La diplomacia verbal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se anotó ayer un tanto al aprobar una resolución de "solidaridad y apoyo" a Ecuador en su diferendo con Gran Bretaña por el asilo del ex hacker Julian Assange, refugiado en su embajada londinense para resistir una eventual extradición a Suecia por delitos sexuales.

El texto pide "diálogo" a ambas partes y rechaza "cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas".

"Podemos sentirnos muy felices. Hemos reafirmado nuestra capacidad de diálogo", sostuvo el peruano Rafael Roncagliolo, al cerrar la reunión urgente de cancilleres. Pese a que se trata de una de las máximas instancias de la OEA, sólo 12 de los 34 países estuvieron representados en ese nivel, entre ellos, la Argentina, con la presencia de Héctor Timerman.

Estados Unidos optó por un funcionario de tercer nivel en la línea diplomática, el subsecretario para América latina en funciones, John Feeley. "Ojalá que cuando se consideren cuestiones competentes a nuestra región, como la libertad de prensa, encontremos el mismo eco de hoy", dijo, tras negar que el asunto del día tuviera ese carácter.

El encuentro fue pedido por el gobierno de Rafael Correa, que buscaba así que la OEA repitiera el respaldo que ya obtuvo de otros bloques regionales, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ante lo que denunció como "amenazas" británicas de ingresar en su embajada para arrestar a Assange, a quien Quito concedió asilo diplomático.

Con los mismos argumentos que ya expresaron en esos foros, la mayoría de los países de la región estuvieron de acuerdo. El desafío era lograr consenso pese a las reticencias de Estados Unidos y de Canadá, algo que se alcanzó, pese a las objeciones de ambos países.

"Lo único que hay aquí es un planteo hipotético. No hubo violación alguna del derecho internacional y tenemos garantías de Gran Bretaña de que no hay amenaza alguna para nadie. El tema se resolverá con Quito sin importar lo que aquí digamos", dijo Feeley.

Como Estados "observadores", tanto Suecia como Gran Bretaña tuvieron ocasión de expresarse. A través de su observador, Philip Barton, Londres aseguró que nada de lo que se estaba debatiendo existía.

En síntesis, dijo que "en ningún momento" Gran Bretaña "amenazó" la embajada de Ecuador y que "no tiene fundamento" sostener que una extradición de Assange a Suecia "violaría sus derechos humanos".

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, respondió luego con un argumento curioso. "Si lo que decimos no fuera cierto, no estaríamos todos aquí sentados debatiendo", señaló.

Desde otro punto de vista, y en notoria soledad, Suecia defendió el derecho de sus ciudadanos a "recibir justicia" por los delitos sexuales que se le imputan a Assange en ese país y reiteró su posición de que Assange no puede ser extraditado a Estados Unidos porque su legislación le impide decidir ese paso hacia países "con pena de muerte". El ex hacker sostiene que su vida "corre peligro" si su derrotero judicial terminará en suelo norteamericano.

Timerman fue uno de los últimos cancilleres en hablar. Condenó la actitud de Londres e, implícitamente, llevó agua para la causa de Malvinas, al sostener que "las grandes potencias también" deben respetar el derecho internacional y las resoluciones de la ONU.