Fue levantado en 2009, en un lugar estratégico, pero la provincia no se hizo cargo a raíz del escándalo que protagonizó Schocklender.
La Cámara de Diputados aprobó anoche y remitió al Senado un proyecto de ley para la expropiación del predio en el que se encuentra emplazado el pequeño hospital de atención primaria, en Lapacho II, en las afueras de Tartagal. Se trata de un centro de salud construido por la Fundación Madres Plaza de Mayo, en una operación dirigida por el controvertido Sergio Schocklender. Estaba equipado con instrumental de excelencia y destinado a las comunidades wichi, toba y chorote que habitan en las inmediaciones. El establecimiento, un verdadero centro de salud de avanzada que respondía a necesidades perentorias de la localidad, quedó abandonado cuando se produjo el sonado escándalo de Sueños Compartidos.Tardíamente, la Provincia tomó cartas en al asunto, aunque del equipamiento del hospitalito queda poco o nada, entre otras cosas, debido a los embargos interpuestos por acreedores que dejó la Fundación. El proyecto tratado ayer lleva la firma de Eduardo Leavy y el dictamen, las de Guillermo Martinelli, Mario Ángel, Claudio del Pla, Raúl Medina, entre otros legisladores.Quien se opuso a la expropiación fue el tartagalense Lucas Cisneros, al señalar que el terreno, ubicado en finca Ñancawasu, no está a nombre de la Fundación sino de los antiguos propietarios. Schocklender solo había pagado una parte del precio y por eso nunca se procedió a la escrituración.El centro sanitario se terminó de construir el 26 de noviembre de 2009, pero el Ministerio de SALUD de la Provincia se negó a recibirlo. Su ejecución y equipamiento llevó menos de un año, por lo que a fines de 2010 estaba en perfectas condiciones de comenzar a brindar el servicios. Era la primera obra de lo que debía ser un complejo urbanizador integral, con 300 viviendas de rápida ejecución. Según se informó, como la fundación no pagó el saldo adeudado, negoció con la vendedora, que recuperó la mitad del predio, por lo que quedaron para el hospital cinco hectáreas de campo. Tal operación figura en el boleto de compraventa y, opinaron los legisladores, no hay objeciones para proceder a la expropiación.
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