"Los tratamientos preferibles para los residuos peligrosos son el reciclado y la valorización energética. La eliminación solo debería utilizarse como último recurso. Sin embargo, más del 50 % de los residuos peligrosos se sigue eliminando sin más", declaró en un comunicado la auditora del tribunal Eva Lindström.

Ese órgano de control comunitario publicó un análisis referido a residuos como sustancias explosivas, irritantes o tóxicas de sectores como la minería, la industria y la construcción, pero también desechos domésticos, medicamentos, pilas usadas, productos de limpieza o aparatos electrónicos.

Estos pueden dañar la salud humana y el medioambiente y deben procesarse "en instalaciones de tratamiento especializadas respetando normas y requisitos de seguridad estrictos".

"La carga administrativa resultante y los mayores costes para los operadores económicos crean el riesgo de tráfico de residuos peligrosos, por el cual los operadores no declaran los residuos generados como peligrosos y, en su lugar, los vierten ilegalmente o los trasladan ilegalmente a otro lugar", constata el Tribunal de Cuentas.

Una mejor clasificación de esos desechos y un rastreo adecuado ayudaría a mejorar su tratamiento, pero "estos residuos se clasifican de manera diferente en los distintos Estados miembros", añade el tribunal, que recomienda a la Comisión Europea "intensificar los esfuerzos para armonizar la legislación".

Solo hay seguimiento del 79 % de esos residuos en la UE, dejando una brecha del 21 % sin atender, precisa.

El destino ideal de esos residuos al final de su vida útil sería la reutilización o el reciclaje, pero únicamente el 34 % de esos desechos se trata de esa manera porque muchos resultan "no aptos" para otorgarles un segundo uso, y su reciclaje queda "limitado por dificultades técnicas y falta de oportunidades comerciales para los productos del reciclado".

No obstante, señalan los auditores de la UE, la mejora de las tecnologías y de la capacidad de reciclado ofrecería "oportunidades" como la recuperación de materias primas fundamentales para aparatos electrónicos, lo que a su vez aportaría un plus de autonomía al bloque comunitario, que importa gran parte de esas materias primas.

Tráfico ilegal

"El tráfico y vertido ilegal de residuos peligrosos sigue siendo un negocio lucrativo: se estima que solo el tráfico genera ingresos de entre 1.500 millones y 1.800 millones de euros. La detección, las investigaciones y los enjuiciamientos son muy infrecuentes, y las sanciones, leves", indica el Tribunal de Cuentas.

La digitalización se perfila como una herramienta clave para rastrear mejor esos residuos y atajar ese problema, combinado con una activa lucha contra fraudes y un "mecanismo de sanciones disuasorio".

Su efecto sería aún mayor si se prohíbe el traslado de todos los residuos destinados a la eliminación, como propuso la Comisión Europea en 2021.

El Ejecutivo comunitario ha ido legislando de forma que si bien los Estados miembros son responsables de que se cumplan las exigencias legales, Bruselas puede sancionar a los países que no cumplan.

La Comisión dispuso además de una partida presupuestaria de 4.300 millones de euros de financiación comunitaria entre 2014 y 2020 para la gestión de residuos, que se asignaron principalmente a investigación y desarrollo pero que no cubre específicamente los residuos peligrosos.

Otras instituciones comunitarias como el Banco Europeo de Inversiones también ofrecen financiación para ese área, recordó el Tribunal de Cuentas. EFEverde