La vicepresidenta del Concejo Municipal de Rosario, edila Norma López participó de la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo y los diputados provinciales Mariana Robustelli, Oscar Urruty, Verónica Benas y Alicia Gutiérrez.
Fue para abordar la problemática de la interrupción legal embarazo establecido en el Art. 86 del Código Penal, ya que muchos efectores de salud no cumplen con los protocolos de actuación. Este encuentro fue promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En ese sentido, la concejala resaltó que “mujeres con discapacidad, violadas y con riesgo de vida, son desprotegidas en instituciones públicas tanto en la ciudad como en la provincia. El caso emblemático fue el de Ana María Acevedo quien en 2007 con 19 años, embarazada y madre de 3 hijos, le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula y los profesionales del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, se negaron a practicarle un aborto no punible (ANP), obligándola a una muerte cruel y también, a la muerte de su bebe que vivió apenas unas horas. Un caso encuadro en las leyes nacionales.
Asimismo, López resaltó que en la reunión “analizamos la situación de dos iniciativas, una de Robustelli, que prevé sancionar por ley, un protocolo de actuación para las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo y el otro de Alicia Gutiérrez, que establece legislar el mecanismo que deben cumplimentar las y los trabajadores de la salud para ejercer el derecho de objeción de conciencia a fin de garantizar el acceso a las prestaciones básicas de salud sexual y reproductiva de quienes las necesiten.
Las causas de aborto no punible que se contemplan en el artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal son: cuando exista riesgo para la vida de la mujer, cuando exista riesgo para la salud de la mujer, cuando el embarazo provenga de una violación y/o cuando el embarazo provenga del atentado al pudor de una mujer idiota o demente.
Dos semanas atrás, profesionales del Hospital Provincial de Rosario incumplieron con lo estipulado por el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. La rápida intervención de organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, hicieron posible el cuidado médico en una paciente.
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