Sin embargo, de lo que no se habla es del impacto de la industria en la contaminación. Es un tema evitado”.

Entre algunas de las cosas que se han hecho está la reubicación de las familias que viven al borde del Riachuelo. En septiembre del 2010, el Acumar hizo un relevamiento y contabilizó 17.700 familias en condición de “alto riesgo”. Sobre ese número, 2.527 se encontraban en la jurisdicción de la Ciudad. Y según la información pública del Gobierno porteño, se logró reubicar a 727, aproximadamente el 30 por ciento.

“Se han hecho obras en la costa, reubicado familias, y está muy bien -insistió Brailovsky-. Pero el tema de fondo es la industria que vierte los contaminantes. Y ahí hay una responsabilidad de la Corte Suprema”.

“Lo que no se aborda es el tema de fondo: la contaminación que producen grandes empresas que vierten sus desechos en la cuenca y tendrían que hacer una reconversión tecnológica”

Antonio Brailovsky, ex director del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo de CABA.

El especialista cuestionó el “fallo Mendoza”. “Produjo un retraso-explicó-. A fines del siglo IXX, la Corte Suprema también trató un conflicto por la contaminación en la cuenca. En aquel momento era por los saladeros. En 1871 se había sancionado una ley que ordenaba a los establecimientos contaminantes a irse. Los saladeristas de Barracas judicializaron el tema y la Corte determinó en su sentencia, la causa Podestá, que nadie podía invocar derechos adquiridos si su actividad atentaba contra la salud pública. Y esa decisión solucionó bastante la cuestión de la contaminación en ese momento”.

Según el académico, el déficit del fallo Mendoza es que “les reconoce derechos adquiridos a las empresas que trabajan en la cuenca. Entonces desanda el camino del fallo del siglo IXX que ponía la salud pública por encima de esos derechos”.

Según el Acumar, el 58% de las empresas aún no realiza las adaptaciones para dejar de contaminar.

“Por eso-remató Brailovsky-es que la Justicia no ha supervisado el cumplimiento de su propia sentencia, haciendo algo básico que sería medir el nivel de contaminación del agua de modo periódico. Por supuesto que las otras cosas que se hacen ayudan, pero no atacan el corazón del problema”.

Marcelo Corti es director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En el año 2010 estuvo a cargo del plan de residuos para la denominada “cuenca alta” de la cuenca Matanza Riachuelo. Su visión sobre este tema fue similar a la de Brailovsky.   

“Hay una limpieza del camino de sirga, relocalización de habitantes, creación de los ecopuntos para recepcionar residuos.  Pero lo que no se pudo fue romper la lógica básica-dijo Corti-. No está monitoreada la cuenca como para saber dónde están los efectos más graves de contaminación. No hay un sistema de alerta temprana para ver si hay alguna empresa vertiendo residuos contaminantes”.

“El resultado no se nota si se reconvierten solo las empresas que generan menos desechos. Se han adaptado las menos contaminantes”.

Marcelo Corti, director del Centro de DesarrolLo Sustentable Geo de la Facultad de Economía de la UBA.

Acumar tiene un listado de empresas que cumplieron con las normativas de adecuación impulsadas por el organismo y otras que no. En el primer relevo había 1.370 firmas que debían producir cambios. Sobre esa cifra, según los datos oficiales, el 42% hizo adecuaciones y el resto no. ¿Por qué a pesar de este avance los niveles de contaminación no ceden?   

“No es lo mismo que se reconviertan las empresas que generan el mayor impacto que las otras -dijo Corti-. Si no cambió la calidad del agua es porque no se adaptaron las que más contaminación generan. Les resulta más fácil adecuarse a las empresas que producen menos deshechos contaminantes. Por eso es que el volumen de empresas que se adecúan no se traduce de modo simétrico en la descontaminación”.    

Qué se puede hacer

El diagnóstico de los especialistas que hablaron con este medio impulsa un interrogante central: ¿Qué más se puede hacer? ¿De qué modo se limpiaron ríos con niveles de contaminación similar como el Támesis en Londres?  

“Respecto al Támesis hay dos factores, uno es natural y el otro es político -respondió Brailovsky-. Es un río que tiene un caudal 10 veces mayor que el Riachuelo. Eso lo hace más fácil de filtrar. Y el tema político es que el curso de agua pasa por delante del palacio real, del parlamento, es decir, afecta instituciones del Estado y zonas pudientes de la ciudad. El Riachuelo pasa por delante de zonas pobres. Imaginemos si su curso fuera por detrás de la Casa Rosada y llegara hasta la Recoleta”.

Ambos especialistas coincidieron en que el camino de solución no es mover a las empresas sino su reconversión tecnológica. “Qué sentido tendría sacar una empresa que contamina el Riachuelo para que vaya a contaminar a otro lado”, dijo Corti.   

Por su parte, Brailovsky destacó que “lo más importante es hacer inversiones en cambio de tecnología y en algunos casos de depuración. La tecnología para que sea menos contaminante ya existe”.

“El tema -agregó el ambientalista-es quién paga la reconversión. Es más difícil adaptar algo que ya existe que empezar de cero. Se van acumulando los problemas. Y cada año que pasa la inversión necesaria es mayor. Eso es parte del círculo vicioso”.