La Justicia le propinó un nuevo revés a la versión del vicepresidente Amado Boudou sobre el caso Ciccone. Ahora le dijo que no al ex banquero Raúl Moneta, quien pretendía figurar como el supuesto financista y "socio capitalista" que aportó $ 35,5 millones para el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund en la imprenta.

El juez en lo Comercial Javier Cosentino le dijo que no a Moneta, que a través de su firma Mayer Business Corporation buscaba presentarse en la quiebra de la ex Ciccone como un acreedor perjudicado por la debacle de la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- y su posterior intervención y estatización por el Gobierno.

Para el juez Cosentino, sin embargo, la supuesta operación financiera que Vandenbroele y Moneta acordaron días antes de la intervención oficial es "ineficaz", por lo que Moneta no puede sumarse al resto de los acreedores afectados por la quiebra de la ex Ciccone, según le notificó por cédula el 16 de este mes.

La decisión del magistrado implica un nuevo revés para las estrategias defensivas de Boudou y de Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro, para quedarse con el 70% de las acciones de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda.

Cosentino cuestionó ese supuesto acuerdo de financiamiento que selló Vandenbroele al considerar que "no se acreditó debidamente la contraprestación recibida" por la ex Ciccone "como contrapartida de la deuda asumida" con la firma de Moneta, al tiempo que concluyó que, aun si de verdad existió, "debió contar con la autorización" de su juzgado "en forma previa a su realización".

Cosentino resolvió entonces "declarar la ineficacia de pleno derecho de reconocimiento de deuda y refinanciación suscripto por Vandenbroele en su doble carácter de presidente de The Old Fund y de Compañía de Valores Sudamericana el día 3 de agosto de 2012".

A través de ese supuesto acuerdo, Vandenbroele buscó transferir, recordó el juez, "la totalidad de acciones y derechos de The Old Fund por los préstamos y adelantos efectuados a favor de Compañía de Valores Sudamericana a favor de Mayer Business Corp", lo que en la práctica implicaría reconocer una deuda "a favor de Mayer Business Corp [es decir, Moneta] por la suma de $ 35.558.400".

En rigor, Moneta pretendía sumarse al expediente de la quiebra por un monto aun mayor, de $ 43,8 millones, ya que al monto original le sumaba los intereses acumulados. Pero el juez Cosentino terminó por decirle que no.

Para tomar esa decisión, el magistrado se apoyó en el dictamen del síndico de la quiebra, Martín Stolkiner, quien aconsejó rechazar el pedido de Moneta -aquejado desde hace tiempo por serios problemas de salud- porque estimó que ese supuesto acuerdo contradice la ley 24.522 de concursos y quiebras, desde que se presentó como "un acto a título gratuito, realizado sin la autorización del magistrado y sin la conformidad de sus acreedores".

No sólo eso. Stolkiner también recordó que la supuesta operación entre Vandenbroele y Moneta "tuvo lugar dos días antes del dictado del decreto 1388/12, que dispuso la intervención [de la ex Ciccone] por parte del Poder Ejecutivo" y reiteró que a cambio de quedarse con las acciones "no se acreditó prestación alguna" de la empresa de Moneta "a favor de la hoy fallida" (por Ciccone).

Ya en abril de 2014 Stolkiner les había impuesto otro freno a Moneta y Vandenbroele. Entonces puso en duda varios datos formales de los mismos documentos. Por ejemplo, la "falta de fecha cierta del reconocimiento de deuda", que en teoría sería el 1° de agosto de 2011, pero que sólo se certificó un año después, cuando la operatoria ya se encontraba bajo investigación judicial y faltaban horas para que la Casa Rosada ordenara la intervención de la imprenta.

También el entonces titular de la unidad fiscal antilavado, Raúl Plee, había alertado que esos documentos podían estar antedatados "más de un año y un mes", pero el fiscal terminó apartado del caso Ciccone y removido de esa unidad fiscal, que terminó por reconvertirse en la hoy Procelac, a cargo de Carlos Gonella.

Vandenbroele, sin embargo, presentó a Moneta como el supuesto "socio capitalista" detrás de The Old Fund en un escrito defensivo que presentó ante el juez federal Ariel Lijo, aun cuando hasta los abogados que defienden al Ministerio de Economía desde la estatización de la ex Ciccone negaron "enfáticamente" que en los libros de la imprenta existieran constancias de esa supuestas operación.

Para Boudou, en tanto, la decisión que tomó ahora Cosentino significó un nuevo traspié para su defensa judicial, porque cuando Lijo lo indagó, en junio de 2014, llegó a recriminarle que no investigara a los "empresarios de fuste" que, según él, estaban detrás de la ex Ciccone. Y ante la repregunta sobre a quiénes se refería, el vicepresidente sólo nombró a uno: Moneta. Ahora, al menos según la justicia en lo comercial, esa posibilidad es "ineficaz de pleno derecho".