Analizaron in situ las obras que estaban comprometidas a partir de fondos de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) entre 2013 y 2015 y comprobaron serios incumplimientos. Más de un año después de haber sido relevados, ya son parte de una causa judicial que hizo desfilar por Comodoro Py a Aníbal Fernández , Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, y en la que se espera que casi un centenar de intendentes sean llamados a indagatoria.

Auditores de la Sigen y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable visitaron distritos, y en algunos de ellos, como Quilmes y Río Gallegos, comprobaron que las obras que debían realizarse con fondos nacionales brillaban por su ausencia.

El 11 de febrero de 2016, un equipo compuesto por personal de la Sigen y del programa Girsu visitó Río Gallegos. Los acompañó el actual intendente, Roberto Giubetich. En 2012, cuando gobernaba la capital santacruceña Raúl Cantín, que renunció en julio de 2015, la municipalidad solicitó fondos para instalar "una planta de transferencia, clasificación, compactación y acopio" de residuos, según consta en el informe de auditoría que obtuvo LA NACION a través de un pedido de acceso a la información pública. La resolución 198 de la Jefatura de Gabinete, del 30 de diciembre de 2013, "aprobó un desembolso de $ 25.176.903,60". El municipio hizo una primera rendición, pero después pidió más fondos y cambió el proyecto. En octubre de 2015, Jefatura de Gabinete "aprueba un segundo desembolso de $ 34.278.245,25".

La visita del equipo de auditores a la capital santacruceña dejó como resultado, tal como plantea el informe de auditoría al que accedió este diario, que "no se construyó la planta de transferencia proyectada", que "el proyecto original no resolvía problema alguno", que "se efectuó el segundo desembolso sin que se haya aprobado la rendición de la primera transferencia" y que "se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos".

En un último punto del informe se remarcó que "las nuevas autoridades del municipio consideran, tal cual está previsto, inviable el proyecto, por lo que el gasto improductivo aprobado por las autoridades municipales cuya gestión finalizó el 10 de diciembre pasado [de 2015] llegaría a superar los $ 88 millones y para el Tesoro Nacional, los $ 38 millones".

El 4 febrero del año pasado llegó la visita a Quilmes, distrito que por un expediente de 2012, cuando el intendente era Francisco "Barba" Gutiérrez, tenía proyectado instalar "una planta de separación y clasificación de [residuos] inorgánicos y la compra de cuatro camiones con caja volcadora". El proyecto insumía $ 10.588.780 del plan. El 27 de enero de 2015, la municipalidad pidió "una prórroga de seis meses para la ejecución y rendición del programa" e informó que "por circunstancias ajenas a la voluntad del municipio" el proyecto no había arrancado, por no disponer de un predio para la planta. La comuna aclaró que los más de 10 millones de pesos no se utilizaron.

La auditoría marcó que en Quilmes "el equipamiento y la obra civil para el emplazamiento de la planta de separación y reciclaje a la fecha de la visita no fueron realizados, y tampoco se compraron los cuatro camiones para recolección". Los enviados al distrito confirmaron que "la nueva gestión de la municipalidad [de Martiniano Molina]" afirmó que "desconocía la existencia del proyecto" y que no pueden confirmar "si esos fondos se encuentran aún disponibles".

Para la Justicia, según se desprende de la investigación que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, el destino de los fondos en la mayoría de los municipios no está claro. El expediente está encuadrado en el delito de malversación de caudales públicos.

Lo sucedido en Río Gallegos y Quilmes no es una excepción. La auditoría a la que accedió LA NACION resumió otras visitas a distritos bajo sospecha. En Florencio Varela no existían "el equipamiento y la obra civil para el emplazamiento de la planta de separación y reciclaje". En General Belgrano, provincia de Buenos Aires, "la planta de clasificación al momento de la auditoría se encontraba inactiva" y la disposición final de los residuos "se lleva a cabo en una cava sin las mínimas condiciones de higiene". Brandsen salió de esa tónica y los auditores remarcaron que cumplió con lo pautado.

En términos generales, la auditoría concluyó que el programa establecía "plazos extensos de ejecución y rendición [más de un año], tiempo en el que no se sabía el destino de los fondos" y puntualizó que "más de $ 246 millones están pendientes de rendición".

Además, ciertos expedientes figuraban "en el listado de expedientes abiertos en trámite sin transferencias y, a la vez, incorporados entre aquellos con transferencias". Entre ellos aparece, otra vez, Río Gallegos.