En un fallo que lleva la firma de los jueces Catani, Farah e Irurzun, fue revocado el cierre de un proceso en contra del funcionario de María Eugenia Vidal, en el que está acusado de urdir una maniobra para perjudicar al entonces camarista Alfredo Barbarosch en el año 2004, cuando era diputado nacional por el Partido Justicialista.

Concretamente, a Ritondo se lo acusa de haber organizado un supuesto pedido de juicio político contra Barbarosch ante el Consejo de la Magistratura, que incluyó la falsificación de firmas de algunos legisladores que cuando fueron convocados a declarar en la causa, desconocieron la rúbrica que se les atribuye  o expresaron dudas al respecto, tal es el caso de los ex diputados Carlos Sosa, Pedro Venica, Hugo Franco y Ubaldo Rattín.

En el fallo publicado ayer por Centro de Información Judicial (CIJ), los jueces de la sala II afirman que "debe considerarse además que siete de los diputados nacionales que reconocieron su rúbrica recordaron que fue el entonces legislador Ritondo quien 'aparecía como el principal impulsor del pedido'(f. 4746), quien 'me pone en tema del asunto' (f. 3401/3), 'el único que les transmitió a todos los integrantes del bloque información acerca de lo que contenía el escrito en cuestión' (f. 4570), 'el que lo contactó para presentarle el tema… con [quien] mantuvo entrevistas en la Cámara de Diputados para conversar pura y exclusivamente sobre el proyecto al cual lo invitaba a firmar'".

"En estas condiciones corresponde revocar el sobreseimiento de Cristian Ritondo y por los mismos argumentos el archivo resuelto respecto al tramo de la maniobra referido al tráfico de influencias", contuaron los camaristas.

La causa madre

El proceso en que se involucra a Ritondo se originó en 2004, cuando Moneta pretendió a toda costa quedarse con la mitad del paquete accionario de Cablevisión SA, por entonces  perteneciente al fondo de inversión estadounidense Hicks, Muse Tate & Furst (HMT&F), para lo no ahorró ninguna de las herramientas de presión que tenía a su alcance.

Por aquellos años, Cablevisión había comenzado un proceso de reestructuración (que finalizaría recién en 2006 con la venta del 60 por ciento de sus acciones al Grupo Clarín), y a Moneta se le ocurrió que esa circunstancia era una oportunidad inmejorable para quedarse con la operadora de televisión por cable más grande del país.

Si bien durante la década de los noventa Moneta había fundado junto al fondo HMT&F el CEI Citicorp, un holding que llegó a ser propietario de Telefónica de Argentina, Telefé, Torneos y Competencias, Radio Continental y la propia Cablevisión, entre otras empresas, a fines de 2001 se peleó con sus ex socios y a partir de ese momentó comenzó con una serie de aprietes y maniobras judiciales destinadas a apropiarse de la compañía en cuestión.

Una de estas maniobras fue la denuncia por estafa que en 2003 Moneta entabló contra Hicks, y que a través de un par de chicanas jurídicas cayó en manos de dos jueces que solían ser benevolentes con el ex banquero: Juan José Mahdjoubian primero, y luego Ismael Muratorio.

Este ardid fue descubierto por los camaristas Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone, que denunciaron la maniobra bajo la figura de forum shopping y apartaron a los dos magistrados de primera instancia, denunciándolos en el Consejo de la Magistratura y en la justicia penal por posible comisión de delito junto a Moneta.

Lejos de sentirse amedrentado por el accionar de los camaristas, Moneta continuó su cruzada judicial y económica contra los dueños de Cablevisión, y además decidió vengarse del juez Barbarosch, utilizando sus contactos en la Cámara Baja para impulsar un pedido de juicio político que fue presentado con la firma de 70 diputados, muchas de las cuales luego se descubrió que habías sido truchadas.