La situación del predio de disposición final de residuos, que actualmente está operado en una situación de emergencia por tres empresas contratadas por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), está a la espera de un fallo clave de la Cámara Contencioso Administrativa. 

El tribunal de alzada debe resolver las apelaciones presentadas sobre el fallo que se conoció el 12 de diciembre pasado del juez en lo Contencioso Administrativo, Marcelo Fernández, que hizo lugar de manera parcial a una cautelar presentada por la empresa Estrans SA, contra el pliego de licitación que elaboró el Ejecutivo municipal y aprobó el Concejo Deliberante. 

La firma, que trabajó en el manejo de los residuos durante los últimos años (Ceamse la contrató para trabajar en el manejo de la basura en la ciudad), planteó fuertes críticas contra el pliego. El argumento del juez para frenar el proceso fue considerar que el requisito de experiencia en el manejo integral de residuos no debía ser considerado. “Lo único que logra esto es achicar la cantidad de empresas que pueden competir en la licitación”, sostienen desde el gobierno local. 

La experiencia técnica solicitada en el pliego a quienes quisieran ser oferentes no se limitó sólo a antecedentes en manejo de predios de disposición final sino que se incluyó a empresas que tuvieran práctica en el manejo integral de residuos urbanos en localidades de la magnitud de Mar del Plata, ante la necesidad de ampliar los posibles oferentes para la prestación del servicio y, así, lograr que por medio de la competencia se adecúen los valores en juego.

El gobierno de Guillermo Montenegro, en tanto, apeló la decisión de Fernández y ahora espera que la Cámara Contencioso Administrativa valide el pliego original y permita realizar el llamado a licitación que quedó suspendido por el fallo de primera instancia. 

La apelación de la comuna contra el fallo de Fernández incluye, entre muchos argumentos, el reproche al juez por no haber solicitado informes a las áreas municipales competentes en el tema.

El juez Fernández tiene antecedentes ruidosos, con cautelares contra medidas oficiales. Durante la gestión de Carlos Arroyo suspendió un aumento de boleto, mientras que más acá en el tiempo paralizó la licitación del servicio de limpieza del municipio, una medida que luego fue revertida por la Cámara. 

“El resultado es incierto. Si bien desde lo jurídico es inatacable, juegan otros intereses. Uno de los abogados de Estrans es, a su vez, patrocinante de uno de los camaristas en un juicio contra el Poder Judicial y hasta ahora el camarista no se excusó en ningún proceso en el que actúa el profesional. Es algo que raya la falta de ética”, comentó una fuente consultada por este medio.