Por Luis María Ruiz.

El Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) multó con una suma superior a los $14 millones a Moviser SA, empresa contratista del ente encargado de la disposición final de la basura en el Gran San Miguel de Tucumán, como consecuencia de un paro de trabajadores que paralizó durante media jornada las plantas de San Felipe y de Overo Pozo.

La sanción fue dispuesta esta semana por la presidente del Consorcio, María Eugenia Andrade, a partir de la medida de fuerza dispuesta el 14 de abril pasado por empleados afiliados al gremio de Camioneros, según se consignó en el expediente administrativo al que accedió LA GACETA.

Producto del reclamo, que se extendió durante unas 12 horas, se “paralizó la transferencia de los residuos en planta San Felipe y el transporte de residuos al sitio de disposición final de Overo Pozo”, lo que complicó “de manera significativa la gestión de los residuos de todos los municipios del área metropolitana y de los demás usuarios de los servicios que presta el Consorcio”, se apuntó en este trámite. Andrade notificó a Moviser SA para que concretara el descargo por la falta de prestación de los servicios establecidos mediante el contrato de 2016.

La empresa, a través del socio gerente Máximo Ignacio Jiménez Montilla, respondió que se había concretado una paralización “por parte de los trabajadores, en virtud de un reclamo sobre un acuerdo salarial que, si bien estaba firmado, no se encontraba homologado” a la fecha del reclamo, señala el expediente. La firma adujo además haber sido víctima “de coerción por parte del gremio de Camioneros”, dado que se exigía “el pago de un acuerdo salarial que no se encontraba homologado”. En ese sentido, se aludió en el descargo a una presentación formulada ante el Consorcio para gestionar el reconocimiento de esa “erogación extraordinaria”.

Moviser recalcó que los empleados de la firma, bajo el amparo del gremio, decidieron “paralizar las actividades”, a pesar de “encontrarse con los sueldos abonados y conforme a la escala salarial vigente a ese momento”. Tras argumentar que la situación excedía a la empresa, se requirió que “se dejen sin efecto las actuaciones”.

La Asesoría Letrada del Consorcio emitió un dictamen en que señaló la “coincidencia y aceptación por parte de la empresa” respecto a la “situación de paralización de los servicios contratados”. Sobre la base de este informe, la titular del Consorcio dictó una sanción de $6,9 millones a Moviser SA por la falta de servicios en la planta de transferencia de residuos de San Felipe; y de $7,4 millones por idéntica situación constatada en la disposición final hasta la planta de Overo Pozo. En ambos casos, se resolvió descontar los montos de la factura correspondiente a abril, se indicó en la resolución.

Ahora resta ver si la empresa recurre por alguna vía la penalización dispuesta por este proceso administrativo, que según fuentes del Consorcio Metropolitano no registra antecedentes recientes.