A tres meses de la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos(SOMU), una auditoría preliminar revela serias irregularidades en el gremio que encabezaba Enrique Omar Suárez, a quien Cristina Kirchner definió en su viaje a Angola como uno de sus sindicalistas "favoritos".

Entre los desfases encontrados, hay "exorbitantes" sobreprecios en compras directas; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos; multiplicidad y superposición de tareas y cargos, y la "ausencia total" de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios.

Están bajo la lupa certificaciones de obras en construcción que estarían sobrevaluadas por $ 4.687.477. También se registraron pagos de más a un proveedor de kits escolares y a una empresa que está a cargo de la seguridad, que facturaba $ 835.258 mensuales. La firma es Sistema Laboral Corporativo, que sería controlada por el ex general Mario Gabriel Dotto, a quien los marítimos acusan de militarizar el gremio con el aval de Suárez. Se detectó, además, el robo de 32 autos que están a nombre del gremio. Dos de los 73 vehículos que tiene el SOMU eran utilizados como propios por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel y su mujer, la senadora provincial Cristina Fioramonti.

La intervención del SOMU fue ordenada el 18 de febrero pasado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga a la cúpula del gremio, sobre todo a Suárez, por bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y por una serie de maniobras supuestamente ilícitas. Según averiguó LA NACION, Suárez sería citado a indagatoria en los próximos días y se le sumarían los cargos por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Además, podría ser citado el ex tesorero Juan Manuel Medina, que se resiste a devolver un Toyota SW4 modelo 2015, entre otras presuntas irregularidades administrativas que llevan su firma.

La comisión interventora del SOMU está integrada por Santiago Viola (designado por el juez), Jorge Alonso (por Jorge Triaca) y Gladys González (por el Poder Ejecutivo). Hay dos curiosidades. La primera: Viola patrocina a Leandro Báez, el hijo de Lázaro, en la causa por lavado de dinero que involucra a su padre. La segunda, no tan colorida, pero sí la más llamativa: ninguno de los tres interventores tiene injerencia en la obra social, una de las cajas del gremio. Canicoba Corral ubicó allí a Ramiro Tejada y Pablo Garrido. Ellos deberán verificar, entre otras cosas, una deuda de $ 7.428.790 que la prestadora reclama por gastos que supuestamente debían ser afrontados por el gremio.

La intervención del SOMU alcanzó además a dos empresas vinculadas a Suárez. Una se trata de Malonot SA, que fue creada para tercerizar el servicios de limpieza del gremio y en cuyo directorio figura la hija del ex tesorero. Según la auditoría, Malonot facturaba con sobreprecios hasta $ 483.568 por mes.

El otro caso, y quizás el que más preocupa a Suárez y a ex funcionarios kirchneristas, es el de la intervención de San Jorge Marítima. La comisión está detrás de pruebas que comprueben supuestos pagos irregulares del Estado y empresarios. Hay dos organismos en la mira: el Ministerio de Planificación Federal, que encabezaba Julio De Vido, y la Administración General de Puertos, que controlaba Sergio Borrelli.

Suárez no respondió ayer las llamadas de LA NACION.

Con la intervención del SOMU, el Gobierno se trazó algunos objetivos. En primer lugar, exhibir transparencia en la gestión, algo muy poco común en las organizaciones sindicales. El segundo punto: enviar un mensaje de disciplinamiento al resto de los gremios. Y, por último, quizá más simbólico, mostrar la caída de un sindicalista vinculado al kirchnerismo, quien construyó un imperio de negocios vinculados al puerto a partir de su rol gremial y en perjuicio de sus representados.

Omar Suárez

Ex líder del SOMU

El dirigente marítimo montó un holding de empresas ligadas a su actividad gremial; el SOMU está intervenido desde febrero