A su vez se espera que el gobernador haga un análisis de la situación política nacional y exponga la visión provincial sobre el acuerdo con los fondos buitres, que impusieron un acuerdo que será difícil de cumplir.

Esta reunión no será la única que mantendrá el gobernador durante la semana. En tal sentido se espera que dialogue con los intendentes y posiblemente invite también a los legisladores de la oposición.

Defensor del Pueblo

De los temas que podrían formar parte de la agenda los legisladores necesitan con urgencia definiciones sobre el Defensor del Pueblo dado que el actual ombudsman, Gustavo Corregido, tiene mandato hasta los primeros días de abril. Y la fecha límite para elegir a un sucesor o ratificarlo en el cargo es el 30 de marzo, es decir la última sesión prevista para marzo. Pasada esa fecha deberían convocar a una sesión especial para definir el cargo. La falta de definición por parte del gobernador generó intriga y varios aprovecharon la ocasión para postularse.

También en la oposición surgieron varios nombres para el cargo de defensor adjunto. Incluso se llegó a especular con un cambio en la legislación con la finalidad de que uno de los candidatos pueda acceder al cargo.

Sin embargo, a la fecha ni los peronistas ni los opositores tienen definido a quién apoyarán para este cargo importante. Claro que una vez que el gobernador informe su posición el panorama será más claro en el oficialismo.

Autorización para deuda

El otro tema que interesa al gobernador es la necesidad de contar con un crédito que permita pagar los juicios que perdió la provincia por la resolución que tomó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en 1991.

Se sabe que la cifra que necesita el gobernador supera los 2.000 millones de pesos, pero de momento el radicalismo no quiere aprobar una autorización global sino que busca aprobar monto por monto o acreedor por acreedor.

Si bien esto podría complicar los planes del gobierno, Peppo confía en la aprobación del proyecto que es sumamente importante para su gestión, dado que el pago de estas deudas sin recursos extras le impediría avanzar con las obras planificadas.

A su vez los radicales son conscientes que tomar deuda es el mejor mecanismo para terminar con este pasivo, pero no quieren que esos fondos tengan un destino diferente: cubrir el gasto corriente. También pretenden que el gobernador informe sobre la situación financiera, es decir que detalle como recibió la provincia que fue gobernada durante 8 años por Jorge Capitanich.

Fiscal de Estado

El otro punto que tiene mucho mar de fondo en el peronismo es la supuesta renuncia que presentó el Fiscal de Estado, Jorge Alcántara, harto de que la Legislatura le venga denegando desde hace prácticamente un año- el acuerdo parlamentario correspondiente. En caso de que efectivamente su renuncia se concrete el gobernador debería enviar el pliego de otro Fiscal de Estado.