La Suprema Corte bonaerense falló a favor de los usuarios en una causa iniciada en 2012 luego de que el gobierno de Daniel Scioli autorizara un aumento del 180% en la tarifa del servicio de agua prestado por Absa en 91 distritos de la provincia, incluidos varios de la primera sección.

Con esta resolución, que seguramente será apelada ante la Corte Suprema de la Nación, Absa -el 90% pertenece al Estado provincial- debería devolver lo cobrado irregularmente. Desde la prestataria estatal, y de manera extraoficial, aseguraron que esa situación podría dejar a la empresa al borde de la inoperatividad.

El fallo del máximo tribunal provincial respalda la presentación original del entonces diputado provincial de la Coalición Cívica Oscar Negrelli y la defensora ciudadana platense María Monserrat Lapalma, respecto de que el aumento no respetó los pasos exigidos por las leyes, específicamente la realización de una audiencia pública para que usuarios y el organismo de control (Ocaba), dirimieran la necesidad y proporción del incremento propuesto.

Historia

En mayo de 2012 el gobierno bonaerense dispuso un ajuste tarifario para el servicio de agua potable y cloacas que brinda la empresa Absa, que alcanzaba incrementos de hasta el 180%, al llevar el valor del metro cúbico de agua de $0,607 a $1,693.

La medida, plasmada en el decreto 245/12 provocó fuertes críticas de los usuarios y la presentación del amparo en el juzgado Nº1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, a cargo del juez Luis Federico Arias. En esa presentación, los demandantes solicitaron suspender el nuevo régimen tarifario sosteniéndose en que el mencionado decreto "vulneraba los recaudos establecidos en la normativa vigente, en particular la previa celebración de una audiencia pública".

La argumentación a la que hizo lugar la Justicia de primera instancia y generalizó para toda la provincia, sostenía la vulneración del artículo 42 de la Constitución Nacional y el 38 de la Constitución Provincial, ambos en referencia a la protección de los derechos de los consumidores, entre ellos el de tener "información adecuada y veraz" sobre los servicios que utilizan.

absa en quiebra

"Dado la magnitud del esfuerzo económico que se debería realizar, si ABSA tuviera que cumplir con ese fallo debería bajar la persiana ya que se quedaría sin recursos para hacer obras, mantenimiento de la red y seguir prestando el servicio de agua. A esta altura, este conflicto requiere de una solución política", dijeron altas fuentes del gobierno bonaerense ante una consulta del diario platense Hoy. En el medio está Daniel Scioli que añops atras y sin escuchar en reclamo de los vecinos, dio via libre al tarifazo.

Desde ABSA ya estaría preparando el recurso de apelación al fallo del máximo tribunal bonaerense para que sea la Corte Suprema nacional la que tenga la última palabra en el conflicto. En caso de que la Corte bonaerense haga lugar a la apelación, con efecto suspensivo, habría un compás de espera que podría durar meses o años, hasta que se expida el máximo tribunal del país. Ahora bien, si se hace lugar con efecto devolutivo, el fallo deberá ser de efectivo cumplimiento.

Desde la Fiscalía de Estado que encabeza Hernán Gómez afirman que existe un plazo de diez días para la presentación de una apelación. No obstante, durante ese período la prestataria demandada contará con la reserva del recurso federal, es decir, la posibilidad de llegar a la instancia judicial máxima, que solicitó durante el período en que la causa había llegado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

La principal cuestión que originó la controversia fue que el ajuste tarifario se dispuso sin considerar previamente el llamado a una audiencia pública para que los usuarios y el organismo de control, el Ocaba, dirimieran la necesidad y proporción del incremento propuesto por Absa. El llamado a audiencia pública sí ocurrió este año, ante una nueva solicitud de la empresa de aumentar un 46% el servicio no medido y hasta 150% para el medido.

Luego de dos reuniones con usuarios y asociaciones de consumidores en las que se rechazó de plano un nuevo incremento al considerar que no se ejecutaron obras tendientes a mejorar o ampliar la red de servicio de agua corriente y cloacas, el gobierno provincial analiza ahora aumentar entre el 10% y el 70% la tarifa desde el 1 de enero de 2015.