La Justicia ordinaria local acaba de rechazar el pedido efectuado por el funcionario y empresario Eduardo Solzona para que una jueza de Instrucción se aparte de la causa que le sigue, tras una denuncia efectuada por el abogado Juan Eduardo Davis por asociación ilícita y una larga lista de otros delitos.
La caída de este ingeniero es el punto de partida que puede poner al descubierto toda una trama de oscuros negociados que incluye, principalmente, a la administradora de la UCAP, Stella Maris Manzur. La información fue difundida en la víspera por el propio Davis, quien radicó la denuncia en calidad de coordinador local del prestigioso Centro de Estudios "Nelson Mandela".
"La Cámara del Crimen rechazo el planteo de recusación presentado por el abogado de Solsona contra la jueza Laura Paz, aduciendo como causales entre otros motivos, que la magistrada mostraba extrema celeridad en la investigación de los ilícitos", reveló Davis.
"Se trata de un intento de frenar la investigación y sacar de la causa a la jueza natural para que caiga en manos de otro más dócil y domesticado por el poder político, y así cajonear y enterrar una investigación que tanto preocupa a estos funcionarios que están severamente comprometidos", conjeturó el abogado.
"Solsona pretendió desplazar a la jueza aduciendo una supuesta connivencia con el Diario Opinión Ciudadana por avanzar demasiado rápido en la investigación de estos funcionarios; es decir que se pretendió acusarla por exceso de velocidad en la búsqueda de la verdad", redondeó.
Por otro lado Davis, informo que se ha incorporado a la causa una nueva evidencia que compromete aun mas a Solsona, "quien a todas luces aparece como confeso en su vinculación doblemente de funcionario y empresario, cuya empresa es justamente la que contratara con la UCAP para la ejecución de obras. Es decir que se trata de un funcionario que públicamente apareciera en medios de comunicación anunciando la realización de las obras que sus empresas ejecutaban y contrataba su propia esposa, a través del Gobierno provincial".
Para el profesional, "estos funcionarios además conforme se solicitara al fiscal interviniente deben ser también investigados por enriquecimiento ilícito en la función publica, ya que son propietarios de una gran fortuna construida en esos cargos; hace algunos años eran simples empleados públicos y ahora son multimillonarios prósperos. Este es el verdadero modelo formoseño con una minoría de funcionarios y amigos del poder multimillonarios y un pueblo empobrecido y marginado", denunció finalmente.
UN HOMBRE CLAVE
Davis identifica a Solsona, como jefe de Inspectores de Obra de la UCAP; socio de Edifikar SRL e Inteleq, empresas que fueron beneficiadas con numerosos contratos de obra pública. También como propietario de Emporo SRL, empresa que cobra contratos millonarios por la limpieza de los equipos de refrigeración en la provincia. Sin embargo, el eje de todo el carruaje pasa porque es el esposo de la titular de la estratégica y poderosa UCAP, Stella Maris Manzur, el área que maneja todo el andamiaje relacionado con la obra pública formoseña, donde se mueven millonarias sumas de dinero, enviadas por el Gobierno nacional y manejadas en el más absoluto silencio por el Gobierno de Gildo Insfran
En la tramitación de este expediente que se ventila en la Justicia provincial de Formosa, surgen informes sobre los bienes del ingeniero en la zona de Belgrano, por ejemplo, de los que es dueño en algunos casos y en otros co-propietario.
Un departamento allí, no baja de los 600.000 dólares, ni 10.000 pesos el metro cuadrado, lo que otorga precisiones sobre la capacidad y solvencia financiera de Solsona.
Junto con su mujer, un hijo de ésta y algunos socios, este empresario chaqueño está denunciado formalmente por asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos, encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito, todos en concurso real.
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