Los cubanos pueden desde ayer pedir al gobierno del presidente Raúl Castro una licencia para construir viviendas "por esfuerzo propio", es decir sin la intervención de agentes oficiales. La iniciativa tuvo la luz verde de La Habana el año pasado, y el Instituto de Vivienda la aprobó "recientemente" para todas aquellas personas que sean "titulares de terrenos, azoteas u otras áreas contempladas en la nueva resolución", según informó una emisora de la oficial Radio Rebelde. Los nuevos permisos para la construcción de casas "por esfuerzo propio" reemplazarán al actual sistema, limitado a casos "seleccionados" y "aprobados" por las autoridades responsables en cada circunscripción. Ahora, en el marco del proceso de apertura impulsado por el menor de los Castro, podrán hacerlo todos los interesados en construir una casa "que reúnan los requisitos legales necesarios".

La nueva ley contempla los casos de viviendas en mal estado y la posibilidad de ampliación, mientras que el Gobierno pondrá en marcha mecanismos para la venta estatal de materiales de construcción. Según fuentes del Instituto de la Vivienda, se asignará "un nivel de metros cuadrados en correspondencia con el núcleo familiar" y, tras obtener el permiso, las personas podrán comenzar las obras "automáticamente". A cargo de recibir y procesar las solicitudes de licencias estará el Departamento de Control Territorial de las Unidades Inversionistas, con sedes en los 169 municipios del país.

La falta de viviendas y el mal estado de las actuales por falta de mantenimiento es uno de los problemas más graves que enfrenta Cuba. Las autoridades calculan que actualmente hay un déficit de 600 mil casas en este país de 11,2 millones de habitantes, en parte por los destrozos que causaron los tres huracanes que asolaron la isla en 2008. En este escenario, los planes de construcciones estatales decrecieron de 150 mil a 50 mil nuevas viviendas por año, una suma que no alcanza para cubrir la demanda.

Jaqueado por el deterioro habitacional, Raúl Castro indicó hace un año que había que desarrollar la base industrial para construir cientos de miles de casas y se pronunció por compartir el esfuerzo con los particulares. Fue así que defendió la idea de "no prohibir" las edificaciones que se realicen con "esfuerzo individual".

Según el modelo imperante hasta ahora, el trabajo de levantar una nueva casa recae en brigadas de construcción y principalmente en las peripecias de los propios ciudadanos, que tienen que afrontar numerosos trámites burocráticos antes de poder construir o refaccionar sus viviendas. Una vez obtenido el permiso, el futuro propietario debe sumar los problemas derivados de la escasez de materiales.

Una mirada de la Corte brasileña a la ley de amnistía

A 31 años de su aprobación por un gobierno de facto, la amnistía que benefició a los represores brasileños irá a la Corte Suprema, que deberá decidir si la norma ampara o no los delitos de "homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, tortura y violencia" contra opositores. La revisión del perdón sancionado por la dictadura en 1979 es reclamada desde hace años por organismos de derechos humanos. El único de los 11 magistrados del Supremo que hasta ahora expresó su opinión al respecto fue Gilmar Mendes, quien declaró que un cambio en la norma generaría "inestabilidad institucional" y usó como ejemplo, sin citarlos, a "países hermanos" que juzgaron a sus militares y pasaron por "bastante inestabilidad a lo largo del tiempo".

En el extremo opuesto se sitúa el secretario nacional de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi, quien sostuvo que "en los tiempos de la dictadura militar no existía ninguna ley que permitiera la tortura, que es un un crimen común y no prescribe", incluso según acuerdos internacionales suscritos por Brasil. Hasta ahora, el presidente Lula da Silva se mantuvo al margen de las discusiones.