En la misma situación no solo se encontraría Monte Gallinero sino la gran mayoría de las construcciones realizadas por el IPV en décadas pasadas en toda la provincia.

La molestia de los vecinos que se reunieron al quedar varios sin gas es creciente y responsabilizan al IPV y pretenden que afronte rápidamente los gastos que demandan los arreglos. Desde el organismo informaron que es responsabilidad de los consorcios llevar a cabo el mantenimiento.

El costo de las refacciones ronda los 50 mil pesos por departamento y pretenden que el IPV afronte esos gastos. La situación promete agrandarse, ya que durante la tarde se fueron sumando vecinos, a medida que Camuzzi iba retirando medidores.

Vecinos contaron que cuando se realizó la entrega de los departamentos en principios de la década del 90, las habilitaciones de la por entonces Gas el Estado estuvieron mal entregadas. Las familias del barrio sostienen que las tuberías de ventilación de los artefactos a gas, particularmente los calefones, estuvieron mal hechas y Gas del Estado hizo caso omiso a esa situación.

El Vicepresidente del organismo IPV, Roberto Lorente, dijo además que “estas viviendas fueron entregadas a principios de la década del 90, y revisada la documentación de ese momento, se ha constatado que la misma cuenta con todas las intervenciones y aprobaciones por parte de la empresa Camuzzi”.

En tanto, explicó que “estos edificios, al tener ya constituidos los consorcios, deben realizar las tareas de mantenimiento necesarias a fin de cumplir con las reglamentaciones vigentes que piden los entes como Camuzzi, la DPE o la Cooperativa Eléctrica para que aprueben las instalaciones de las viviendas entregadas desde esta institución”.