Un durísimo revés judicial recibió el Estado Provincial en la causa que había iniciado contra la empresa EDECAT para ejecutar la garantía prendaria constituida por el 51% de las acciones de la firma, que desde octubre de 2008 controla en forma provisoria.

La jueza Cecilia Delgado, subrogante en el Juzgado Comercial y de Ejecuciones de Primera Nominación, rechazó el pasado 23 de mayo, el procedimiento adoptado por el Estado Provincial. Tras analizar sucesivas presentaciones del Estado provincial y de IATE, controladora de la firma EDECAT, consideró que no le corresponde a la Justicia ejecutar la garantía prendaria, puesto que la vía contemplada en el contrato de concesión del servicio de energía eléctrica y en el mismo contrato de garantía es la ejecución por vía administrativa.

Es decir que la Justicia entendió que la Provincia después de haber tomado el control de EDECAT invocando reiterados y graves incumplimientos contractuales, debería haber avanzado con el procedimiento establecido en el contrato de concesión: convocar a una licitación pública internacional del 51% de las acciones dentro del período de los 120 días.

¿Por qué no se activó directamente esa vía? Existe una vía administrativa abierta por otros temas, pero la estrategia por la que optaron los abogados del Estado -el asesor general de Gobierno, Guillermo Dalla Lasta y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Daniel Ortega- fue ir a la Justicia para que sea ese poder el que determine la ejecución. Los argumentos del Estado fueron rechazados, uno a uno, por IATE, representada por el abogado Jorge Díaz Martínez.

Analizadas las pretensiones de las partes, la jueza -que subroga en el cargo a la fallecida Beatriz Wagner- consideró que el título a ejecutar estaba "inhabilitado" para su ejecución. La magistrada entiende que para ejecutar una prenda comercial debe existir "una deuda exigible" que se pueda calcular con claridad o que surja del mismo contrato, algo que no se desprendía ni del planteo judicial de la Provincia ni del contrato de concesión presentado. "La sola alegación de una obligación incumplida sin determinación de este requisito (la deuda exigible y liquidable) no resulta de recibo en este tipo de proceso".

Seguramente el Estado apelará la resolución judicial pero, igualmente, este revés abre un panorama realmente complejo para la Provincia, que dejó vencer los 120 días que tenía, tras activar la garantía prendaria, licitar ese 51% de las acciones de IATE y, con ese dinero, cobrarse las deudas por los sucesivos incumplimientos y luego devolver el saldo sobrante a la empresa desplazada.

Ahora, las cosas seguramente serán más complejas y mucho más costosas para el Estado.

Aunque la vía judicial seguramente seguirá en instancia de apelación, la magistrada dispuso que el 75% de las costas las pague la Provincia y el 25%, EDECAT.

Antecedentes

El Estado provincial arrastra este problema con EDECAT desde el momento en que el gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, decidió por decreto -el 24 de octubre de 2008 y tras una semana caótica en la prestación del servicio energético- intervenir la empresa activando la garantía prendaria, correspondiente al 51% de las acciones de IATE. De esa forma, desplazó a los directivos de la empresa y nombró a un directorio de su confianza, presidido por Oscar Andreatta e integrado por Sergio Díaz, Pablo Gaffet y Horacio Ludueña.

La acción siguiente del Gobierno, tras tomar el control de la empresa y hacerse cargo de la distribución energética de una forma provisoria que continúa hasta hoy, fue recurrir a la Justicia para pedir la ejecución de la prenda -en este caso las acciones de IATE- descartando lo que establecía el mismo contrato de concesión y de garantía que expresamente fijaba los 120 días para sacar a licitación internacional las acciones y cobrarse las multas aplicadas a la firma.

En febrero de 2009 y a días de que venciera ese plazo, el asesor general de Gobierno comunicaba a El Ancasti que la decisión oficial había sido dejar caducar el plazo de venta -por vía administrativa- de las acciones hasta tanto el nuevo directorio "oficial" de EDECAT elevara un informe sobre el estado patrimonial, financiero y operativo de la empresa.

Aunque se supone que ese informe fue presentado -no trascendió de forma completa- el Gobierno mantuvo desde entonces una total indefinición e incertidumbre respecto de la suerte que correría el servicio público.

El subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante y el propio ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, siempre esquivaron la respuesta señalando que era resorte exclusivo del Gobernador. Y Brizuela siempre evadió, ante la requisitoria periodística, una decisión acerca del servicio energético, quizá esperando que la vía judicial le resulte favorable.

Desde el momento de la intervención, las opciones que los funcionarios y el propio Brizuela pusieron a rodar eran amplísimas y opuestas entre sí: la venta de las acciones y la reprivatización del servicio energético, su reestatización; o bien la conformación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM), al estilo de lo sucedido con Aguas de Catamarca. Esa indefinición oficial llevó la situación a un extremo del que ahora habrá que ver cómo se vuelve. Y, en este nuevo contexto político, es un hecho que el problema lo heredará el próximo gobierno.

Seguramente la causa Edecat quedará como una pesada herencia para el futuro Gobierno.

ESTRATEGAS

 Aunque habitualmente una demanda de esta naturaleza suele ser encarada por Fiscalía de Estado, la estrategia judicial contra EDECAT fue elaborada por el asesor general de Gobierno, Guillermo Dalla Lasta, y por el ahora subsecretario de Relaciones Institucionales, Daniel Ortega.

SUBROGANCIA

 La jueza Cecilia Delgado, quien firma la sentencia, subroga a la doctora Beatriz Wagner, fallecida el año pasado, en el Juzgado de Ejecución Comercial Nº 1. Hasta ahora, el Ejecutivo no mandó al Senado los pliegos para designar a un nuevo titular de ese juzgado, por lo que la estabilidad de Delgado es muy precaria.