El Municipio de Coronel Dorrego, al mando del intendente Raúl Reyes, sigue convulsionado por la denuncia que da cuenta que un funcionario (que luego renunció) realizó una obra de extensión de cloacas, sin el permiso del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante, en una calle que da a unos departamentos de su propiedad. Hay una presentación judicial, por la que la comuna recibió un nuevo revés.

La Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la decisión del fiscal Sebastián Foglia, quien había desestimado la denuncia presentada por el concejal de UC, Osvaldo Barcelona, en la que se pedía que se investigue la extensión del servicio de cloacas sin autorización del Concejo a una propiedad de un funcionario.

En principio, Foglia había entendido que no había delito y que lo ocurrido tenía que resolverse en el ámbito administrativo. Ahora, la justicia de Bahía Blanca determinó que se debe investigar si existió delito en la ejecución de la obra de cloacas, que se llevó a cabo sin autorización y favoreció al director de Obras Sanitarias, Horacio Ullmann.

| Barcelona: “Se han malversado caudales públicos o (cometido) fraude en perjuicio de la administración pública”

“No puede descartarse que los hechos así descriptos pudieren configurar un delito contra la administración pública que, además, habría generado gastos o perjuicios económicos a la misma”, dice la Fiscalía General al revocar la resolución del Fiscal Foglia.

El cimbronazo fue tal en la gestión de Raúl Reyes que se llevó puesto al director de Obras Sanitarias, Horacio Ullmann, quien reconoció haber llevado el servicio de cloacas a unos departamentos de su propiedad, sin el correspondiente permiso. En esa ocasión, Ullmann atribuyó el hecho a un “error administrativo” y esgrimió que no configura un delito.

Según consta en su denuncia, el concejal de Unidad Ciudadana, Osvaldo Barcelona, expuso que entre agosto y octubre de 2017 tomó conocimiento de la realización de una obra de extensión de la red cloacal de 50 metros aproximadamente, sin autorización del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante.

En ese entonces, el edil advirtió que la obra se ejecutó “para beneficio de una construcción (departamentos) que se erige sobre esta vereda par de la calle Juárez, que a priori serían propiedad de Horacio Ullmann, según sus propias declaraciones públicas”.

“Se han malversado caudales públicos o (cometido) fraude en perjuicio de la administración pública, mediante el abuso de haberse realizado una obra en beneficio de un único frentista, con el agravante que se trata de un funcionario público municipal”, aseguró Barcelona.